jueves, 30 de julio de 2009

El “tramsafor”

El anuncio por parte de un grupo de alcaldes de la comarca, de iniciar las gestiones para construir y explotar un servicio de tranvía entre Gandia y Oliva supone, más allá del sorpresivo anuncio, un verdadero órdago a la grande frente a la situación del malhadado proyecto del tren Gandia-Dénia que se arrastra en un erial de promesas incumplidas desde hace 15 años.
Por los detalles que se conocen oficialmente, el proyecto del tranvía, impulsado por los ayuntamientos y la Mancomunitat, podría “ver la luz” en 24 meses, lo que en román paladino significa que en unos 6 meses se estaría en condiciones de “dar inicio a las obras”. Para ello, obviamente, habría que superar dos grandes escollos: los trámites administrativos, bastante complejos en teoría, y la financiación.
Pues bien, en ambos casos podrían existir sorpresas mayúsculas en tanto y en cuanto las cosas parecen bastante avanzadas si se atiende a las fuentes consultadas por “Gente de la Safor” y de lo cual se anticipa información en este mismo número.
Por lo demás, es obvio que el anuncio del inicio de los trabajos, desde la constitución de un consorcio específico hasta la licitación de las obras, constituye en sí mismo un aviso a las dos administraciones que debieron resolver el problema del tren hace ya muchos años. Tal vez pueda interpretarse como una medida de presión clara a la administración autonómica y al Gobierno de España. O, antes bien, la toma de una decisión que acelere de una buena vez la resolución de un proyecto estratégico para las ciudades y pueblos concernidos.
Frente a esto, resalta la actitud del PP local, que se permite “despolitizar” según sus dirigentes, el asunto del tren Gandia-Dénia, convocando a la Alcaldesa de la capital de la Marina Baja, Anna Kringe, a su sede partidaria de Gandia para que desde allí critique la “actitud” de los alcaldes de Gandia y Oliva por no acudir a una reunión a la que supuestamente los había invitado por carta “hace semanas”.
Lo bien cierto es que la alcaldesa, que llegó al cargo hace poco más de un año gracias una moción de censura apoyada por un concejal tránsfuga, hasta ahora no había dicho nunca, “esta boca es mía” en torno a la historia del tren. Y, como en política las casualidades son inexistentes, lo bien cierto es que ni ella ni el PP promovieron ninguna recogida de firmas, ni “movilizaciones” mientras el proyecto fue exclusiva responsabilidad de la Generalitat Valenciana.
Desde hace dos semanas se supone que el proyecto ha pasado a poder del Ministerio de Fomento y entonces sí se ha apresurado a ponerse delante de la manifestación.
Dicho esto, lo que importa es que el tranvía o el tren lleguen cuanto antes. Lo demás es demagogia.

jueves, 23 de julio de 2009

Pati, pami...

