El ridículo de Torró

Al líder del PP de Gandia la jugada le ha salido fatal. Tanto como aquel invento de la campaña electoral en que pretendió hacer creer a toda la ciudad que su playa se llenaría de chapapote proveniente de unas plataformas petrolíferas que él, poco menos, ya había visto funcionando y expeliendo sucio petróleo hacia la franja de arena de la Safor.
Y es que, a estar por lo que publicaban ayer mismo algunos medios en Valencia, Torró con sus denuncias falsas, ha logrado un difícil objetivo: indignar no sólo a sus adversarios, sino a los propios dirigentes del PP que, como el flamante Secretario General Antonio Clemente, cayeron en la tentación de iniciar su contraofensiva a los socialistas, echando mano de la supuesta información explosiva que Torró decía tener en su poder.

Tanto es así, que algunos diputados autonómicos del PP se acercaron a Ignasi Pla, ex secretario general del PSPV, para pedirle disculpas por las palabras del portavoz popular de Gandia que le incriminaba en la “supuesta corrupción” generada en la contratación de dos empresas por el Ayuntamiento de Gandia. Es más, en su edición de este jueves, el diario “Levante-EMV”, señalaba que el “entorno del propio Presidente Camps manifestaba en privado su disgusto” por lo dicho por Torró del que aseguraban desconocer lo que iba a decir en la famosa rueda de prensa junto a altos cargos del PPCV. “Ha sido una acusación muy ligera”.

La noche del miércoles circulaban ya rumores de que en la sede el PP valenciano estaban más que preocupados por el resultado de la Comisión de Portavoces del Ayuntamiento de Gandia, donde hasta el portavoz del otro partido en la oposición, el Bloc, había desmentido a Torró en sus afirmaciones sobre la fecha del cobro de un contrato entre dos empresas vinculadas a una de las obras cuestionadas.

Y es que aún así, Torró continuó insistiendo en que sus datos los había obtenido de “una página web de un grupo de personas que denunciaban la corrupción en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet”, dando por buenas las afirmaciones allí contenidas. Esas eran todas sus “pruebas”, en realidad un refrito de un reportaje publicado hace dos años por la revista “Interviú” y luego amplificado por él mismo en distintos medios de comunicación.

Sólo hay una cosa cierta en toda la construcción argumental de Torró: que había pedido por escrito información sobre los contratos con esas empresas al Gobierno de Gandia y que éste nunca se la proporcionó de modo que dio lugar a la sospecha.
Pero una cosa es eso, y otra muy distinta hablar de corrupción implicando a empresarios locales -como ha hecho- conforme a su particular estilo de hacer política: todo vale. Sólo que ahora no sólo ha tenido que reconocer que las contrataciones han sido limpias y legales, sino que tendrá que explicar a sus propios jefes por qué les ha hecho hacer semejante ridículo.

Va de planes

El Gobierno de España acaba de hacer público el nuevo plan de inversiones destinadas a los ayuntamientos, el Plan E 2 o en su versión más coloquial la segunda etapa del “Plan Zapatero” que introduce respecto al primero, ya en plena ejecución y a punto de finalizar, algunas variantes.
Para empezar, menos dotación económica que en su primera versión, la posibilidad de destinar un 20% de los fondos a gastos sociales, y mayor énfasis en los proyectos destinados a nuevas tecnología, innovación económica y medio ambiente.
Sea como fuere, la inyección a los municipios de la comarca de la Safor es sustanciosa, ya que serán casi 20 millones de euros los destinados a los municipios y que tendrán que estar mayoritariamente destinados a parados de larga duración.
El plan prevé inclusive que los anticipos a los municipios para la ejecución de los proyectos sean de hasta un 85% del total a diferencia del primer Plan E en cuyo caso el monto era de hasta el 70%, facilitando de este modo el desarrollo de los emprendimientos, que deberán estar concluidos en un año.
Dicho esto, se abre una nueva ventana para los ayuntamientos que, como en el caso de nuestra comarca, han generado una cifra cercana a los 1.300 empleos, con un problema añadido: acabadas las obras, el paro volverá a crecer.
Por esa razón el nuevo plan pretende que una buena parte del mismo esté dedicado a proyectos que puedan generar empleos una vez puestos en marcha, asegurando así una cierta continuidad en la ocupación.
Con este nuevo plan es de presumir que continuará la mejora de pueblos y ciudades con fondos estatales a la vez que se ayuda a empresas y trabajadores a superar, aunque sea en una mínima parte, la gestión de la crisis económica que nos sacude.
Mientras tanto, el contraste con el anunciado “Plan Confianza” de la Generalitat Valenciana, más conocido como “Plan Camps”, sigue donde estaba hace casi un año, es decir en la nada, porque a día de hoy apenas si se conoce que se hayan resuelto algunas inversiones en los municipios y, que se sepa, en la comarca aún no se ha iniciado ninguna de las obras prometidas.
Al respecto, una vez más, habrá que decir que existe todo el derecho a pensar que se trata de otro “bluff” propagandístico. A juzgar por lo que se sabe, sólo existen fondos para algunas obras menores en ayuntamientos pequeños que se podrán realizar... a lo largo de tres años.
Ojalá el propio Presidente Camps cambie de idea y ahora impulse decididamente lo que prometió en su día. Ojalá seamos unos agoreros y estemos equivocados. Ojalá...

Defensa de la política

Las noticias vinculadas a presuntos casos de corrupción en el ámbito de la política estatal, autonómica y municipal, que van sucediéndose como un goteo casi diario en el escenario español, suponen el grave riesgo de la “igualdad” de todos quienes se dedican a esta noble empresa para el común de los ciudadanos.
Una cosa es cierta, pese a todo lo visto estos días: la justicia funciona, y lo hace dentro de los tiempos y las limitaciones que le impone la propia ley en cuanto a tiempos y garantías.
Por lo tanto, lo primero a deducir de lo que se conoce es que el sistema no falla y que será la propia justicia la que dirá su última palabra llegado el momento.
Pero el tema de fondo no es otro que algunas conductas personales de quienes ocupan cargos políticos en partidos e instituciones tengan una apariencia deshonesta y cuando menos, filo delictiva.
Frente a esta situación, que últimamente desborda la información de los medios de todo el país, habrá que decir con claridad aquello de “quien la hace, la paga”, y que en todo caso vale la pena romper una lanza en favor de la política y de los políticos. Porque sin duda, son más, una inmensa mayoría de personas dedicadas al servicio público, las que día a día inician, desde los ayuntamientos hasta el gobierno central, una tarea muchas veces más ingrata, limpia y dificultosa que lo que cierta propaganda antidemocrática pretende hacer creer.
En política se está por decisión propia, es verdad que a nadie obligan a representar a sus ciudadanos, pero esta misma conducta hace mucho más valorable el ejercicio de esa representación, más allá de aciertos y errores, tanto en los gobiernos como en la oposición a los mismos, por lo que supone de vocación por cambiar las cosas.
Pero, aún así, el peor error en que pueden caer los partidos, como se está viendo en algún caso concreto, es negar la mayor, el lamentable “cierre de filas” ante las evidencias de las actuaciones judiciales por más que en la mayoría de los casos no hayan finalizado las actuaciones, pero de las que se desprenden suficientes argumentos como para actuar de manera radical contra quienes aparecen en los sumarios.
Es verdad que no todos están reaccionando del mismo modo, ni argumentando mayores falsedades que las ya conocidas, pero aún así el flaco favor que se le hace a la democracia y a la política en sí entraña el mayor de los riesgos: una mayor desafección de los ciudadanos por sus dirigentes o, peor aún, la irrupción de algún iluminado con “soluciones milagrosas” más propias del fascismo.
Defender la política, de eso se trata, y de que los políticos actúen en consecuencia.

El Rey y la Generalitat

La Casa Real ha comunicado oficialmente que el Rey Juan Carlos ha aceptado la Presidencia de Honor del 5º Centenario del nacimiento de San Francisco de Borja, con lo que agrega a la celebración una innegable distinción al programa. Todo esto más allá de que finalmente, el monarca o cualquier otro miembro de la familia real esté presente en alguno de los actos programados para el próximo año.
Así las cosas la aceptación del ofrecimiento formulado por el Ayuntamiento de Gandia, tras largas gestiones desarrolladas en los últimos meses, supone un indudable motivo para redoblar más aún los esfuerzos por lograr que, finalmente, todas las administraciones se impliquen en una programación que pretende hacer de Gandia un punto de mira nacional e internacional: ya se ha comprometido también la participación de la Compañía de Jesús en Italia, además del compromiso de la Embajada de España ante la Santa Sede de dedicar el día de España (12 de octubre) a la efemérides borgiana.
En cuanto al papel del Gobierno Central, en la actualidad se está procediendo a la recuperación de la Galería Dorada del Palau, con fondos del Estado, mientras otras actividades (como las internacionales) serán financiadas por la empresa estatal de promoción exterior, como con algunas de las actividades artísticas previstas en el programa.
Hasta la Generalitat de Cataluña ya ha demostrado su apoyo a los actos mediante una subvención para atender los gastos que se originen en Barcelona en la previsión del programa.
A esto se agregan diversas entidades públicas que ya han anunciado su intención y en algún caso ya han hecho efectiva, su decisión de estar presentes en la celebración.
Un abanico que, como se ve, ya es lo suficientemente amplio como para suponer que el compromiso es firme en todos los casos, de lo que dependerá sin duda el mejor desarrollo del programa.
Otra cosa es lo que, a día de hoy, nadie sabe de lo que será la participación efectiva de la Generalitat Valenciana, no porque algunos consellers y hasta el propio Presidente Camps no hayan dicho que se apoyará la celebración, sino porque apenas a una semana de la presentación oficial del programa del quinto centenario, no se conoce ni una sola iniciativa suya al respecto.
Podrían suponerse varias razones para esta actitud del “gobierno de todos los valencianos”, como acostumbra a llamarse el propio Camps, pero entre ellas no es la menor que aquella que sostiene que “no hay un duro” en las cuentas de la Generalitat o, tal vez, que se trate de simple dejadez o, aún peor, que constituya la muestra del “ninguneo” a Gandia simplemente por estar gobernada por el adversario político. Ojalá nos equivoquemos.

