lunes, 23 de junio de 2008

La crisis

Frente a la situación económica reinante, con la agudización de los indicadores generales que marcan una fuerte inflexión de muchas actividades claves, la comarca obviamente no queda al margen de lo que es, más que en apariencia, un ciclo bajista que afecta a todos.

La primera actividad fuertemente afectada por el parón de la economía es la construcción, cuya preponderancia en la multiplicación de la actividad económica en Gandia y la Safor, ha sido fundamental en el largo cilo de crecimiento que se ha acabado de manera violenta a partir de la crisis similar de las “hipotecas basura” en EE UU, que ha corrido como la pólvora por el mundo entero sumada al consiguiente cierre financiero.

Hay quien dice que en realidad, estamos frente una crisis que en su interior conlleva otras tres: la financiera, los altos precios del petróleo (cinco veces superiores a los de hace un lustro) y la crisis alimentaria producida por las economías emergentes (China e India, entre otros) que están consumiendo reservas de todo tipo y pagando por ellas, precios que hasta ahora no se habían visto nunca.

Hecho este esfuerzo de síntesis, habrá que mirar lo que pueden hacer las administraciones (ahora que hasta los más forofos del libre mercado suplican la intervención del Estado para que ponga solución), y entre ellas las más cercanas a los ciudadanos, los ayuntamientos y, en segundo lugar, las autonomías, ya que el gobierno central se dedica, por lógica, a eso que llaman “macroeconomía”, o sea los grandes números.

Y, sinceramente, no parece que en el caso de la Comunidad Valenciana pueda esperarse mucho: la última idea del Consell ha sido “exigir” al Gobierno de Zapatero que le autorice un mayor endeudamiento que el que ya posee y que pasa por ser récord absoluto entre las 17 autonomías españolas.

Por su parte, los ayuntamientos están, en su mayoría, muy justos de euros cuando no descapitalizados por la falta -precisamente- de una distribución impositiva más justa y equilibrada.

Aún así, cualquier esfuerzo que se haga por aumentar la obra pública (al más puro estilo del “new deal” (nuevo pacto) americano tras la crisis de 1929, será bienvenido, pero para ello hace falta algo más que la mera voluntad política. Porque de lo que no cabe duda es que las administraciones locales son las que más rápidamente pueden reaccionar a la situación, aunque pueda parecer que su aportación a la solución no sea la más importante.

viernes, 13 de junio de 2008

El transporte

La incidencia de la huelga de los transportistas empezaba a dejarse sentir de alguna manera en la comarca a partir del pasado martes. Los piquetes “informativos” habían logrado bloquear en buena parte los transportes de cargas de numerosas empresas locales, las gasolineras eran una muestra de la ansiedad de los usuarios por hacerse con unos litros de combustible y la sensación en hipermercados y supermercados de la comarca era que el desabastecimiento podía producirse en cualquier momento.
Todo ello, claro está, alimentado por una sicosis equivalente a una situación de casi pánico por parte de la población, bombardeada por imágenes e informaciones cual de todas más catastrofista.

En este ambiente, pues, se hace difícil establecer unos parámetros de reflexión suficiente y tranquila para hacer un análisis de las causas del problema y de los verdaderos excesos que se están cometiendo en nombre del derecho constitucional de huelga, impulsada en este caso por dos centrales que representan mayoritariamente a trabajadores autónomos, ya que el resto de asociaciones empresariales del transporte, según se dice un 80% del sector, no se han plegado a la convocatoria.
Y lo bien cierto es que el derecho de los huelguistas se contrapone con claridad con el derecho de quienes han decidido trabajar pero no pueden hacerlo, dado que no se trata solamente de no trabajar por parte de quienes apoyan el movimiento sino de impedir que otros lo hagan y en ese punto el problema se amplifica hasta límites insospechados.

No es de recibo, por ejemplo, que no sólo se impida el paso de camiones o furgonetas, sino que, como se ha visto en varios casos, se inmovilicen esos vehículos por el simple expediente de averiarlos.
Mientras tanto, es razonable pedirle al gobierno español que actúe en dos sentidos: negociando lo que se pueda y hasta donde se pueda con el sector, y por otra parte, garantizando el derecho al trabajo de aquellos que no comparten la estrategia rupturista de quienes impulsan el paro.

Sea como fuere, los datos macroeconómicos empeoran minuto a minuto: si el problema es el precio del petróleo (que casi ha triplicado su precio en tres años) ahí va el último proporcionado por el cuarto producto mundial de hidrocarburos, Rusia. Asegura que el año próximo el barril de petróleo en el mercado internacional llegará a los 250 dólares. O sea...

lunes, 9 de junio de 2008

Sueldos municipales

Tal y como se plantea, el tema del pago del complemento de productividad en el Ayuntamiento de Gandia, exige una clara, precisa y fundamentada explicación por parte de quienes ostentan la autoridad para hacer posible la medida. Sobre todo, en lo relativo a un número de técnicos cuya pertenencia al grupo “A” (el más alto del escalafón de la administración) podría suponer que llegaran a redondear sueldos anuales superiores a los 70.000 euros, lo que ha disparado las críticas sindicales y de la oposición.

Lo que tampoco se ha explicado hasta ahora es cómo será posible aplicar un complemento salarial como éste, el de la productividad, toda vez que la ley no permite que se haga de manera permanente, sino como consecuencia de tareas específicas, concretas y puntuales, según la concejal Ripoll.
Los sindicatos han manifestado ya sus dudas sobre este procedimiento y lo que se adivina ahora es una larga negociación para lograr la adecuación salarial exigida por éstos, a lo que se suma una reclamación similar por parte de la plantilla de la policía local cuyos representantes aseguran que sus sueldos son inferiores a los de su pares en pueblos de muy inferior población a la de Gandia.
Sea como fuere, lo cierto es que aunque la negociación está en la primera fase y no se espera que esté concluida antes de cuatro meses, el PP sostiene que el incremento propuesto por el gobierno municipal supondrá un gasto de 161.000 euros más al año, mientras que el Concejal Mascarell asegura que no llegará a los 100.000.

Todo esto no ha hecho más que comenzar y lo bien cierto es que viene a sumarse a las críticas de la oposición por las contrataciones de personal asesor y por lo que se ha denunciado como existencia de contratos de servicios que incrementarían de manera indirecta el capítulo de personal.

Obviamente, se supone que para atender los requerimientos de una ciudad que crece de manera acelerada, con nuevos servicios, obras y compromisos, es necesario aumentar la dotación de personal que presta servicios para el municipio.

Lo que también resulta obvio es que un tema como el planteado, exige una pronta y detallada explicación de la cuestión, porque en medio de la situación económica que se vive, no resulta del todo claro que se puedan mostrar casos de ingresos tan descompensados respecto de la realidad social circundante.