miércoles, 27 de mayo de 2009

¿Comunicación?

Las últimas polémicas políticas locales, alguna de ellas bastante ficticia por cierto, denotan en común en su origen una cadena de fallos que surgen de la escasa por no decir inexistente política de comunicación del Gobierno Municipal de Gandia.
Y es que si se analiza lo sucedido por ejemplo con el caso de las obras de la Avenida República Argentina, cuya importancia para el tráfico de la ciudad y sobre todo por el impacto sobre los comerciantes del sector, se verá que esos trabajos estaban previstos para junio, que se adelantaron en previsión de males mayores para no tener que actuar sobre el antiguo párking (acabado hace 12 años) con la amenaza de la temporada de lluvias en octubre. Ese adelanto se decidió de un día para otro y, de hecho, se convocó a reuniones a vecinos y comerciantes sólo unos días antes del comienzo de los trabajos.
La reacción de un grupo reducido de comerciantes estuvo a punto de generar un conflicto que se recondujo a duras penas por los responsables municipales y técnicos presentes en la reunión.
Es más, al día siguiente la filtración de la noticia del inicio de obras, cuando se había abierto un “impasse” en la negociación con los comerciantes, generó mayor rechazo aún.
El PP de Gandia no desaprovechó la oportunidad de pescar a río revuelto y, con su habitual tono catastrofista, que igual sirve para denunciar hechos supuestamente graves como para la menor de las historias, y se apuntó al carro del “caos” en que estaría sumida la ciudad según su punto de vista.
El Gobierno municipal ha tardado hasta este miércoles en dar una respuesta que ya tenía clara desde la noche del pasado viernes: hay acuerdo con los comerciantes. Las obras se iniciaron el pasado lunes sin más contratiempos que la rueda de prensa de Arturó Torró apuntándose el tanto del supuesto descontento.

De paso, otra cuestión, la del comercio de la ciudad, sufridor de la crisis como el que más, a lo que se agregan ahora las obras: una desgraciada coincidencia cuya solución parece difícil si no imposible si se quiere cumplir con los plazos establecidos.
Tras la andanada populista, el gobierno se ha visto obligado -una vez más- a ir a remolque de aseveraciones cuando menos inexactas por parte del principal grupo de la oposición.
Las cuentas del Centre Històric parecen estar detrás de toda la cuestión pero habrá que decir que el gobierno municipal tarda ya tres años en explicar lo que sucedió durante el mandato de Arturo Torró en esa asociación. Ya va siendo hora de que se diga lo que hay y se cierre de una buena vez este asunto, en el que este semanario ha insistido desde entonces.

Finalmente, la web municipal, donde el Bloc ha abierto la caja de las sorpresas por la “utilización partidista” por parte del gobierno al colgar en la página de inicio respuestas o comunicados que hacen referencia a críticas de los nacionalistas o del PP sin que pueda hallarse el origen de tales comunicaciones, es decir las palabras de la oposición.
Para empezar, visto lo visto, demuestra muy poca inteligencia el responsable político de la comunicación municipal: bastaría que en vez de hacer referencia a las críticas de los demás, los comunicados del gobierno se construyeran “en positivo” para despejar toda duda de trato desigual a la información generada por unos y otros. Y es que tal y como están las cosas, tiene razón el Bloc cuando, ante la respuesta gubernamental de que “los partidos tienen su propio espacio en la web y que no ha sido utilizado por el Bloc en los últimos dos años”, los nacionalistas dicen que para llegar a esa página hacen falta al menos cinco “clics”, mientras la información oficial se encuentra en la página principal de la web gandia.org.

El gobierno municipal no puede quejarse: sus propios errores de comunicación le facilitan el trabajo al oponente.
Para más inri se inventa un eslogan local del Plan E que se las trae: Y es que Una bona obra parece hecho a la medida del Opus Dei.

miércoles, 20 de mayo de 2009

Romaguera y Simancas

Resulta cuando menos llamativo que el Gobierno Municipal encargue ahora un estudio especializado sobre la Alquería de Romaguera y, a la vez, solicite al Instituto Valenciano de la Vivienda, IVVSA, que los trabajos de urbanización en Santa Ana, donde se ubica el edificio, no le afecten “por ahora”.
Y es más curioso aún porque durante este tiempo, en la polémica surgida a raíz de la solicitada protección de la finca por parte de la oposición y algún colectivo organizado en torno a este asunto, la postura de PSOE y Plataforma no ha sido otra que negar la condición de bien a proteger.
Tal vez una cierta presión social, derivada de un manejo inadecuado del proceso, ha producido este resultado, porque lo más lógico hubiese sido en su día haber solicitado un informe como el que ahora se pretende. Obviamente, no es tiempo de hacer las cosas de manera apresurada, pero no hacerlas a tiempo conlleva este resultado.