Encuesta

A juzgar por los datos de la encuesta realizada por la empresa gandiense ODEC para este semanario, que hoy empezamos a publicar, los encuestados -representativos de la población residente en la ciudad con derecho a voto- distinguen muy bien entre los proyectos públicos, de distintas administraciones, y los “problemas” de la ciudad.
En esta primera entrega, se analizan los resultados del excelente estudio realizado por esta empresa local , líder en España en tratamiento de datos de este tipo, en cuanto se refieren a algunos de los principales proyectos que están en marcha en la ciudad, así como los relativos a la valoración general del Ayuntamiento y, para ir abriendo boca en cuanto a pronóstico político, una valoración de los principales líderes políticos de la ciudad.
En las próximas semanas, se publicarán los datos relativos a los principales problemas de la capital de la Safor, la “situación ambiental” de Gandia, partiendo de las propias expectativas personales de los 401 entrevistados y , por supuesto, intención de voto de la ciudadanía a menos de dos años de las próximas elecciones municipales.
De este modo, “Gente de la Safor” retoma la publicación periódica de este tipo de estudios como una contribución más a los elementos de análisis que pueden aportarse desde un medio de comunicación local, conforme lo ha hecho a lo largo de estos últimos 24 años, y nuestro propósito es lograr que se traduzca en una serie de estudios, por lo menos tres al año, que finalmente, por adición, muestren un panorama lo más próximo posible a la realidad.
Se trata de un trabajo científico, que cumple con toda la normativa fijada por AEDEMO (Asociación Española de Estudios de Mercado y Opinión) de la que ODEC forma parte activa.
Pero, volviendo a lo que nos ocupa, de la lectura de esta primera entrega, nuestros lectores podrán deducir qué proyectos de ciudad son los más necesarios según la percepción pública o cuáles los que menos interés poseen o menos se entienden.
A la vez, la valoración de líderes constituye una buena base de partida para saber cómo ven los ciudadanos a Orengo, Torró, Mut, y Moya, un ejercicio saludable en tanto y en cuanto permite ir apreciando una “calificación” global de la tarea de cada uno.
Una cosa es cierta: falta aún mucho tiempo para las próximas elecciones y por lo tanto, no existe entre la población encuestada ninguna “tensión” electoral, lo cual puede suponer un problema porque difícilmente nadie esté pensando en elecciones, pero a la vez es una ventaja: lejos de la presión de precampaña electoral, se reflexiona mejor sobre las cosas.
Pasen y vean.

Y ahora a por el 2010

Mayor calidad y menos cantidad, hubo suerte con el tiempo y la participación fue de las más altas registradas en los últimos años.
Tal vez éste sería el apretado resumen de una fiesta que ha convocado a miles de personas en las calles de la capital de la Safor. Ha sido un ejercicio de malabares para la organización municipal responsable: ajustar unos presupuestos reducidos respecto a lo habitual y, a la vez, procurar que el programa no se resintiera.
Así ha sido finalmente si se miran los números de asistencia calculados en un primer momento, con especial énfasis en los espectáculos de calle, una verdadera muestra de calidad tal vez equiparable a unos festivales de alto nivel. Quien haya paseado estos días, a casi todas las horas, por el ámbito de la ciudad que recogía la fiesta, seguramente encontraría más de una sorpresa agradable con las acciones ambulantes, algunas de ellas ciertamente sorprendentes.
Ha habido menos teatro en el Serrano, y menos conciertos para jóvenes, pero aún así habrá que decir que, ciertamente, la falta apenas si se hizo notar, compensada con creces por los juegos para niños y el teatro en la calle. Eso sí, sin el abigarramiento de oferta de las primeras ediciones del nuevo modelo.
Una vez más, el Prado fue la “Plaça del mosset”, el Raval se convirtió en un mercado medieval, la Casa de la Marquesa en un escenario de los clones de grandes artistas (un general un acierto), la plaza del Ayuntamiento un “revival” de otras épocas y la Plaça Escoles Pies, foro de diferentes culturas, entre otras muestras de continuidad de la oferta de Feria.
No hubo que reseñar incidentes de importancia, y el respeto por el mobiliario urbano y zonas verdes este año ha sido superior al de otras ediciones.
En la contracara, la descoordinación del final de la procesión de Sant Francesc con la actuación de “los Diablos”, provocó la superposición de dos manifestaciones de contenidos muy diferentes.
Sea como fuere, lo bien cierto es que la Feria y Fiestas de Gandia ha conseguido desde la implantación del nuevo modelo, con Marcelí Giner como concejal de fiestas durante el gobierno PSOE- Bloc, darle un giro importante al sentido de la celebración que poco a poco ha ido puliendo detalles y afianzando un esquema que se ha mostrado más que válido toda vez que se aprecie la respuesta popular obtenida.
Así las cosas, 2010, será seguramente un punto de referencia, porque después de todo, lo que se celebrará será el 500º Aniversario del nacimiento de Francesc de Borja. Nada más y nada menos. El camino está claro y la mejor demostración ha sido la fiesta que acabó el pasado domingo.

Ya falta menos

A diecinueve meses de las próximas elecciones municipales, es obvio que los tiempos políticos empiezan a acelerarse de manera cada vez más clara.
Y, como no puede ser de otra manera, no todo, al menos a nivel local, gira en torno a los dos grandes temas de política nacional: la crisis económica y la trama “Gürtel”, cuya influencia en la creación de un estado de opinión puede ser discutible, pero no innegable.
En medio de este tráfago informativo, que como en la publicidad de la ONCE, cada día nos brinda un numerito, habrá que hacer lugar también a otras cuestiones cuya influencia en la opinión pública local parece subsumida por los grandes titulares informativos nacionales.
No es un tema menor, por ejemplo, que el gobierno municipal de Gandia haya anticipado ya las líneas maestras de los presupuestos para el año próximo, donde se habla de contener el gasto corriente a la vez que se apuesta por continuar -con la modestia que le es propia a una administración local- de apostar por las inversiones y aumentar el gasto social.
En esa línea, la del combate contra la crisis, por ejemplo, no representa una buena noticia que la empresa Coprusa haya decidido retirar su oferta de convertir en VPO, gracias a un plan municipal, dos bloques de viviendas de su complejo Athenea.
Las razones exhibidas no son otras que una cierta recuperación del mercado de la vivienda libre, muy leve por cierto, pero que mejora sustancialmente los precios que en un principio se pagarían por viviendasd de protección oficial siempre y cuando la Generalitat Valenciana lo autorizara.
En la decisión empresarial parece haber pesado también el ambiente político creado en torno a la iniciativa municipal dejando caer inclusive todo tipo de maledicencias sobre esa oferta.
Pues bien, el tema llega precisamente en el momento en que la Generalitat Valenciana se apresta a imitar la iniciativa de Gandia en todo el territorio de la comunidad, lo que al final es casi seguro se convierta en una oportunidad perdida para la capital de la Safor, y sobre la que seguramente el PP de Gandia no hará otra cosa que aplaudirla, cuando ha denostado hasta el hartazgo la iniciativa de José Manuel Orengo.

Y es que el gobierno municipal, tan ocupado en los dos años largos transcurridos desde el inicio de la legislatura, en promover inicitivas, inversiones y obras ha descuidado de manera inconcebible las herramientas estratégicas, políticas y de comunicación a los que está obligado a acudir para explicaro, mejor aún, pactar previamente con los ciudadanos y sectores interesados.
Y si es por batallas perdidas, al menos en la calle, entre los sectores interesados por la vida de la ciudad podrían aquí apuntarse varias: desde el célebre cánon del agua potable, pasando por los asesores hasta el tranvía o el programa “stock vivienda” todas ellas marcadas por una característica común que es partir de enunciados más o menos brillantes, para verse inmerso en una batalla dialéctica cada día con la oposición, frente a la cual da la sensación de improvisar un discurso distinto según sea el argumento utilizado por el PP o el Bloc.
Por esto, los presupuestos municipales de 2010 exigen una cierta coherencia con el enunciado, y una discusión en profundidad con los actores sociales que hagan posible su aceptación.
Otra cosa será perder el tiempo .

Y en cuanto a la trama “Gürtel”, es obvio que a algunos les ha molestado sobre manera la información publicada por este semanario en el número pasado. Incapaces de dar respuesta a cada una de las cuestiones planteadas, Torró y algunos de los suyos se han limitado a insultar y descalificar, eso sí desde el cobarde amparo del anónimo en algún caso.
Queda mucha agua por pasar bajo los puentes, y alguien -que no es quien esto escribe- deberá dar explicaciones, lo más probable, ante un juez de porqué se han pagado facturas a la trama corrupta enquistada en el PP, que luego aparecen en la contabilidad “B” del tristemente famoso “Bigotes”.
Hasta la próxima.

La trama y Torró

Ahora resulta que, según el informe policial de la Unidad de Blanqueo de Capitales, la trama mafiosa de Correa, Pérez y compañía, financió ilegalmente al PP de la Comunidad Valenciana y que el monto detectado de ese dinero malhabido superaría la friolera de 6 millones de euros.
Frente a esto, el Secretario General de ese partido, Ricardo Costa, se apresuró a presentar una demanda judicial contra los policías firmantes del informe, que este mismo miércoles ha desestimado la justicia, lo que supone un grave descalabro para la estrategia de un PP que pretende hacer creer que todo forma parte de una gigantesca operación contra el Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.
En medio de todo esto, el debate de Política General de la Comunidad Valenciana, en el que el gobierno autónomo se limitó a describir un paisaje paradisíaco de sí mismo autoerigiéndose en una especie de Rey Sol, pobre víctima de la conspiración mayor jamás habida en estas tierras. Eso sí, el Presidente de todos los valencianos no tuvo a bien asistir a la segunda jornada del debate, porque tenía otras cosas que hacer: reunirse durante cinco horas con Mariano Rajoy en el Parador de Alarcón a mitad de camino con Madrid, para tratar de taponar la hemorragia que consume al partido. Un desprecio en toda regla a las más elementales normas de los usos democráticos.
Y, siempre según el mismo informe publicado en distintos medios, con un goteo permanente de nuevos escándalos, la trama Gürtel no sólo actuaba en función de grandes eventos como la Fórmula 1 o hasta la visita del Papa, tantas veces negado por Camps, hasta ahora que empiezan a aparecer pruebas en contrario, sino que se demuestra finalmente que las operaciones irregulares se repitieron en casi 30 ciudades de la Comunidad con motivo de campañas electorales en 2007.
Hasta en Gandia, donde la sospecha de la actuación de Orange Market en estos asutos ya corrió hace meses, se comprueba ahora la relación de la red corrupta con el sorpresivo añadido de que al parecer las facturas de esos actos, contabilizadas en B por la trama, fueron abonadas, a su nombre, por Arturo Torró, según él mismo ha admitido inclusive por importes muy superiores a los reflejados en la contabilidad opaca de la empresa del “Bigotes”.
Al respecto, habrá que preguntarse varias cosas y no es la menor pensar que si esto es así, se habría cometido un delito electoral de magnitud, puesto que nadie puede financiar ni personalmente ni a través de empresas interpuestas, las actividades de un partido a menos que tales ingresos sean declarados ante el Tribunal de Cuentas y figurar convenientemente apuntadas esas operaciones en la contabilidad del propio partido. Nada de esto ha ocurrido, que se sepa, por lo que Torró debería explicar a la opinión pública qué ha hecho. O tal vez deba hacerlo ante un juez.

