Sectarismo partidista

La carta que el Conseller de Infraestructuras, Mario Flores, y la Alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, han enviado al nuevo Ministro de Fomento, José Blanco, “exigiéndole” la construcción de la línea férrea entre Gandia y la capital de La Marina y la consecuente puesta en marcha del servicio, no deja de ser una “boutade” cuyo único propósito es tapar la propia incapacidad del PP valenciano para hacerse cargo de sus compromisos.
Desde hace por lo menos tres años, el acuerdo alcanzado por el Ministerio y la Generalitat Valenciana que debía haber sido ratificado por un convenio que nunca se firmó, atribuía al Gobierno Valenciano la responsabilidad de la obra, mientras que al Gobierno central le tocaba la realización de la vía férrea entre Xàtiva y Alcoy.
La diferencia es que esta última ya está en ejecución, mientras que en el caso Gandia-Oliva-Dénia las cosas siguen igual, porque en realidad lo que el Conseller y la inefable alcaldesa de Dénia (que alcanzó su cargo gracias a una moción de censura promovida con el concurso de un tránsfuga socialista) están diciendo es que renuncian a asumir su parte del trato, y ahora intentan -una vez más- culpar al gobierno de Zapatero por su propia negligencia.
Y no es que el Ministerio no tenga parte de responsabilidad en los anuncios repetitivos y la apertura de expectativas desmedidas respecto al tren, no. Sólo que desde 1995, cuando una movilización popular demandó su construcción, a la que se plegaron todos los partidos, las culpas están repartidas: durante los ocho años del gobierno Aznar no se avanzó ni un milímetro en el tema y, como se ve, tampoco en los últimos cinco de gobierno socialista.
Sea como fuere, no deja de ser hiriente para la opinión pública de las ciudades afectadas que ahora se pretenda endosar la responsabilidad a la otra parte, cuando el preacuerdo estaba claro desde hace tiempo, tal como se muestra en páginas interiores de este número.
Pero hay más: el absoluto desprecio que demuestra la actitud de la Generalitat Valenciana al no convocar a la reunión a los alcaldes de Gandia y Oliva, rompiendo así la unidad de acción que hasta ahora se había mantenido al respecto entre los tres municipios.
Un dato más: la oficina de atención a las mujeres maltratadas de la Safor, se instalará... en Dénia, una decisión aberrante, casi una burla a toda la comarca, ya que por lo pronto -más allá de la falta de transporte público entre ambas localidades- la vista de los casos judiciales de este tipo corresponden a la jurisdicción de Valencia y no a la de Alicante, una cuestión en la que tampoco parece haber reparado la Consellera Sánchez de León.
Y ambas situaciones tienen un nombre en política: sectarismo partidista.