En el caso de Simancas, mientras tanto, cuatro propietarios de viviendas han decidido no aceptar la oferta municipal para, o bien la venta de esas propiedades o acogerse a la reparcelación del sector y posterior adjudicación de una vivienda de nueva construcción.
Lo curioso, en este caso, es lo que le toca a la oposición: PP y Bloc han denunciado de una u otra manera “que se quiere cometer una injusticia” con esos propietarios, sin tener en cuenta que -más allá de las circunstancias personales de cada uno- existe una abrumadora mayoría de vecinos que sí han aceptado el proyecto municipal, al punto que en los próximos días se hará el traslado a las viviendas de alquiler, pagadas por el Ayuntamiento.
Otra cosa es que alguno de esos propietarios haya sostenido públicamente que “si el Alcalde no me suelta 200.000 euros por mi casa, se lo voy a poner muy difícil”. El precio estipulado al objeto de la reparcelación o la compra para cada una de esas viviendas es de 42.000 euros.
Siguiendo el razonamiento de la oposición municipal, la pregunta es si acaso el municipio debiera pagar el dinero exigido por ese propietario “para no ponerlo difícil” y facilitar el trámite, sólo que hay un problema: todos quienes han vendido su casa en base a la tasación oficial tendrían el mismo derecho que aquel. O sea.
Y es que hacer política es muy fácil cuando se apela a la víscera más sensible del ser humano: el bolsillo.

jueves, 14 de mayo de 2009

Otro palo y van...

Según parece, al PP de Gandia le siguen creciendo los enanos... en su propio circo. De un tiempo a esta parte, como sucedió hace una semana con el caso del impago de las subvenciones por parte de la Generalitat Valenciana a ASAEM, el grupo mayoritario de la oposición ha vuelto a resbalarse entre sus deseos de criticar al gobierno local y lo que portavoces calificados de su propio partido en Valencia dicen.
Por caso, esta misma semana nada menos que el propio Vice Presidente de la Generalitat Valenciana y Conseller de Presidencia, Vicente Rambla, ponía las cosas en su lugar sobre dos temas de amplia repercusión en la capital de la Safor.
Así, respecto de la colaboración con el Ayuntamiento de Gandia en el programa del Quinto Centenario de San Francesc de Borja, no sólo elogió lo que se prepara sino que habló de varias reuniones y contactos entre el alcalde de la ciudad y él mismo, para hablar del tema. 
Mientras tanto, el PP de Gandía. con Arturo Torró y Carla Ripoll a la cabeza, se había desgañitado en los últimos tiempos con aquel discurso de “el alcalde, si ha ido a hablar con alguien en la Generalitat le habrá llevado un folio, porque allí nadie sabe nada del asunto”. 
Rambla tampoco se quedó corto a la hora de hablar del tranvía cuando se le preguntó por la polémica surgida en la ciudad, donde el propio Torró dijo en pocas palabras que la “Generalitat no aprobará ese proyecto”.  Un par de días después rectificó, aunque el error político ya no tenía arreglo.
Y lo que vino a decir el Vice Presidente de la Generalitat, nada menos, es que “los ayuntamientos tienen autonomía plena para proponer dentro del Plan Confianza los proyectos que quieren financiar con aportación del gobierno valenciano”. Y avanzó alguna frase más en la línea de decir que si los proyectos presentados se ajustan a los requerimientos del plan, no tienen por qué ser rechazados.
O sea, más claro imposible. La desautorización a Torró y los suyos por parte del segundo de Francisco Camps, no puede ser más meridiana. 
 Y el silencio que bien han guardado sobre el asunto sus portavoces habituales tampoco. Es que después de tal serie de despropósitos y salidas de tono (incluyendo descalificaciones  de todos colores) cabe preguntarse  si al PP de Gandia le engañan sus propios compañeros en Valencia, lo que sería muy grave, o si lo que sucede es que no tienen interlocutores entre quienes mandan, o peor aún, si se lo inventan ellos solos.