El "ejemplo" Benidorm

Pese al cinismo del que hace gala el PP con la moción de censura en marcha en Benidorm gracias al concurso de un tránsfuga, al PSPV-PSOE hay que exigirle ya mismo una resolución clara destinada a que ninguno de los 12 ex concejales de ese partido puedan repetir en las listas socialistas dentro de dos años.
Y es que el “caso Benidorm” , se ha transformado en un verdadero catálogo de la impudicia política en este país y, dada su trascendencia en el nivel municipal, donde los estropicios de este tipo se producen con demasiada frecuencia, no es cuestión de permanecer al margen de la opinión ciudadana.
Por un lado, doce concejales del PSPV-PSOE, contra la opinión de su propio partido, se alían con un tránsfuga del PP para quitarle el gobierno de la ciudad a los populares que habían ganado por mayoría absoluta las últimas elecciones. Eso sí, antes abandonan su partido para evitar ser expulsados y de paso, exceptuar de tener que dar demasiadas explicaciones a la cúpula socialista.
Por el otro, el PP, que accedió al poder precisamente en Benidorm gracias a una tránsfuga socialista, la tal Maruja Sánchez, bien pagada desde entonces, tanto ella como su marido, en puestos varios de la administración popular, ahora no sólo se rasga las vestiduras, sino que además, miente escandalosamente para atacar a su oponente.
Desde el propio Mariano Rajoy que se atreve a decir que en Denia (donde los populares, hace apenas un año accedieron al gobierno de igual manera, gracias a un tránsfuga del PSOE,) su partido pactó con “concejales independientes”, hasta Francisco Camps (otro pobre mentiroso a la vista de lo declarado en el caso Gúrtel y probado por el juez) que se permite decir que “cuando la moción de censura del PP al PSOE en Benidorm, no había pacto antitransfuguismo” aunque bien se guardó como Presidente del PP de la Comunidad Valenciana de explicar lo ocurrido en Denia, Villajoyosa, Vall de Laguart, El Puig y algo más.
Y es que estamos frente al encanallamiento de la política y la devaluación de la democracia, contra lo que según parece, es difícil, si no imposible, batallar toda vez que sus principales guardianes son los primeros en buscarle explicaciones que se alejan no ya del sentido común, sino de la simple verdad: que se está violentando la voluntad popular de manera aviesa y haciendo de la política un ejercicio de piratería sin más.
A unos y a otros, al PSOE por ser incapaz de hacerse respetar entre los suyos y al PP por utilizar una doble vara moral, les sería de aplicación un castigo ejemplar: que los ciudadanos tengan muy en cuenta estos hechos para cuando llegue el momento clave, las elecciones.

Stock vivienda

La respuesta de la Asociación de Promotores y Constructores de la Safor, que reune a la gran mayoría de las empresas del sector, a las críticas esgrimidas por la oposición municipal en torno al programa de compra de viviendas de renta libre por parte del Ayuntamiento de Gandia para alquilarlas, tras su conversión en VPO es muy oportuna.
Frente a la situación creada, que en momentos llegó a poner en duda, mediante el subterfugio de “sugerir” cuando menos extrañas y supuestas conexiones con determinados intereses empresariales, se hacía patente la necesidad de que el propio sector diera su opinión.
Y lo ha hecho con elegancia, pasando sobre la política barriobajera que algún portavoz está queriendo introducir en la ciudad al precio que sea. Y es que para los promotores y constructores, además de una buena idea, del programa stock vivienda destacan “la transparencia con que se ha llevado todo el proceso”, además que se han aceptado 19 ofertas de otras tantas empresas, de las cuales el 80% está presente en la asociación, y que las que no se han aprobado lo han sido porque “no se ajustaban a la normativa”.
Dicho de otro modo: se han aprobado 327 viviendas porque esas son las que se han presentado a la oferta correctamente. Esto supone que de 27 promociones presentadas se han aceptado 21, y será ahora la Consellería quien tenga que decidir sobre la adaptación de esas viviendas, construidas por el régimen de renta libre, al régimen de promoción oficicial, VPO, para lo cual necesitarán, además de ajustar el precio de las viviendas al régimen subvencionado, hacer algunas reformas concretas en los edificios para adecuarlas a la normativa.
La definición del Gerente de APC Safor, Antoni Puig, es más que acertada al caracterizar el problema: “actualmente existe un stock de vivienda libre de difícil venta por la situación de crisis, disminución de la demanda y dificultad en el acceso al crédito. Asimismo, existe una necesidad latente de vivienda para colectivos con dificultad para acceder a una vivienda en propiedad y con una cultura poco extendida que conviene estimular”.
Y es que de eso se trata, más allá de que las explicaciones dadas por el gobierno municipal hayan sido poco ajustadas a una mayor y mejor información al respecto, de actuar en dos frentes muy concretos: aliviando la pesada carga del sector de la construcción, generador del 20% del paro en la comarca, y a la vez, hacer realidad, aunque sea en una mínima parte, el derecho constitucional que asiste a todos los ciudadanos de acceder a una vivienda.

El “tramsafor”

El anuncio por parte de un grupo de alcaldes de la comarca, de iniciar las gestiones para construir y explotar un servicio de tranvía entre Gandia y Oliva supone, más allá del sorpresivo anuncio, un verdadero órdago a la grande frente a la situación del malhadado proyecto del tren Gandia-Dénia que se arrastra en un erial de promesas incumplidas desde hace 15 años.
Por los detalles que se conocen oficialmente, el proyecto del tranvía, impulsado por los ayuntamientos y la Mancomunitat, podría “ver la luz” en 24 meses, lo que en román paladino significa que en unos 6 meses se estaría en condiciones de “dar inicio a las obras”. Para ello, obviamente, habría que superar dos grandes escollos: los trámites administrativos, bastante complejos en teoría, y la financiación.
Pues bien, en ambos casos podrían existir sorpresas mayúsculas en tanto y en cuanto las cosas parecen bastante avanzadas si se atiende a las fuentes consultadas por “Gente de la Safor” y de lo cual se anticipa información en este mismo número.
Por lo demás, es obvio que el anuncio del inicio de los trabajos, desde la constitución de un consorcio específico hasta la licitación de las obras, constituye en sí mismo un aviso a las dos administraciones que debieron resolver el problema del tren hace ya muchos años. Tal vez pueda interpretarse como una medida de presión clara a la administración autonómica y al Gobierno de España. O, antes bien, la toma de una decisión que acelere de una buena vez la resolución de un proyecto estratégico para las ciudades y pueblos concernidos.
Frente a esto, resalta la actitud del PP local, que se permite “despolitizar” según sus dirigentes, el asunto del tren Gandia-Dénia, convocando a la Alcaldesa de la capital de la Marina Baja, Anna Kringe, a su sede partidaria de Gandia para que desde allí critique la “actitud” de los alcaldes de Gandia y Oliva por no acudir a una reunión a la que supuestamente los había invitado por carta “hace semanas”.
Lo bien cierto es que la alcaldesa, que llegó al cargo hace poco más de un año gracias una moción de censura apoyada por un concejal tránsfuga, hasta ahora no había dicho nunca, “esta boca es mía” en torno a la historia del tren. Y, como en política las casualidades son inexistentes, lo bien cierto es que ni ella ni el PP promovieron ninguna recogida de firmas, ni “movilizaciones” mientras el proyecto fue exclusiva responsabilidad de la Generalitat Valenciana.
Desde hace dos semanas se supone que el proyecto ha pasado a poder del Ministerio de Fomento y entonces sí se ha apresurado a ponerse delante de la manifestación.
Dicho esto, lo que importa es que el tranvía o el tren lleguen cuanto antes. Lo demás es demagogia.

Pati, pami...

La sentencia por la que una jueza condena al Ayuntamiento de Gandia a pagar 600 euros a cada uno de los 84 vecinos afectados por la actividad de la discoteca “Pati Pami” constituye en sí misma, además de la multa, un reproche en toda la línea al comportamiento observado por el gobierno local en todo este asunto.
Básicamente, las quejas iniciales de los vecinos han ido siempre en la línea de las continuas y crecientes molestias por ruidos provenientes del interior de la instalación, así como de los altercados y comportamientos incívicos producidos en las cercanías de la “disco”, a horas claramente intempestivas.
Ya en su día, cuando comenzó la construcción del local, los vecinos hicieron sentir su voz de queja, aunque legalmente no fue posible, según se explica, evitar su construcción en una zona que, todo hay que decirlo, había sido declarada como saturada por otra resolución judicial.
Lo que ahora viene a decir la nueva resolución judicial es que el Ayuntamiento de Gandia ha pecado de “inactividad”, tras la orden de cierre dictada en febrero de 2007 por el departamento de Medio Ambiente, debido a “deficiencias no subsanadas” detectadas por los servicios municipales de inspección. La mencionada orden en realidad lo que hacía era no otorgar la preceptiva licencia de actividad a la discoteca en función, precisamente, de los problemas no resueltos.
Ahora bien, dos años y cuatro meses después de aquello, no se entiende que la orden de clausura no fuera ejecutada como tampoco que no se le concediera la licencia, mientras se dejaba hacer a sus propietarios, en una situación de total irregularidad que, de haber sucedido algún incidente grave, la responsabilidad habría caído -qué duda cabe- sobre las espaldas municipales antes que sobre la propiedad de la actividad.
Ahora bien, lo más curioso y llamativo de la situación es que dos días después de conocido el fallo judicial, la Comisión de Gobierno otorgue la licencia de actividad.
Con todo, entre las frases que vale la pena entresacar del fallo resalta aquella que señala que “es irrelevante que dos años y medio después de la adopción de la medida se alegue (por el Ayuntamiento) que está próxima la concesión de la licencia ante la subsanación de las deficiencias dado que la medida cautelar ha estado todo este tiempo sin ejecutar y sin que se hubiera alzado la misma”.
Ahora, el Ayuntamiento tendrá que pagar más de 50.000 euros en total de indemnización a los vecinos “en concepto de daños morales causados por las molestias sufridas durante dos años y medio”.
Alguien tendría que explicar el desaguisado y sus razones, si las hay, más allá de la burocracia.

