lunes, 14 de septiembre de 2009

Stock vivienda

La respuesta de la Asociación de Promotores y Constructores de la Safor, que reune a la gran mayoría de las empresas del sector, a las críticas esgrimidas por la oposición municipal en torno al programa de compra de viviendas de renta libre por parte del Ayuntamiento de Gandia para alquilarlas, tras su conversión en VPO es muy oportuna.
Frente a la situación creada, que en momentos llegó a poner en duda, mediante el subterfugio de “sugerir” cuando menos extrañas y supuestas conexiones con determinados intereses empresariales, se hacía patente la necesidad de que el propio sector diera su opinión.
Y lo ha hecho con elegancia, pasando sobre la política barriobajera que algún portavoz está queriendo introducir en la ciudad al precio que sea. Y es que para los promotores y constructores, además de una buena idea, del programa stock vivienda destacan “la transparencia con que se ha llevado todo el proceso”, además que se han aceptado 19 ofertas de otras tantas empresas, de las cuales el 80% está presente en la asociación, y que las que no se han aprobado lo han sido porque “no se ajustaban a la normativa”.
Dicho de otro modo: se han aprobado 327 viviendas porque esas son las que se han presentado a la oferta correctamente. Esto supone que de 27 promociones presentadas se han aceptado 21, y será ahora la Consellería quien tenga que decidir sobre la adaptación de esas viviendas, construidas por el régimen de renta libre, al régimen de promoción oficicial, VPO, para lo cual necesitarán, además de ajustar el precio de las viviendas al régimen subvencionado, hacer algunas reformas concretas en los edificios para adecuarlas a la normativa.
La definición del Gerente de APC Safor, Antoni Puig, es más que acertada al caracterizar el problema: “actualmente existe un stock de vivienda libre de difícil venta por la situación de crisis, disminución de la demanda y dificultad en el acceso al crédito. Asimismo, existe una necesidad latente de vivienda para colectivos con dificultad para acceder a una vivienda en propiedad y con una cultura poco extendida que conviene estimular”.
Y es que de eso se trata, más allá de que las explicaciones dadas por el gobierno municipal hayan sido poco ajustadas a una mayor y mejor información al respecto, de actuar en dos frentes muy concretos: aliviando la pesada carga del sector de la construcción, generador del 20% del paro en la comarca, y a la vez, hacer realidad, aunque sea en una mínima parte, el derecho constitucional que asiste a todos los ciudadanos de acceder a una vivienda.

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