La trama y Torró

Ahora resulta que, según el informe policial de la Unidad de Blanqueo de Capitales, la trama mafiosa de Correa, Pérez y compañía, financió ilegalmente al PP de la Comunidad Valenciana y que el monto detectado de ese dinero malhabido superaría la friolera de 6 millones de euros.
Frente a esto, el Secretario General de ese partido, Ricardo Costa, se apresuró a presentar una demanda judicial contra los policías firmantes del informe, que este mismo miércoles ha desestimado la justicia, lo que supone un grave descalabro para la estrategia de un PP que pretende hacer creer que todo forma parte de una gigantesca operación contra el Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.
En medio de todo esto, el debate de Política General de la Comunidad Valenciana, en el que el gobierno autónomo se limitó a describir un paisaje paradisíaco de sí mismo autoerigiéndose en una especie de Rey Sol, pobre víctima de la conspiración mayor jamás habida en estas tierras. Eso sí, el Presidente de todos los valencianos no tuvo a bien asistir a la segunda jornada del debate, porque tenía otras cosas que hacer: reunirse durante cinco horas con Mariano Rajoy en el Parador de Alarcón a mitad de camino con Madrid, para tratar de taponar la hemorragia que consume al partido. Un desprecio en toda regla a las más elementales normas de los usos democráticos.
Y, siempre según el mismo informe publicado en distintos medios, con un goteo permanente de nuevos escándalos, la trama Gürtel no sólo actuaba en función de grandes eventos como la Fórmula 1 o hasta la visita del Papa, tantas veces negado por Camps, hasta ahora que empiezan a aparecer pruebas en contrario, sino que se demuestra finalmente que las operaciones irregulares se repitieron en casi 30 ciudades de la Comunidad con motivo de campañas electorales en 2007.
Hasta en Gandia, donde la sospecha de la actuación de Orange Market en estos asutos ya corrió hace meses, se comprueba ahora la relación de la red corrupta con el sorpresivo añadido de que al parecer las facturas de esos actos, contabilizadas en B por la trama, fueron abonadas, a su nombre, por Arturo Torró, según él mismo ha admitido inclusive por importes muy superiores a los reflejados en la contabilidad opaca de la empresa del “Bigotes”.
Al respecto, habrá que preguntarse varias cosas y no es la menor pensar que si esto es así, se habría cometido un delito electoral de magnitud, puesto que nadie puede financiar ni personalmente ni a través de empresas interpuestas, las actividades de un partido a menos que tales ingresos sean declarados ante el Tribunal de Cuentas y figurar convenientemente apuntadas esas operaciones en la contabilidad del propio partido. Nada de esto ha ocurrido, que se sepa, por lo que Torró debería explicar a la opinión pública qué ha hecho. O tal vez deba hacerlo ante un juez.