Fútbol y dinero

Estos días ha resurgido la polémica, casi habitual en estos tiempos, del papel de la administración pública en la supervivencia de clubes deportivos de élite o, cuando menos, de cierto nivel de competición.
Esta vez ha sido por la situación del C.F. Gandia, una entidad que no hace muchos años es verdad que con modestia y a la vez con determinación, estaba en segunda B del fútbol español, sin olvidar la campaña 86-87 en que llegó a codearse con lo más granado de la 2ª división A.
Desde entonces hasta ahora el Guillermo Olagüe ha pasado de contener más de 3.500 espectadores por partido hasta las raquíticas recaudaciones actuales: un club hundido en una división donde la mayoría de sus rivales pertenecen a ciudades o pueblos valencianos de población sensiblemente menor a la capital de la Safor, con una deuda que, según su Presidente, Dionisio Ollero, es de más de un millón de euros acumulados en estos últimos 11 años y que, según otras fuentes, podría ser muy superior.
Lo preocupante de esta historia es que además se suman argumentos de carácter político que no hacen sino agravar aún más la situación. Por una parte Ollero dice que como él es militante del PP y ex concejal de ese partido, el gobierno socialista de Gandia se niega a darle ayudas.
Por otra el gobierno municipal que se apunta de mediador para que el club se convierta en sociedad mercantil, siempre y cuando el actual presidente deje el cargo tras lo que se define como una gestión desastrosa. A la vez, “presenta” a una empresa que se haría cargo del club en la situación actual, que se haría cargo de las deudas... y aquí salta el primer problema grave: los compradores sólo reconocerían aquellos acreedores “legítimos”, es decir la Hacienda pública (que embarga cualquier subvención al club) y los jugadores de la actual plantilla (tres meses sin cobrar). O sea, de lo que dice el propio Ollero que se le debe a dos de sus empresas, unos 436.000 euros, ni hablar. Eso, por no apuntar al complejo proceso de conversión del club en una Sociedad Anónima Deportiva.
Todo esto sin dejar de apreciar que el líder de la oposición, Arturo Torró, que se ufanó hace meses en anticipar un completo plan de saneamiento del club, antes de que el propio Ollero dijera nada, al final presentó una hoja de cálculo como gran aportación al futuro del club.
Seamos un poco más serios todos: antes que adoptar cualquier medida, lo que sería exigible sería una auditoría independiente que deslinde responsabilidades y, una vez hecho esto, valorar en profundidad si vale la pena intentar reflotar una entidad que no ha dejado de caer en los últimos años.
Y, finalmente, pensar si realmente Gandia, la ciudad, quiere un proyecto de este tipo.

Errores varios

La reforma planteada por el gobierno municipal en el Ayuntamiento de Gandia deja, a estas alturas, algunas enseñanzas que no deberían dejarse pasar, tanto por lo que comporta de cambio de rumbo en la política oficial como de contradicciones en la oposición.
Por caso, empezar señalando que la concejal Mónica Richart, del PSOE, pasa a un área denominada Colectivos Sociales, donde se supone que su trabajo será coordinar la acción de gobierno en la relación con este tipo de organizaciones.
No está claro, entonces cuál es el papel que le corresponderá en relación al área de Participación Ciudadana, dirigida por Javier Soldevila de Plataforma de Gandia y con rango de Teniente Alcalde, en cuyas manos está precisamente ese trabajo. Como no se ha explicado claramente la cuestión se puede deducir un desdoblamiento del área o, en todo caso, la subordinación de la concejal socialista al departamento dirigido por PdG.

Tampoco es menor el hecho de desprenderse de tres de los coordinadores de barrio cuando a la vez se está diciendo que precisamente ésta será una pata fundamental del trabajo futuro, del que se hará cargo personalmente el Alcalde. Si de verdad se redobla la apuesta no parece lógica la decisión tomada dejándola en manos de un único coordinador general que, por bien que lo haga, no podrá cubrir las necesidades del día a día del área, una de las más dinámicas en cuanto a relación ciudadana, como corresponde.
Igual no parece tener demasiado sentido la desaparición de la figura del Coordinador del programa de actos del V Centenario de San Francesc de Borja, a unos pocos meses del inicio de la celebración, aunque la centralización en manos de Toni Durà parece ir en la línea de no dispersar las iniciativas y su desarrollo entre áreas distintas.

Así las cosas, tampoco a la oposición se le podrá adjudicar algún calificativo que mejore la nota en su reacción frente la reforma y, sobre todo, la disminución de cargos retribuidos, a saber: no se entiende que el Bloc, ante el cese de uno de los asesores de cada grupo, pida que se eleve el sueldo a los secretarios de grupo, que permanecen en el cargo, cuando se ha hecho bandera de la crítica al exagerado número de cargos de confianza aprobados al comienzo de la legislatura por el Gobierno.
Pero menos, mucho menos, se entiende al PP de Gandia que por boca de su portavoz adjunta, Carla Ripoll, se ha prodigado en declaraciones críticas al gobierno estos días, dada la ausencia no aclarada en todo el proceso de su jefe de filas Arturo Torró, acaba solicitando “partir” los sueldos de los asesores de grupo para permitir que continúen todos.
Es más, según declaraciones publicadas, Ripoll ha llegado a decir que “esta es una pataleta de Orengo contra el PP” y que el recorte de gastos que producirá la reducción de cargos políticos es “insignificante”. ¿Es que le parece poca, una reducción de 350.000 euros? Pues bien, el gobierno insiste en decir que la medida deja los mismos cargos políticos que en la anterior legislatura cuando se pactó gobierno con el Bloc.
Es más, asegurar como hace Ripoll, que la medida de obligar a los concejales que cuentan con exclusiva (Reig) o dedicación parcial (Martí, Coné y Barber) a elegir entre su sueldo en otros trabajos o el municipal, “va contra el PP que verá disminuida su capacidad de trabajo”, habría qué preguntarle su opinión sobre las tareas desarrolladas por sus compañeros en este tiempo y que conteste públicamente, por si acaso coincide con sus quejas emitidas en privado.

Por lo demás, ahora se verá si realmente se corta con un tema que se prestaba por un lado a la duda legítima de los ciudadanos sobre la dedicación de todos los cargos designados en su día, o a la demagogia de quienes ahora no aceptan pagar parte del coste económico del recorte.
Porque hay que ser claro, el coste político lo ha estado pagando el gobierno municipal, que por mucho que quiera y pueda justificar en el indudable volumen de gestión de esta legislatura los nombramientos, ha tenido que rectificar obligado por la crisis, donde los ciudadanos no entenderían (y no hace falta para esto la oposición) que no se hiciesen ajustes en la nómina “política” municipal.

Entre vías

No hay ninguna administración seria que pueda creerse este proyecto”. Con estas palabras, el portavoz del PP de Gandia, Arturo Torró, definía su valoración sobre el proyecto del tranvía Gandia-Grau-Playa propuesto por el Gobierno Municipal para su aprobación en la línea del Plan Confianza del Presidente Camps.
Obviamente, la frase resume acabadamente el pensamiento de quien no apostaba nada por la suerte del proyecto presentado a la Consellería y más aún se mostró completamente en contra del mismo, aunque luego comenzara una carrera de matizaciones que le han llevado al “sí pero no”.
A la inversa, el Gobierno Municipal se ha visto envuelto en una polémica respecto a los detalles no definidos del proyecto que hacen pensar que en un primer momento se trataba de presentar la obra como un pulso al gobierno de la Generalitat.

Sea como fuere, con las dudas añadidas por el Bloc respecto a la idoneidad de la inversión a realizar, lo bien cierto es que el visto bueno del gobierno valenciano aprobando el proyecto está sujeto ahora a plazos muy determinados: en primer lugar el Ayuntamiento de Gandia deberá presentar un estudio de impacto ambiental y otro de viabilidad antes de la aprobación definitiva.
Lo segundo, obviamente, medido en cifras concretas de explotación y rendimiento, aunque obviamente, la “rentabilidad social”, no sea aparentemente un hecho mensurable.
Sobre estas y otras cuestiones el gobierno municipal debería facilitar información a los ciudadanos si de verdad lo que se quiere es implicar a los vecinos en sus decisiones.

De hecho en el informe que acompaña a esta edición de “Gente”, se anticipan datos hasta ahora poco conocidos del proyecto, nacido en medio de la polémica aunque sea comprobable que la idea no es nueva y que, al menos en los casos del PP, PSOE y Plataforma de Gandia, tal cuestión ha formado parte de sus programas electorales, por lo que ahora resulta del todo incomprensible que se cuestione no ya su viabilidad sino la naturaleza misma del emprendimiento.
Pero aún así habrá que preguntarse otras cosas habida cuenta de las características del llamado “Plan Camps”: ¿existe financiación para tantas inversiones como las prometidas atendiendo a la crítica situación de las cuentas de la Generalitat desveladas por el Banco de España y el Síndic de Comptes? ¿Por qué la Generalitat ha preferido, a diferencia del Plan Zapatero, promocionar un plan indefinido en el tiempo con la supuesta intención de luchar contra la crisis, atribuyéndose todas las competencias de adjudicación y control de las obras, sin dar participación a los ayuntamientos que, como se ha demostrado con el “Plan E”, lo ponen en marcha y ejecutan con rapidez?