La sentencia por la que una jueza condena al Ayuntamiento de Gandia a pagar 600 euros a cada uno de los 84 vecinos afectados por la actividad de la discoteca “Pati Pami” constituye en sí misma, además de la multa, un reproche en toda la línea al comportamiento observado por el gobierno local en todo este asunto.
Básicamente, las quejas iniciales de los vecinos han ido siempre en la línea de las continuas y crecientes molestias por ruidos provenientes del interior de la instalación, así como de los altercados y comportamientos incívicos producidos en las cercanías de la “disco”, a horas claramente intempestivas.
Ya en su día, cuando comenzó la construcción del local, los vecinos hicieron sentir su voz de queja, aunque legalmente no fue posible, según se explica, evitar su construcción en una zona que, todo hay que decirlo, había sido declarada como saturada por otra resolución judicial.
Lo que ahora viene a decir la nueva resolución judicial es que el Ayuntamiento de Gandia ha pecado de “inactividad”, tras la orden de cierre dictada en febrero de 2007 por el departamento de Medio Ambiente, debido a “deficiencias no subsanadas” detectadas por los servicios municipales de inspección. La mencionada orden en realidad lo que hacía era no otorgar la preceptiva licencia de actividad a la discoteca en función, precisamente, de los problemas no resueltos.
Ahora bien, dos años y cuatro meses después de aquello, no se entiende que la orden de clausura no fuera ejecutada como tampoco que no se le concediera la licencia, mientras se dejaba hacer a sus propietarios, en una situación de total irregularidad que, de haber sucedido algún incidente grave, la responsabilidad habría caído -qué duda cabe- sobre las espaldas municipales antes que sobre la propiedad de la actividad.
Ahora bien, lo más curioso y llamativo de la situación es que dos días después de conocido el fallo judicial, la Comisión de Gobierno otorgue la licencia de actividad.
Con todo, entre las frases que vale la pena entresacar del fallo resalta aquella que señala que “es irrelevante que dos años y medio después de la adopción de la medida se alegue (por el Ayuntamiento) que está próxima la concesión de la licencia ante la subsanación de las deficiencias dado que la medida cautelar ha estado todo este tiempo sin ejecutar y sin que se hubiera alzado la misma”.
Ahora, el Ayuntamiento tendrá que pagar más de 50.000 euros en total de indemnización a los vecinos “en concepto de daños morales causados por las molestias sufridas durante dos años y medio”.
Alguien tendría que explicar el desaguisado y sus razones, si las hay, más allá de la burocracia.

jueves, 16 de julio de 2009

Fútbol y dinero

Estos días ha resurgido la polémica, casi habitual en estos tiempos, del papel de la administración pública en la supervivencia de clubes deportivos de élite o, cuando menos, de cierto nivel de competición.
Esta vez ha sido por la situación del C.F. Gandia, una entidad que no hace muchos años es verdad que con modestia y a la vez con determinación, estaba en segunda B del fútbol español, sin olvidar la campaña 86-87 en que llegó a codearse con lo más granado de la 2ª división A.
Desde entonces hasta ahora el Guillermo Olagüe ha pasado de contener más de 3.500 espectadores por partido hasta las raquíticas recaudaciones actuales: un club hundido en una división donde la mayoría de sus rivales pertenecen a ciudades o pueblos valencianos de población sensiblemente menor a la capital de la Safor, con una deuda que, según su Presidente, Dionisio Ollero, es de más de un millón de euros acumulados en estos últimos 11 años y que, según otras fuentes, podría ser muy superior.
Lo preocupante de esta historia es que además se suman argumentos de carácter político que no hacen sino agravar aún más la situación. Por una parte Ollero dice que como él es militante del PP y ex concejal de ese partido, el gobierno socialista de Gandia se niega a darle ayudas.
Por otra el gobierno municipal que se apunta de mediador para que el club se convierta en sociedad mercantil, siempre y cuando el actual presidente deje el cargo tras lo que se define como una gestión desastrosa. A la vez, “presenta” a una empresa que se haría cargo del club en la situación actual, que se haría cargo de las deudas... y aquí salta el primer problema grave: los compradores sólo reconocerían aquellos acreedores “legítimos”, es decir la Hacienda pública (que embarga cualquier subvención al club) y los jugadores de la actual plantilla (tres meses sin cobrar). O sea, de lo que dice el propio Ollero que se le debe a dos de sus empresas, unos 436.000 euros, ni hablar. Eso, por no apuntar al complejo proceso de conversión del club en una Sociedad Anónima Deportiva.
Todo esto sin dejar de apreciar que el líder de la oposición, Arturo Torró, que se ufanó hace meses en anticipar un completo plan de saneamiento del club, antes de que el propio Ollero dijera nada, al final presentó una hoja de cálculo como gran aportación al futuro del club.
Seamos un poco más serios todos: antes que adoptar cualquier medida, lo que sería exigible sería una auditoría independiente que deslinde responsabilidades y, una vez hecho esto, valorar en profundidad si vale la pena intentar reflotar una entidad que no ha dejado de caer en los últimos años.
Y, finalmente, pensar si realmente Gandia, la ciudad, quiere un proyecto de este tipo.

