jueves, 30 de septiembre de 2010

La huelga

Entre la disparidad de datos sobre el seguimiento de la huelga general de este miércoles, aflora el sentimiento de que nada ha cambiado. Es verdad, según las cifras ofrecidas por los sindicatos, la patronal y los gobiernos municipales de la comarca, el día de paro se resolvió con una incidencia superior en la industria, menor en los servicios públicos, como sanidad o educación, y apenas testimonialmente en el ámbito de los servicios y el comercio.
Lo más importante, con todo, es la ausencia comprobada de desórdenes o incidentes de relevancia en la comarca.
Como quiera que sea, habrá que interrogarse el día después el por qué de estos datos, casi calcados a lo ocurrido en las grandes concentraciones industriales y urbanas de toda España, y más que todo eso, acerca de qué puede esperarse a partir de ahora, cuando el gobierno ya ha dicho que no revisará las medidas adoptadas en torno a la reforma laboral y deja apenas una pequeña puerta abierta a la modificación de las pensiones en cuanto se refiere a la edad de jubilación.
Sea como fuere, lo bien cierto es que el impacto de la movilización sindical parece haber sido menor en tanto y en cuanto los factores que han incidido en su plasmación van desde el “temor de los trabajadores a perder su puesto de trabajo”, a la campaña despiadada contra los sindicatos promovida desde las usinas “informativas” de la derecha, pasando por la actitud del gobierno de Zapatero “respetuoso” con el derecho constitucional de huelga sin saber muy bien de qué lado estaba y los sindicatos a quienes se les reclama una actitud que debería haberse anticipado a los acontecimientos.
El día después, estamos como hace dos: con una tasa de paro escalofriante, con las pequeñas y medianas empresas sin acceso al crédito que les permita evolucionar, con una generación de jóvenes ( la más preparada de nuestra historia) sin acceso al mercado laboral y (lo más llamativo y doloroso) con los verdaderos culpables de la crisis (el poder financiero, eso que algunos llaman pomposamente “los mercados”) campando a sus anchas.
Sea como fuere es preciso, ahora más que nunca, que las fuerzas progresistas de este país, se sienten a dialogar. Partidos, sindicatos y organizaciones sociales diversas, deberían ser capaces de establecer unos mínimos de acuerdo sobre los temas aún pendientes, que no son pocos ni leves, toda vez que la derecha (a quien este gobierno se ha subordinado en cuanto a programa económico) se complace ante el panorama catastrófico que pinta cada día, eso sí, sin proponer ni una sola medida frente a la crisis, camino de ocupar el gobierno de manera inexorable en 2012.
Esto es lo que deja, poca cosa, la huelga general.

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Confusión

Entre el aumento de las tarifas del agua potable y el ranking del endeudamiento municipal, este último con el añadido del “cierre” del crédito a aquellos ayuntamientos que superen el 75% de su presupuesto corriente en deuda, al gobierno de Gandia le han caído encima dos cuestiones que deberían explicarse de forma palmaria a los ciudadanos.
No tanto ya por las críticas de la oposición, que para eso está, sino porque la confusión es may´úscula tanto en uno como en otro caso: por decir algo, en el caso de la tarifa de agua potable, hay quien dice (el PP) que el aumento es de entre un 200 y un 400%, mientras que otros (el gobierno) asegura que no supera los tres euros por familia.
¿Quién tiene razón? Independientemente de cómo se saquen las cuentas, si se incluye, por ejemplo la subida del IVA o no, lo bien cierto es que el tema es complejo toda vez que la explicación ha sido en orden al plan de inversiones de mejora de la red en los próximos años, mientras que para la oposición “el despilfarro” del cánon de la adjudicación (cincuenta y cinco millones de euros) es el causante del aumento “desmedido” de la factura.
Sea como fuere, este no es un tema neor , por lo que sería de exigir a todas las partes claridad y ajuste a la realidad en la información que se proporciona.
En cuanto al tema del endeudamiento municipal, por el que el tope para pedir nuevos créditos está en el 75% del presupuesto corriente, dispuesto por el Ministerio de Economía y Hacienda, más de lo mismo.
Según la página web del organismo central, la deuda viva del Ayuntamiento de Gandia a 31 de diciembre de 2009, era del 67%, mientras que en otras publicaciones se habla de importes del 127%, en algún caso o del 117% en otros.
Lo bien cierto es que en la comarca los casos similares se repiten como, según a quien se consulte, Oliva y Tavernes -por ejemplo- también aparecen con datos no contrastados del todo.
Lo bien cierto es que alguna cosa está fallando a la hora de contabilizar la deuda, tal vez las fechas tomadas como referencia, o tal vez -porque nos ha sido imposible saberlo con exactitud- si en esa deuda se suman los datos de empresas públicas, como en Gandia, o vaya a saberse por qué (Oliva y Tavernes).
Urge pues una aclaración completa del tema, dado que representa hoy por hoy un motivo de preocupación para los ciudadanos, o una herramienta para hacer frente a la crisis, según se mire.
Eso por no hablar de las contradicciones y “erratas” del Ministerio respecto a este tema... y tantos otros.