Mucho nos tememos, visto lo visto, que al final todo sea una maniobra que desemboque en el reiterado victimismo de cuánto le debe el gobierno central a la autonomía y que, obviamente, sirva para explicar luego la falta de financiación. Pero hay más: si el gobierno municipal se equivoca en su planteamiento del tranvía y la Generalitat Valenciana se lo deniega finalmente, Gandia tendrá otra oportunidad, y como ha sucedido con el Plan E, en muchos municipios cuyos proyectos no se ajustaban por diversas razones a las bases, finalmente pudieron cambiarlos por otros que sí estaban cubiertos por el mismo.
Por lo tanto, vale poco o nada la alarma sembrada desde el PP de Gandia sobre que la ciudad se perderá 16 millones de euros. Sólo falta que no suceda con el tranvía lo que con el tren Gandia - Denia, una tomadura de pelo donde las haya en la batalla que durante años han mantenido la Generalitat y el Ministerio de Fomento por ver a quién le toca.
El último acuerdo decía bien a las claras que era responsabilidad de la Generalitat a cambio de que el Ministerio se encargara del tren Xàtiva - Alcoy. Pues bien, éste se está haciendo, mientras que el que conectaría a la Safor con la Marina, ni siquiera tiene presupuestado un euro.
Eso sí, Camps reunirá a sus alcaldes para reclamárselo... al ministerio.

El deseo del tranvía

La aprobación inicial por parte de la Generalitat Valenciana del proyecto del tranvía “Gandia-Grau-Playa” en el marco del “Plan Camps”, constituye en sí misma una buena noticia para una ciudad que ha de promover el transporte urbano público por diversas razones.
En ese sentido, lo más notable es que inmediatamente debería desactivarse la polémica surgida en torno al tema, por lo menos durante el lapso que transcurrirá (45 días) hasta que se completen todos los aspectos del proyecto tal como lo exige Consellería. Y en este plano, el comportamiento de una parte de la oposición, concretamente la del portavoz del PP, no ha podido ser más errática y desafortunada para él y para el partido que representa.
Del no rotundo inicial, pasó al “si pero no”, de ahí a negar la evidencia de su primera afirmación y ahora, finalmente, a poner todos los inconvenientes sobre la mesa, sabedor de que la aprobación por parte de la Generalitat, gobernada por su propio partido, le desautoriza en el recorrido de despropósitos que ha protagonizado.
No conforme al parecer con todo esto, se anticipó al anuncio oficial del Gobierno local en un afán de protagonismo que no disimula de ningún modo su decepción por la noticia.
Esto, de ningún modo invalida las dudas que pudieran existir sobre el proyecto en sí, lo suficientemente importante para la ciudad como para completar todos los informes con el mayor de los cuidados, habida cuenta de que lo que se juega es un servicio estratégico para la mejor integración del Grau y la playa con la ciudad.
La necesidad de un transporte público sostenible, rápido, eficiente y económico es indiscutible y aunque sea en su primer tramo, hasta el puerto, debería quedar muy ligado a los estudios posteriores y financiación necesaria para extenderlo a toda la playa.
Tampoco la fórmula de explotación que se resuelva, público o por concesión, resulta un hecho menor a estas alturas, donde las definiciones ideológicas (más allá de las económicas) pueden aportar un claro elemento más a la discusión.
Sea como fuere, volviendo a los argumentos planteados por el PP de Gandia, los ciudadanos tienen todo el derecho a preguntarse si no se está haciendo un trabajo de preparación de la opinión pública y, a la vez, intentando condicionar la resolución definitiva de la Consellería de Transportes para denegar el proyecto.
El señor Torró debería pensárselo dos veces si no quiere aparecer como el responsable de actuar contra la ciudad. Y el Gobierno Municipal a su vez, impedir que cualquier defecto en la documentación a presentar pueda servir como excusa perfecta para denegar lo que ya está al alcance de la mano.

La abstención

No hay lugar a dudas: el PP ha arrasado en estas elecciones europeas tanto en la comarca de la Safor (donde el PSOE apenas salva los muebles en tres poblaciones), aumentando su distancia respecto del principal rival, inclusive con un porcentaje de votos superior a las generales de 2000 cuando consiguió en la capital de la Safor un 54,7% de los votos.
Aún así, cualquier análisis que quiera realizarse sobre lo acontecido el pasado domingo, debería pasar necesariamente por prestar atención a la abstención registrada, un 45%, la segunda más alta de la historia electoral de Gandia tras las europeas de 2004.
En esa línea, habrá que decir que el electorado de la comarca no ha sido inmune al comportamiento cada vez menos participativo en unas elecciones tal vez demasiado lejanas para el ciudadano de a pie.
Pero hay más elementos que parecen haber definido el dato: las elecciones al parlamento europeo no eligen un gobierno como tal, con lo que la tensión ideológica desaparece y además la sensación que se tiene es de que “en Europa” se habla y se deciden cosas que no interesan directamente a la vida ciudadana. Craso error, aunque ya no es momento de lamentaciones para nadie, ni siquiera para quienes han ganado este comicio, que obviamente, como en el caso del PP, pueden exhibir su triunfo con toda legitimidad.
Aunque tampoco está demás señalar que en otros países las cosas han ido peor para la democracia con la eclosión de movimientos y partidos que han obtenido representación en la eurocámara desde posiciones netamente antidemocráticas. En España ya pasó con aquellos dos diputados que obtuvo el partido de Ruiz Mateos en 1987.
El riesgo, con todo, puede ser superior si la política al fin y al cabo se desliza por estos parámetros, intentando como han hecho algunos partidos privilegiar su discurso más “nacional”, erizado de descalificaciones y temas menores, antes que ejercer el papel (al que deberían estar obligados) de difusores y educadores en cuanto al papel de Europa.
Sea como fuere, los partidos han hecho su particular lectura de los resultados, y es evidente que no han aprendido la lección porque no saben, no conocen o simplemente no les interesa poner negro sobre blanco que lo que estaba en juego es una idea de Europa donde lo que prima es el interés común de 350 millones de ciudadanos y no la disputa diaria de un titular mediático.
De todos modos, la percepción de los abstencionistas puede haber sido muy otra, no en vano la participación ha caído desde el 75% en 1987, en Gandia, hasta este lamentable 45%. En todo caso, la crisis y la falta de respuesta común de la Unión Europea al desafío, tiene, seguro, mucho que ver con lo que ha pasado.

¿Comunicación?

Las últimas polémicas políticas locales, alguna de ellas bastante ficticia por cierto, denotan en común en su origen una cadena de fallos que surgen de la escasa por no decir inexistente política de comunicación del Gobierno Municipal de Gandia.
Y es que si se analiza lo sucedido por ejemplo con el caso de las obras de la Avenida República Argentina, cuya importancia para el tráfico de la ciudad y sobre todo por el impacto sobre los comerciantes del sector, se verá que esos trabajos estaban previstos para junio, que se adelantaron en previsión de males mayores para no tener que actuar sobre el antiguo párking (acabado hace 12 años) con la amenaza de la temporada de lluvias en octubre. Ese adelanto se decidió de un día para otro y, de hecho, se convocó a reuniones a vecinos y comerciantes sólo unos días antes del comienzo de los trabajos.
La reacción de un grupo reducido de comerciantes estuvo a punto de generar un conflicto que se recondujo a duras penas por los responsables municipales y técnicos presentes en la reunión.
Es más, al día siguiente la filtración de la noticia del inicio de obras, cuando se había abierto un “impasse” en la negociación con los comerciantes, generó mayor rechazo aún.
El PP de Gandia no desaprovechó la oportunidad de pescar a río revuelto y, con su habitual tono catastrofista, que igual sirve para denunciar hechos supuestamente graves como para la menor de las historias, y se apuntó al carro del “caos” en que estaría sumida la ciudad según su punto de vista.
El Gobierno municipal ha tardado hasta este miércoles en dar una respuesta que ya tenía clara desde la noche del pasado viernes: hay acuerdo con los comerciantes. Las obras se iniciaron el pasado lunes sin más contratiempos que la rueda de prensa de Arturó Torró apuntándose el tanto del supuesto descontento.

De paso, otra cuestión, la del comercio de la ciudad, sufridor de la crisis como el que más, a lo que se agregan ahora las obras: una desgraciada coincidencia cuya solución parece difícil si no imposible si se quiere cumplir con los plazos establecidos.
Tras la andanada populista, el gobierno se ha visto obligado -una vez más- a ir a remolque de aseveraciones cuando menos inexactas por parte del principal grupo de la oposición.
Las cuentas del Centre Històric parecen estar detrás de toda la cuestión pero habrá que decir que el gobierno municipal tarda ya tres años en explicar lo que sucedió durante el mandato de Arturo Torró en esa asociación. Ya va siendo hora de que se diga lo que hay y se cierre de una buena vez este asunto, en el que este semanario ha insistido desde entonces.

Finalmente, la web municipal, donde el Bloc ha abierto la caja de las sorpresas por la “utilización partidista” por parte del gobierno al colgar en la página de inicio respuestas o comunicados que hacen referencia a críticas de los nacionalistas o del PP sin que pueda hallarse el origen de tales comunicaciones, es decir las palabras de la oposición.
Para empezar, visto lo visto, demuestra muy poca inteligencia el responsable político de la comunicación municipal: bastaría que en vez de hacer referencia a las críticas de los demás, los comunicados del gobierno se construyeran “en positivo” para despejar toda duda de trato desigual a la información generada por unos y otros. Y es que tal y como están las cosas, tiene razón el Bloc cuando, ante la respuesta gubernamental de que “los partidos tienen su propio espacio en la web y que no ha sido utilizado por el Bloc en los últimos dos años”, los nacionalistas dicen que para llegar a esa página hacen falta al menos cinco “clics”, mientras la información oficial se encuentra en la página principal de la web gandia.org.

El gobierno municipal no puede quejarse: sus propios errores de comunicación le facilitan el trabajo al oponente.
Para más inri se inventa un eslogan local del Plan E que se las trae: Y es que Una bona obra parece hecho a la medida del Opus Dei.

Romaguera y Simancas

Resulta cuando menos llamativo que el Gobierno Municipal encargue ahora un estudio especializado sobre la Alquería de Romaguera y, a la vez, solicite al Instituto Valenciano de la Vivienda, IVVSA, que los trabajos de urbanización en Santa Ana, donde se ubica el edificio, no le afecten “por ahora”.
Y es más curioso aún porque durante este tiempo, en la polémica surgida a raíz de la solicitada protección de la finca por parte de la oposición y algún colectivo organizado en torno a este asunto, la postura de PSOE y Plataforma no ha sido otra que negar la condición de bien a proteger.
Tal vez una cierta presión social, derivada de un manejo inadecuado del proceso, ha producido este resultado, porque lo más lógico hubiese sido en su día haber solicitado un informe como el que ahora se pretende. Obviamente, no es tiempo de hacer las cosas de manera apresurada, pero no hacerlas a tiempo conlleva este resultado.

