El "ejemplo" Benidorm

Pese al cinismo del que hace gala el PP con la moción de censura en marcha en Benidorm gracias al concurso de un tránsfuga, al PSPV-PSOE hay que exigirle ya mismo una resolución clara destinada a que ninguno de los 12 ex concejales de ese partido puedan repetir en las listas socialistas dentro de dos años.
Y es que el “caso Benidorm” , se ha transformado en un verdadero catálogo de la impudicia política en este país y, dada su trascendencia en el nivel municipal, donde los estropicios de este tipo se producen con demasiada frecuencia, no es cuestión de permanecer al margen de la opinión ciudadana.
Por un lado, doce concejales del PSPV-PSOE, contra la opinión de su propio partido, se alían con un tránsfuga del PP para quitarle el gobierno de la ciudad a los populares que habían ganado por mayoría absoluta las últimas elecciones. Eso sí, antes abandonan su partido para evitar ser expulsados y de paso, exceptuar de tener que dar demasiadas explicaciones a la cúpula socialista.
Por el otro, el PP, que accedió al poder precisamente en Benidorm gracias a una tránsfuga socialista, la tal Maruja Sánchez, bien pagada desde entonces, tanto ella como su marido, en puestos varios de la administración popular, ahora no sólo se rasga las vestiduras, sino que además, miente escandalosamente para atacar a su oponente.
Desde el propio Mariano Rajoy que se atreve a decir que en Denia (donde los populares, hace apenas un año accedieron al gobierno de igual manera, gracias a un tránsfuga del PSOE,) su partido pactó con “concejales independientes”, hasta Francisco Camps (otro pobre mentiroso a la vista de lo declarado en el caso Gúrtel y probado por el juez) que se permite decir que “cuando la moción de censura del PP al PSOE en Benidorm, no había pacto antitransfuguismo” aunque bien se guardó como Presidente del PP de la Comunidad Valenciana de explicar lo ocurrido en Denia, Villajoyosa, Vall de Laguart, El Puig y algo más.
Y es que estamos frente al encanallamiento de la política y la devaluación de la democracia, contra lo que según parece, es difícil, si no imposible, batallar toda vez que sus principales guardianes son los primeros en buscarle explicaciones que se alejan no ya del sentido común, sino de la simple verdad: que se está violentando la voluntad popular de manera aviesa y haciendo de la política un ejercicio de piratería sin más.
A unos y a otros, al PSOE por ser incapaz de hacerse respetar entre los suyos y al PP por utilizar una doble vara moral, les sería de aplicación un castigo ejemplar: que los ciudadanos tengan muy en cuenta estos hechos para cuando llegue el momento clave, las elecciones.

Stock vivienda

La respuesta de la Asociación de Promotores y Constructores de la Safor, que reune a la gran mayoría de las empresas del sector, a las críticas esgrimidas por la oposición municipal en torno al programa de compra de viviendas de renta libre por parte del Ayuntamiento de Gandia para alquilarlas, tras su conversión en VPO es muy oportuna.
Frente a la situación creada, que en momentos llegó a poner en duda, mediante el subterfugio de “sugerir” cuando menos extrañas y supuestas conexiones con determinados intereses empresariales, se hacía patente la necesidad de que el propio sector diera su opinión.
Y lo ha hecho con elegancia, pasando sobre la política barriobajera que algún portavoz está queriendo introducir en la ciudad al precio que sea. Y es que para los promotores y constructores, además de una buena idea, del programa stock vivienda destacan “la transparencia con que se ha llevado todo el proceso”, además que se han aceptado 19 ofertas de otras tantas empresas, de las cuales el 80% está presente en la asociación, y que las que no se han aprobado lo han sido porque “no se ajustaban a la normativa”.
Dicho de otro modo: se han aprobado 327 viviendas porque esas son las que se han presentado a la oferta correctamente. Esto supone que de 27 promociones presentadas se han aceptado 21, y será ahora la Consellería quien tenga que decidir sobre la adaptación de esas viviendas, construidas por el régimen de renta libre, al régimen de promoción oficicial, VPO, para lo cual necesitarán, además de ajustar el precio de las viviendas al régimen subvencionado, hacer algunas reformas concretas en los edificios para adecuarlas a la normativa.
La definición del Gerente de APC Safor, Antoni Puig, es más que acertada al caracterizar el problema: “actualmente existe un stock de vivienda libre de difícil venta por la situación de crisis, disminución de la demanda y dificultad en el acceso al crédito. Asimismo, existe una necesidad latente de vivienda para colectivos con dificultad para acceder a una vivienda en propiedad y con una cultura poco extendida que conviene estimular”.
Y es que de eso se trata, más allá de que las explicaciones dadas por el gobierno municipal hayan sido poco ajustadas a una mayor y mejor información al respecto, de actuar en dos frentes muy concretos: aliviando la pesada carga del sector de la construcción, generador del 20% del paro en la comarca, y a la vez, hacer realidad, aunque sea en una mínima parte, el derecho constitucional que asiste a todos los ciudadanos de acceder a una vivienda.