miércoles, 8 de septiembre de 2010

La ley del embudo

La remodelación del gobierno municipal, ajustada por el alcalde a algunos retoques que no esconden el propósito de mejorar la disposición de su partido, el PSOE, para hacer frente a la campaña electoral, ha derivado en una nueva polémica a cuenta de una denunciada “incompatibilidad” de algunos cargos con el desempeño de responsabilidades en colectivos sociales.
Es el caso, denunciado por el PP, del nuevo Jefe de Gabinete de Alcaldía y del secretario del alcalde, Jesús Ribes y José Más, respectivamente. Al primero se le exige que deje la presidencia de la Asociación de Vecinos de Benipeixcar y al segundo, la Secretaría de la Junta Local Fallera, con el argumento de que estarían contaminando bajo su politización, ambos colectivos.
Al respecto, tanto una como otra asociación han dado ya acabada respuesta a las exigencias del PP, a las que se sumó el Bloc, rechazando las pretensiones de ambos partidos y defendiendo la independencia y capacidad de las dos personas cuestionadas.
La interdidicción (veto) planteado por la oposición municipal haciendo de esto una causa “moral” como se ha dicho, es cuando menos muy poco coherente, si se observan algunos antecedentes que vienen al caso: el propio líder del PP, ahora exigente faro de la moralidad de los demás, continuó ocupando su cargo de Presidente del Centre Histórico y Comercial, pese a ser candidato de su partido a la alcaldía de Gandia, por lo que habrá que colegir por sus propias palabras que el hecho constituye una “grave falta a la ética y la moral política”. Todo eso sin contar que tardó más de un año en hacer efectiva su renuncia, es decir, cuando ya era concejal del Ayuntamiento.
Tampoco resistiría la comparación con Jesús García Cánoves, a la sazón hoy Presidente de la JLF, quien compatibilizó su cargo de Secretario del organismo con su condición de concejal por el Bloc en el Ayuntamiento de Gandia. Y es que el caso da para mucho más, inclusive en la actualidad. En caso de aplicarse el criterio de Torró y Moya, al parecer sobrevenido ahora pero no explicitado hace tiempo. Lo bien cierto es que la lista de personas con cargos políticos de relevancia y a la vez, con representación en diversos colectivos de la ciudad en la actualidad es bastante más extensa de lo que se imagina.
Aún así, por no ir más lejos, la medida que se intenta ahora poner en marcha para el futuro debería sólo limitarse a aquellos que, postulándose al acta de concejal, ocupen cargos en asociaciones ciudadanas. Porque de lo contrario, se estaría limitando el principal derecho de cualquier ciudadano, el de elegir y ser elegido o el de participar en la vida pública. Todo un despropósito.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Dar la nota

Entre las características distintivas de la cultura valenciana, qué duda cabe que la música es una de sus claves más señaladas. Tanto, que el movimiento ciudadano enrolado en la formación musical es uno de lo más importantes del mundo, si se consideran los datos que repetitivamente se han venido dando a conocer a lo largo de muchísimos años.
Y es que cuesta trabajo encontrar algún pueblo de la Comunidad Valenciana donde no exista al menos una pequeña banda de música que lleva asociado el trabajo de instrucción y fomento de la práctica del arte.
Sin embargo, la Generalitat Valenciana que bajo el gobierno del PP tanto ha presumido de su impulso, acaba de dar un corte brutal a los fondos de subvenciones destinadas a la formación, difusión, producción y asociacionismo del mundo musical vernáculo.
A tal punto han llegado las cosas, que la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, que agrupa a varios centenares de bandas, sociedades y conservatorios, ha llegado a decir en un comunicado que “después de los antecedentes de pasados contactos con miembros del Consell, el Gobierno Valenciano carece en estos momentos de credibilidad para los representantes de las sociedades musicales”, una frase que no esconde en absoluto el malestar creado por los recortes generados por la Generalitat, sin descartar movilizaciones y otras acciones de protesta que, si el Conseller de Gobernación, Serafín Castellanos, no lo remedia, serán la marca de este curso.
En la Safor, por ejemplo, el recorte implica una disminución de las ayudas de este año de un 57% respecto al curso pasado, lo que pone seriamente en duda la continuidad de muchos centros y escuelas de música, según lo expresaba con datos en la mano el secretario General del Bloc, Enric Morera, quien además acusaba al PP de que “con el recorte, este gobierno de pijos de derechas ha puesto en peligro los puestos de trabajo de 2.100 maestros de música, el futuro de un patrimonio que agrupa a más de 40.000 músicos y 60.000 alumnos”.
Eso sí, la política de relumbrón de la Generalitat por ejemplo, se ha gastado cantidades desconocidas de dinero en un edificio, el Palau de les Arts, supuesta sede de la ópera, que además de inundarse inoportunamente, con un escenario al que le da por hundirse cada tanto, es una de las peores salas de ópera de Europa ya que más del 22% de sus butacas son “ciegas”, es decir que quienes las ocupan no pueden ver total o parcialmente el espectáculo. Mientras tanto, se corta por lo más fácil, es decir por la formación básica de alumnado que ahora se verá sujeto a las aportaciones que puedan hacer sólo los ayuntamientos y las propias sociedades musicales, es decir, padres de los estudiantes.
Esto es lo que se llama dar la nota.