En el caso de Simancas, mientras tanto, cuatro propietarios de viviendas han decidido no aceptar la oferta municipal para, o bien la venta de esas propiedades o acogerse a la reparcelación del sector y posterior adjudicación de una vivienda de nueva construcción.
Lo curioso, en este caso, es lo que le toca a la oposición: PP y Bloc han denunciado de una u otra manera “que se quiere cometer una injusticia” con esos propietarios, sin tener en cuenta que -más allá de las circunstancias personales de cada uno- existe una abrumadora mayoría de vecinos que sí han aceptado el proyecto municipal, al punto que en los próximos días se hará el traslado a las viviendas de alquiler, pagadas por el Ayuntamiento.
Otra cosa es que alguno de esos propietarios haya sostenido públicamente que “si el Alcalde no me suelta 200.000 euros por mi casa, se lo voy a poner muy difícil”. El precio estipulado al objeto de la reparcelación o la compra para cada una de esas viviendas es de 42.000 euros.
Siguiendo el razonamiento de la oposición municipal, la pregunta es si acaso el municipio debiera pagar el dinero exigido por ese propietario “para no ponerlo difícil” y facilitar el trámite, sólo que hay un problema: todos quienes han vendido su casa en base a la tasación oficial tendrían el mismo derecho que aquel. O sea.
Y es que hacer política es muy fácil cuando se apela a la víscera más sensible del ser humano: el bolsillo.

Otro palo y van...

Según parece, al PP de Gandia le siguen creciendo los enanos... en su propio circo. De un tiempo a esta parte, como sucedió hace una semana con el caso del impago de las subvenciones por parte de la Generalitat Valenciana a ASAEM, el grupo mayoritario de la oposición ha vuelto a resbalarse entre sus deseos de criticar al gobierno local y lo que portavoces calificados de su propio partido en Valencia dicen.
Por caso, esta misma semana nada menos que el propio Vice Presidente de la Generalitat Valenciana y Conseller de Presidencia, Vicente Rambla, ponía las cosas en su lugar sobre dos temas de amplia repercusión en la capital de la Safor.
Así, respecto de la colaboración con el Ayuntamiento de Gandia en el programa del Quinto Centenario de San Francesc de Borja, no sólo elogió lo que se prepara sino que habló de varias reuniones y contactos entre el alcalde de la ciudad y él mismo, para hablar del tema. 
Mientras tanto, el PP de Gandía. con Arturo Torró y Carla Ripoll a la cabeza, se había desgañitado en los últimos tiempos con aquel discurso de “el alcalde, si ha ido a hablar con alguien en la Generalitat le habrá llevado un folio, porque allí nadie sabe nada del asunto”. 
Rambla tampoco se quedó corto a la hora de hablar del tranvía cuando se le preguntó por la polémica surgida en la ciudad, donde el propio Torró dijo en pocas palabras que la “Generalitat no aprobará ese proyecto”.  Un par de días después rectificó, aunque el error político ya no tenía arreglo.
Y lo que vino a decir el Vice Presidente de la Generalitat, nada menos, es que “los ayuntamientos tienen autonomía plena para proponer dentro del Plan Confianza los proyectos que quieren financiar con aportación del gobierno valenciano”. Y avanzó alguna frase más en la línea de decir que si los proyectos presentados se ajustan a los requerimientos del plan, no tienen por qué ser rechazados.
O sea, más claro imposible. La desautorización a Torró y los suyos por parte del segundo de Francisco Camps, no puede ser más meridiana. 
 Y el silencio que bien han guardado sobre el asunto sus portavoces habituales tampoco. Es que después de tal serie de despropósitos y salidas de tono (incluyendo descalificaciones  de todos colores) cabe preguntarse  si al PP de Gandia le engañan sus propios compañeros en Valencia, lo que sería muy grave, o si lo que sucede es que no tienen interlocutores entre quienes mandan, o peor aún, si se lo inventan ellos solos. 

El tranvía de Camps

La decisión adoptada por el Gobierno Municipal de Gandia, de solicitar a la Generalitat la construcción y puesta en marcha del tranvía hasta el Grau, en el marco del conocido como “Plan Camps”, remedo del “Plan Zapatero”, de inversión pública para conjurar la crisis, supone una doble apuesta.
Por un lado, el viejo proyecto de unir la ciudad y la playa con un servicio de este tipo, no contaminante, moderno y alternativo al automóvil, es una inversión de futuro de gran calado en caso de concretarse.
Por el otro, supone poner a prueba la voluntad política del Consell, en tanto y en cuanto se trataría de la mayor inversión hecha en la capital de la Safor por parte de una administración que no se ha distinguido precisamente por su magnanimidad en recursos para una ciudad que tradicionalmente le ha dado la espalda desde el punto de vista electoral, en cuanto toca a la elección de gobierno local.
De modo que en estas dos vertientes se resolverá la disyuntiva: el Presidente Camps, cuyas preocupaciones estos días parecen más enderezadas a restaurar las graves heridas que la está causando el caso de la trama de corrupción vinculada a su gobierno por la justicia, deberá decidir si el proyecto presentado por Gandia es aceptado o en su defecto, rechazado.
Tarea complicada para quien desde siempre ha insistido en su discurso público en la necesidad de modernizar la Comunidad Valenciana en sus más diversas infraestructuras en las que, obviamente, el transporte público ocupa un lugar destacado. De dónde si no su reivindicativo discurso sobre el AVE, el corredor mediterráneo de mercancías y pasajeros o las exigencias para que las líneas de cercanías de RENFE sean transferidas al Consell.
Aún así, ya es curioso que el portavoz del PP de Gandia, Arturo Torró, diga que se trata de “una venta de humo” por parte del Alcalde José Manuel Orengo. Lo bien cierto es que tal proyecto formaba parte del programa electoral de su partido en Gandia desde las elecciones de 1999, en las que Torró figuraba como número dos de Fernando Mut en aquella cita.
Se supone que su preocupación de ahora sobre la viabilidad económica del proyecto, no es muy coherente con su propuesta de entonces por decirlo suavemente.
El Bloc, por su parte, no lo ve claro y propone otras inversiones como el “Metrobús”, incluído en el Plan de Movilidad de Gandia, lo que le ha supuesto un fuerte respuesta por parte del PSOE, que le recordó que en la anterior legislatura, cuando los nacionalistas formaban parte del gobierno, estaban a favor del proyecto.
El tranvía de Gandia al Grau es necesario, otra cosa será ver si el Presidente Camps piensa lo mismo, simplemente porque será la Generalitat quien lo pague. Y si no, no haber abierto las expectativas de los ayuntamientos con un plan que genera más dudas que certezas.

El paro que no para

El paro en la comarca ha aumentado en lo que va de marzo de 2008 al mismo mes de este año, un 83%. El dato es ciertamente terrorífico, en tanto y en cuanto implica que por sectores el de servicios ha sido el más afectado, por encima inclusive de la construcción, lo que equivale a decir que la destrucción de puestos de trabajo se ha cebado en dos de los ámbitos más pujantes de la economía local.
Con todo, el ritmo de destrucción de empleo parece haber reducido su intensidad en el pasado mes de marzo en comparación a febrero aunque obviamente de este dato puedan hacerse lecturas tan diversas como que o bien el fenómeno está frenando o bien que hay sectores -como el urbanístico- que ya no dan más de sí y por lo tanto no se destruye empleo porque ya no queda mucho para verse afectado.
Aún así, habrá que creer que con la puesta en marcha de las obras del Plan Zapatero la lectura de los siguientes meses pueda llegar a ser más moderada, aunque el índice de empleo que pueda crearse superará los 1.400 puestos en toda la Safor, lo que equivaldría a neutralizar el paro que se genera en poco más de un mes.
Y es que la virulencia de la crisis continúa siendo muy alta, afectando al tejido empresarial comarcal de manera directa, sobre todo en lo relativo a pequeñas y medianas empresas sometidas a la tortura de la falta de financiación bancaria y a la cadena de impagados que está generándose simultáneamente.
Muchas de esas empresas, creadoras de más del 90 % de la riqueza de la economía local, están cayendo cada vez más en situaciones de insolvencia que hacen muy difícil si no imposible el acceso a esa financiación prometida, mientras que en realidad continúan siendo viables desde todo punto de vista.
Por esta razón, medidas como las adoptadas por el Ayuntamiento de Gandia, de compromiso de pronto pago pueden ser una herramienta más o menos eficaz en la actual situación si no fuera porque son una gota de tinta en el mar tormentoso en el que están navegando. El anuncio del ICO de que habilitará una línea de crédito para que los ayuntamientos puedan pagar sus deudas a proveedores cuanto antes puede ser también un buen elemento de ayuda, aunque obviamente, el sector público -con tener un importante peso en el global de la economía- no es el principal motor de ésta.
Sea como fuere, la dureza de la crisis se manifiesta con toda su crudeza en el empleo, y lo bien cierto es que mientras un conjunto de medidas fiscales y financieras no se manifiesten en su plenitud, poco habrá que rascar en el actual panorama.

