Pati, pami...

La sentencia por la que una jueza condena al Ayuntamiento de Gandia a pagar 600 euros a cada uno de los 84 vecinos afectados por la actividad de la discoteca “Pati Pami” constituye en sí misma, además de la multa, un reproche en toda la línea al comportamiento observado por el gobierno local en todo este asunto.
Básicamente, las quejas iniciales de los vecinos han ido siempre en la línea de las continuas y crecientes molestias por ruidos provenientes del interior de la instalación, así como de los altercados y comportamientos incívicos producidos en las cercanías de la “disco”, a horas claramente intempestivas.
Ya en su día, cuando comenzó la construcción del local, los vecinos hicieron sentir su voz de queja, aunque legalmente no fue posible, según se explica, evitar su construcción en una zona que, todo hay que decirlo, había sido declarada como saturada por otra resolución judicial.
Lo que ahora viene a decir la nueva resolución judicial es que el Ayuntamiento de Gandia ha pecado de “inactividad”, tras la orden de cierre dictada en febrero de 2007 por el departamento de Medio Ambiente, debido a “deficiencias no subsanadas” detectadas por los servicios municipales de inspección. La mencionada orden en realidad lo que hacía era no otorgar la preceptiva licencia de actividad a la discoteca en función, precisamente, de los problemas no resueltos.
Ahora bien, dos años y cuatro meses después de aquello, no se entiende que la orden de clausura no fuera ejecutada como tampoco que no se le concediera la licencia, mientras se dejaba hacer a sus propietarios, en una situación de total irregularidad que, de haber sucedido algún incidente grave, la responsabilidad habría caído -qué duda cabe- sobre las espaldas municipales antes que sobre la propiedad de la actividad.
Ahora bien, lo más curioso y llamativo de la situación es que dos días después de conocido el fallo judicial, la Comisión de Gobierno otorgue la licencia de actividad.
Con todo, entre las frases que vale la pena entresacar del fallo resalta aquella que señala que “es irrelevante que dos años y medio después de la adopción de la medida se alegue (por el Ayuntamiento) que está próxima la concesión de la licencia ante la subsanación de las deficiencias dado que la medida cautelar ha estado todo este tiempo sin ejecutar y sin que se hubiera alzado la misma”.
Ahora, el Ayuntamiento tendrá que pagar más de 50.000 euros en total de indemnización a los vecinos “en concepto de daños morales causados por las molestias sufridas durante dos años y medio”.
Alguien tendría que explicar el desaguisado y sus razones, si las hay, más allá de la burocracia.