lunes, 13 de julio de 2009

Errores varios

La reforma planteada por el gobierno municipal en el Ayuntamiento de Gandia deja, a estas alturas, algunas enseñanzas que no deberían dejarse pasar, tanto por lo que comporta de cambio de rumbo en la política oficial como de contradicciones en la oposición.
Por caso, empezar señalando que la concejal Mónica Richart, del PSOE, pasa a un área denominada Colectivos Sociales, donde se supone que su trabajo será coordinar la acción de gobierno en la relación con este tipo de organizaciones.
No está claro, entonces cuál es el papel que le corresponderá en relación al área de Participación Ciudadana, dirigida por Javier Soldevila de Plataforma de Gandia y con rango de Teniente Alcalde, en cuyas manos está precisamente ese trabajo. Como no se ha explicado claramente la cuestión se puede deducir un desdoblamiento del área o, en todo caso, la subordinación de la concejal socialista al departamento dirigido por PdG.

Tampoco es menor el hecho de desprenderse de tres de los coordinadores de barrio cuando a la vez se está diciendo que precisamente ésta será una pata fundamental del trabajo futuro, del que se hará cargo personalmente el Alcalde. Si de verdad se redobla la apuesta no parece lógica la decisión tomada dejándola en manos de un único coordinador general que, por bien que lo haga, no podrá cubrir las necesidades del día a día del área, una de las más dinámicas en cuanto a relación ciudadana, como corresponde.
Igual no parece tener demasiado sentido la desaparición de la figura del Coordinador del programa de actos del V Centenario de San Francesc de Borja, a unos pocos meses del inicio de la celebración, aunque la centralización en manos de Toni Durà parece ir en la línea de no dispersar las iniciativas y su desarrollo entre áreas distintas.

Así las cosas, tampoco a la oposición se le podrá adjudicar algún calificativo que mejore la nota en su reacción frente la reforma y, sobre todo, la disminución de cargos retribuidos, a saber: no se entiende que el Bloc, ante el cese de uno de los asesores de cada grupo, pida que se eleve el sueldo a los secretarios de grupo, que permanecen en el cargo, cuando se ha hecho bandera de la crítica al exagerado número de cargos de confianza aprobados al comienzo de la legislatura por el Gobierno.
Pero menos, mucho menos, se entiende al PP de Gandia que por boca de su portavoz adjunta, Carla Ripoll, se ha prodigado en declaraciones críticas al gobierno estos días, dada la ausencia no aclarada en todo el proceso de su jefe de filas Arturo Torró, acaba solicitando “partir” los sueldos de los asesores de grupo para permitir que continúen todos.
Es más, según declaraciones publicadas, Ripoll ha llegado a decir que “esta es una pataleta de Orengo contra el PP” y que el recorte de gastos que producirá la reducción de cargos políticos es “insignificante”. ¿Es que le parece poca, una reducción de 350.000 euros? Pues bien, el gobierno insiste en decir que la medida deja los mismos cargos políticos que en la anterior legislatura cuando se pactó gobierno con el Bloc.
Es más, asegurar como hace Ripoll, que la medida de obligar a los concejales que cuentan con exclusiva (Reig) o dedicación parcial (Martí, Coné y Barber) a elegir entre su sueldo en otros trabajos o el municipal, “va contra el PP que verá disminuida su capacidad de trabajo”, habría qué preguntarle su opinión sobre las tareas desarrolladas por sus compañeros en este tiempo y que conteste públicamente, por si acaso coincide con sus quejas emitidas en privado.

Por lo demás, ahora se verá si realmente se corta con un tema que se prestaba por un lado a la duda legítima de los ciudadanos sobre la dedicación de todos los cargos designados en su día, o a la demagogia de quienes ahora no aceptan pagar parte del coste económico del recorte.
Porque hay que ser claro, el coste político lo ha estado pagando el gobierno municipal, que por mucho que quiera y pueda justificar en el indudable volumen de gestión de esta legislatura los nombramientos, ha tenido que rectificar obligado por la crisis, donde los ciudadanos no entenderían (y no hace falta para esto la oposición) que no se hiciesen ajustes en la nómina “política” municipal.