Sectarismo partidista

La carta que el Conseller de Infraestructuras, Mario Flores, y la Alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, han enviado al nuevo Ministro de Fomento, José Blanco, “exigiéndole” la construcción de la línea férrea entre Gandia y la capital de La Marina y la consecuente puesta en marcha del servicio, no deja de ser una “boutade” cuyo único propósito es tapar la propia incapacidad del PP valenciano para hacerse cargo de sus compromisos.
Desde hace por lo menos tres años, el acuerdo alcanzado por el Ministerio y la Generalitat Valenciana que debía haber sido ratificado por un convenio que nunca se firmó, atribuía al Gobierno Valenciano la responsabilidad de la obra, mientras que al Gobierno central le tocaba la realización de la vía férrea entre Xàtiva y Alcoy.
La diferencia es que esta última ya está en ejecución, mientras que en el caso Gandia-Oliva-Dénia las cosas siguen igual, porque en realidad lo que el Conseller y la inefable alcaldesa de Dénia (que alcanzó su cargo gracias a una moción de censura promovida con el concurso de un tránsfuga socialista) están diciendo es que renuncian a asumir su parte del trato, y ahora intentan -una vez más- culpar al gobierno de Zapatero por su propia negligencia.
Y no es que el Ministerio no tenga parte de responsabilidad en los anuncios repetitivos y la apertura de expectativas desmedidas respecto al tren, no. Sólo que desde 1995, cuando una movilización popular demandó su construcción, a la que se plegaron todos los partidos, las culpas están repartidas: durante los ocho años del gobierno Aznar no se avanzó ni un milímetro en el tema y, como se ve, tampoco en los últimos cinco de gobierno socialista.
Sea como fuere, no deja de ser hiriente para la opinión pública de las ciudades afectadas que ahora se pretenda endosar la responsabilidad a la otra parte, cuando el preacuerdo estaba claro desde hace tiempo, tal como se muestra en páginas interiores de este número.
Pero hay más: el absoluto desprecio que demuestra la actitud de la Generalitat Valenciana al no convocar a la reunión a los alcaldes de Gandia y Oliva, rompiendo así la unidad de acción que hasta ahora se había mantenido al respecto entre los tres municipios.
Un dato más: la oficina de atención a las mujeres maltratadas de la Safor, se instalará... en Dénia, una decisión aberrante, casi una burla a toda la comarca, ya que por lo pronto -más allá de la falta de transporte público entre ambas localidades- la vista de los casos judiciales de este tipo corresponden a la jurisdicción de Valencia y no a la de Alicante, una cuestión en la que tampoco parece haber reparado la Consellera Sánchez de León.
Y ambas situaciones tienen un nombre en política: sectarismo partidista.

Emoleo

Que por encima de cualquier otra preocupación ciudadana se encuentra el desempleo, no tiene duda. Como tampoco la tiene el hecho de que tal y como van las cosas, la economía mundial no parece que apunte en el sentido de parar la sangría que se está produciendo, y más aún en España, donde la “burbuja” financiera ha arrastrado tras de sí a los dos sectores que apuntalaban el crecimiento económico de los últimos diez años: construcción y consumo interno.
Por lo tanto, las únicas herramientas de uso inmediato, al alcance sólo de las administraciones públicas, son la creación de puestos de trabajo partiendo de fuertes inversiones destinadas a promover empleo aún a costa de un mayor endeudamiento o déficit público.
En el caso de esta comarca la justificación de semejante política es aún mayor, a poco que se consideren los datos de la Contabilidad Regional de España, que atribuye a la Comunidad Valenciana un crecimiento durante 2008 por debajo de la mitad del conjunto del país (0,5% contra 1,2%) cuando ya la economía apuntaba a la recesión. Otros datos, como los del paro, dicen a las claras que Valencia está muy encima de la media nacional de la destrucción de empleo.
Para ser solamente comparativos, mientras la economía del País Vasco creció un 2,8%, Navarra un 1,9%, Extremadura el 1,8%, o Murcia el 1,5%, por citar sólo algunas comunidades, la nuestra es el furgón de cola de toda España porque simplemente, el impacto de la construcción desaforada, ha sido más explosivo que en ningún otro. Se acabaron los tiempos de los cantos triunfales del Presidente Camps cuando presumía de crecer más que la media nacional y europea y, a la vez, atribuyéndose todo el mérito de aquella etapa. Seguramente ha llegado el momento de que asuma también la contracara de la vorágine de aquel crecimiento con pies de barro, al que se suma el mayor endeudamiento por habitante de todo el entorno autonómico.
Y esto último no como consecuencia de inversiones públicas de calado social o de clara repercusión económica. Ya no basta el discurso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, o Terra Mítica, ambos agujeros negros cuya “hambre” de recursos públicos ha llevado al oscurantismo total en un caso y casi a la quiebra en el otro.
En tres semanas comenzará a operar el “Plan Zapatero” en toda la comarca, según explicaba el Delegado del Gobierno, Ricardo Paralta, con inversiones que suponen más de 31 millones de euros, mientras ayuntamientos como el de Gandia pretenden invertir casi 160 millones de euros en los próximos dos años.
Por lo que decíamos al principio de este comentario: ¿dónde están los fondos del anunciado (a bombo y platillo) “Plan Camps”?. Ni se sabe.

Humo y Plan Camps

La publicación del decreto ley de la Generalitat Valenciana por el que se regulan las ayudas del Plan Especial de a la Inversión Productiva en los Municipios, aprobado por el Consell del pasado viernes. Se trata del famoso “Plan Camps”, cuyo anuncio se hizo en diciembre pasado tras las fuertes críticas del PP al “Plan Zapatero”, pero en definitiva no es más que un remedo de éste.
Lo que en principio parecía una buena idea para promover empleo y procurar un impulso económico se ha transformado en un documento que no deja lugar a dudas de sus intenciones: servir de “paraguas” publicitario para obrar desde la entelequia de las promesas, sin plazos para el pago, ni asegurando su concreción, ni siquiera dejando a los ayuntamientos que sean éstos quienes decidan qué obras financiar por el mismo, llegando al extremo de que en el caso de las ciudades con más de 10.000 habitantes, ni siquiera puedan controlar las obras, ya que será la Generalitat quien se arrogue el papel de contratar directamente a través de sus órganos y empresas públicas.
De este modo, tampoco se dice nada de fomentar el empleo de trabajadores en el paro, cuando la Comunidad Valenciana es la tercera más afectada de toda España, con índices de desocupación brutales, ni siquiera se apunta formalmente la famosa cantidad de 203 euros por habitante que se había prometido.
Para más complicación, el plan otorga 60 días a los ayuntamientos para presentar propuestas y en todo caso será la propia Generalitat quien elija qué obras incluir en cada caso y, además, será quien realice los proyectos de cada una de ellas.
Esto, no hace falta ni imaginarlo siquiera, producirá un bloqueo de gestión que, a la vista de como cumple el gobierno Camps el plazo de las obras que anuncia, será memorable.
Y es que para más inconvenientes, el decreto ley señala que las obras se realizarán “hasta el 2011” y punto, sin precisar fechas. Aún peor: ni siquiera se dice de dónde saldrán los 1.020 millones de euros en que se ha cifrado el coste total del proyecto, fiándolo al “ahorro del gasto” y un “incremento de la financiación”.
Si es por lo primero, habrá que apuntar que poco se puede creer de tal afirmación cuando la Comunidad Valenciana es la de mayor endeudamiento por habitante de toda España y, si es por lo segundo, en realidad lo que se está diciendo es que todo dependerá del acuerdo con el Gobierno de Zapatero respecto al aumento de la financiación por mayor población.
O sea, mucho nos tememos que sea cual sea la resolución final del tema de mayores ingresos del Estado, se echarán las culpas al gobierno central.
A diferencia del Plan E, de Zapatero, cuyas obras están licitándose ya en todos los ayuntamientos de España, tres meses después de su anuncio, en este caso, el Plan Camps, es todo humo.

FAES y el crédito

La denuncia pública de FAES sobre las dificultades que se están encontrando las pequeñas y medianas empresas de la comarca para obtener financiación que les permita sortear las duras condiciones de falta de liquidez provocadas por la crisis, pone negro sobre blanco una situación ciertamente preocupante.
Y es que la Safor no puede sustraerse al estado general de cosas que comienzan a ser agobiantes para un tejido empresarial que representa más del 90% del empleo y más del 93% del total de la economía comarcal.
Los casos “tipo” que cita FAES en su informe son esclarecedores: desde entidades financieras que aún no disponen de las líneas de créditos ICO, cuando están a su disposición desde finales de diciembre de 2008, hasta un endurecimiento objetivo de las condiciones para otorgarlos en el caso de los bancos y cajas que ya disponen de esa línea, pasando por propuestas poco ajustadas a la normalidad como sugerir que parte del crédito concedido quede bloqueado en una cuenta.
Pero tal vez el dato más claro sea el aportado por el propio presidente del Instituto de Crédito Oficial, el valenciano Aurelio Martínez, cuando informó hace una semana, que de los 10.000 millones de euros disponibles sólo se habían dispuesto en más de 45 días de funcionamiento... algo más de 100 millones de euros, lo que da una idea de la cerrazón del mercado financiero aún tratándose de créditos aportados al 50% por el Estado.
Pero aún peor es la situación derivada de un plan similar, aprobado en noviembre por el Instituto Valenciano de Finanzas, de 200 millones de euros en total, que no se ha consumido, a día de hoy en más de un 30%, según datos del propio IVF.
Lo llamativo de ambos casos, es que luego se afirme que “se ha producido también un descenso en la demanda de crédito” un dato cuando menos discutible, porque, entre otras cosas, no existe una manera objetiva de medir tal parámetro cuando consta sólo las solicitudes presentadas, no las consultas previas que, ante la escasa información de las entidades, desalientan al demandante.
En todo caso, empieza a ser incomprensible que un sector como la banca, que ha recibido las mayores ayudas públicas que se recuerden en la historia, con el compromiso de trasladarlas a las familias y a las empresas, esté manteniendo un comportamiento al que el propio Gobierno debería poner en línea con los objetivos anunciados.
De otro modo, tal como señalan los empresarios de la comarca, cada día que pasa la situación se hace más insostenible para centenares de pequeñas empresas que, ante la falta de liquidez, dejan de ser “viables”, exigencia que los propios bancos plantean como si no fuesen en buena parte de su casi exclusiva responsabilidad.

Planificación

La presentación oficial del resumen del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Gandia, esta misma semana, plantea algunos interrogantes no referidos específicamente al mismo, sino a la necesaria coordinación que estos estudios con sus posteriores conclusiones tengan.
De lo contrario, nos encontraríamos, en una ciudad como Gandia, cuyo crecimiento ha sido exponencial en muchos apartados a lo largo de los últimos años (urbanismo, población, vehículos, etc) con distintos planes, seguramente interesantes en sus planteamientos, pero absolutamente parciales y hasta contradictorios en sus conclusiones con el resto.
Algo de eso ya se vislumbraba con la presentación a la prensa en Fitur con “Gandia 2025”, un plan básicamente de estudios dirigidos al turismo, pero con evidentes connotaciones urbanísticas, dadas algunas de las propuestas iniciales sugeridas en el mismo.
Ahora, el ambicioso plan de movilidad, plantea la siguiente pregunta respecto a su adecuación al anterior o, si cabe, a otros que pudieran venir en el futuro, como ya se anuncia.
Lo importante, lo decía el propio Fernando Mut, no es que de estos estudios en su primer estadio, reflejen las matemáticas puras de una realidad que puede resultar obvia, sino su capacidad de adecuación posterior a la planificación de futuro.
Porque, de nada valdría formular, por ejemplo, un plan de movilidad que en pocos años se vea desbordado por la planificación urbanística o, como se piensa, en un amplio plan de recuperación de zonas urbanas en peligro de degradación, si luego no va acompañado de otro de acción concreta en servicios sociales y hasta del transporte público.
Esta es la realidad de unos trabajos que deben, además de contener una buena dosis de conocimientos profesionales y hasta científicos, otro conocimiento, el de la ciudad en sí, y, sobre todo, contar con la opinión manifiesta de los propios vecinos a través de un largo trabajo de consulta y discusión.
Si no se cumplieran todos estos pasos, estaríamos frente a la expresión de una buena voluntad de hacer las cosas, aunque ciertamente se correría el riesgo de no contemplar el futuro en su globalidad, con lo que esto significaría de frustración para toda la ciudad.
La planificación estratégica de la ciudad exige un gran ejercicio de investigación social, económica y cultural, que incluye bien es cierto, un trabajo tranquilo y sosegado muy apegado al terreno.
De lo contrario, el Gobierno Municipal se asomaría a un ejercicio ciertamente vano que los ciudadanos, sin duda, le reprocharían.

Fitur y la Gandia de 2025

Tal vez el fallo principal del gobierno municipal esté en querer mostrar un adelanto del famoso plan “Gandia 2025”, cuando en realidad aún faltan muchos pasos para dar.
Tantos que, por ejemplo, a partir de las primeras conclusiones y los estudios ya realizados, debe pasar un largo camino de discusión con los colectivos sociales, económicos, políticos y culturales de la ciudad, para construir finalmente por consenso el documento que ha de ser la madre de “Gandia 2025”.
¿Quiere esto decir que ha existido precipitación en su presentación? Pues obviamente, sí. A tal punto que tras las primeras críticas, no sólo las políticas sino las de algún actor económico como son los hosteleros, se decidió a prisas y carreras, hacer una presentación mucho más completa este mismo miércoles en la Casa de la Marquesa, para dar cuenta en detalle de lo que se ha trabajado hasta la fecha.
Lo bien cierto es que el sociólogo José Miguel Iribas, responsable del proyecto, no ha hecho hasta ahora nada más que trabajar con datos y series estadísticas de base para extraer primeras conclusiones que ayuden a entender de qué hablamos. En todo caso se trata de una persona con vasta experiencia en el sector, uno de cuyos trabajos más conocidos ha sido el de el plan de estrategia turística de Benidorm realizado para los sucesivos gobiernos municipales del PP en aquella población, lo que no le ha ahorrado ahora críticas del portavoz popular local, Arturo Torró, que llegó a calificar (tan ajustado como siempre a las buenas formas) de “pantomima” la presentación hecha en FITUR.
Sea como fuere, si las nuevas ideas fuerza que surgen de los estudios, ratifican algunas de las líneas de las que se viene hablando hace años para el sector turístico de Gandia y el urbanismo local, sería en todo caso la primera vez que se habla con conocimiento de causa, esto es con datos en la mano.
Otra cosa es que, a estas alturas de los trabajos, no existan aún nuevas ideas que ayuden a modificar una situación que se prolonga demasiado en el tiempo, como es el del tipo de público objetivo que llega a esta ciudad, la estacionalidad, la calidad de la oferta o el impacto que un urbanismo desbocado ha tenido en la playa que ofrecemos a los turistas.
Es decir, sobre éstas y muchas otras cuestiones habrá que discutir y mucho, entre toda la sociedad en los próximos meses. Lo importante ahora es conocer cómo se hará esa discusión, que metodología de trabajo se va a utilizar para recoger sus resultados y, finalmente, que visos de aplicación tendrá para el futuro.
Si no se establecen y garantizan estos pasos, poco y nada se puede esperar del plan, lo que sería de verdad, entonces sí, lamentable y rechazable.
Dicho todo esto, volvemos al principio, a los errores de un gobierno que hasta ahora ha sido incapaz de poner un paraguas común a las decenas de proyectos que tiene en marcha y explicar de una buena vez la financiación de los mismos.
Y es que si no se cumplen estos requisitos básicos, estaríamos en presencia de una buena idea totalmente desaprovechada o, lo que es peor, sólo ante una iniciativa que lo que persigue es demostrar que se trabaja en algo más o menos llamativo cuya utilidad futura podría ser ninguna.
Y en esa misma línea, el Ayuntamiento de Gandia, por lo pronto, debería replantearse su presencia en FITUR en futuras ediciones: la crisis se ha llevado por delante este año a más del 15% de expositores de la feria, y aunque se diga que las visitas de público han sido superiores a otros años, lo que importa de veras es la calidad y cantidad de los contactos habidos con profesionales del sector. Acabado el ciclo del ladrillo y de las segundas residencias vendidas sobre plano, urgen medidas más adecuadas a los tiempos que corren.
Pues eso, a leerse los 400 folios y a hacer de la necesidad virtud, que buena falta hace.

Fuera de la realidad

El anticipo de la programación posible para la celebración del quinto centenario de Sant Francesc de Borja contiene una serie de acontecimientos de carácter cultural cuya concreción a día de hoy, está pendiente de la financiación no sólo local, sino de las aportaciones que puedan hacer las administraciones central y autonómica de las que poco o nada se sabe.
Y es que un acontecimiento como el apuntado debería a estas alturas estar más o menos cerrado, y, sobre todo, planteado con una cierta dosis de realismo político que parece estar fuera ahora mismo de los cálculos del gobierno municipal.
Porque, entre otras cosas, la crisis económica que afecta a todo el mundo, más tarde o más temprano hará mella en unas cuentas municipales (que más allá de la discusión política) no parecen ser muy realistas y antes, al contrario, sólo se compadecen con una declaración de intenciones.
Pero es que hay más datos preocupantes al respecto. De lo anunciado hasta ahora, no cuadra para nada que entre el programa elegido se hable de un crucero que uniría Gandia con Roma, pasando por Barcelona, para hacer la ruta de los Borja. La primera consideración es de carácter claramente económico ya que su coste, por mucho que se diga que se harán cargo del mismo quienes lo ocupen, no deja de ser una “boutade” en los tiempos que corren.
La segunda cuestión es claramente política: ¿un crucero para unos pocos elegidos que se puedan pagar el viaje será entendido por el resto de la población? ¿Y quién pagará el coste de los invitados, que los habrá? ¿Cuál el es sentido que puede tener semejante iniciativa? Las respuestas están claras, tan claras que no hace falta explicitarlas.
Además, otro de los actos previstos en el programa, el estreno de una obra musical a cargo de Carles Santos con el acompañamiento de 500 ¡quinientos! músicos parece cuando menos otro despropósito. No porque Santos no tenga un currículum que acredita su polifacética obra, sino porque el carácter de su música conceptual y arriesgada (o sea, polémica) lo hace cuando menos incompatible con un concierto masivo en la plaza del Prado o en la Iglesia del Gesu en Roma. Se ha de ser claro: Santos compone un tipo de música para ultraminorías a todas luces alejada de lo que se espera de un acontecimiento como el que se conmemorará.
Así las cosas, da la sensación de que se están propasando los límites de la realidad para hacernos creer que “todo va bien”, cuando lo cierto es que está proponiendo en parte un programa de actos de difícil digestión por parte de una sociedad justificadamente preocupada por la situación económica a quien le hará muy poca gracia aceptar un dispendio como el que se propone.

Obras contra la crisis

Tanto por el volumen de lo anunciado, como por la lista de emprendimientos, se entiende que en la cabecera del comunicado oficial se diga que tales obras están destinadas a crear ocupación
Con la presentación de los presupuestos de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia para este año, con un total de 53 millones de euros, se pone en marcha, al menos en los papeles, una serie de inversiones que, sumadas a las del “plan Zapatero”, y a las propias del ayuntamiento de la ciudad, el que sin duda es el más ambicioso plan de obras y servicios de todos los tiempos.
Tanto por el volumen de lo anunciado, como por la lista de emprendimientos, se entiende que en la cabecera del comunicado oficial se diga que tales obras están destinadas a crear ocupación, generar inversiones productivas y ayudar a las personas más afectadas por la actual situación económica”.
Por lo pronto, este acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la empresa pública ha tenido la oposición del PP y Bloc en cuanto a la suscripción de un préstamo de 30 millones de euros para este año, con el objeto de financiar todas las inversiones, junto al ya contratado en 2008 de otros 19 millones, mientras algunas de las iniciativas, como el plan de vivienda social, han sido enteramente rechazadas por la oposición.
El alcalde de Gandia en su comparecencia ante los medios, tras la reunión del ente, explicó en rueda de prensa su punto de vista respecto a las causas de esa oposición tanto del PP como del BNV, resumiéndolo en que “seguramente intentarán una vez más el discurso de la falta de transparencia en la actuación del Gobierno Municipal, pero les hemos explicado en detalle lo que vamos a hacer y aún así han preferido votar en contra, en algún caso sin dar explicaciones al punto que hemos tenido que preguntarles -invirtiendo los papeles- las razones de su voto”.
Como quiera que sea, en el tema colea la negativa de populares y nacionalistas a aceptar un esquema de empresas públicas donde se sienten mal representados y al albur de la información que el gobierno quiera o no proporcionarles en cada momento.
Sea como fuere, lo importante ahora pasa por saber si todo el cronograma de obras podrá cumplirse dentro de los plazos previstos, habida cuenta de que en algunos casos, apenas si se cuenta con proyecto definido, así como las aportaciones que otras administraciones puedan realizar una vez comprometido el gasto.
Lo bien cierto es que restan dos años y medio para el final de la legislatura y que, semejante volumen de obras puede tener su contrapartida en las dificultades que pueden crearse a los vecinos durante el tiempo de la obra.
Otra cosa es el endeudamiento que tal plan supone para la empresa pública, aunque el Alcalde se haya empleado a fondo en explicar que de lo que se trata es de un doble objetivo: mejorar la ciudad y ayudar a que la economía local se impulse para salir de la crisis.