jueves, 30 de junio de 2011

¿Justicia?

Quince juzgados, nada menos, son los que se pierde la Comunidad Valenciana tras su renuncia explícita a ponerlos en marcha tras el acuerdo del Consejo de Ministros. Entre ellos, el número 6 de Gandia que se queda sin posibilidades de funcionar, debido a que el Gobierno Valenciano no tiene presupuesto para ponerlo en marcha.
Mientras tanto, el nuevo Conseller de Justicia, en vez de explicar algo más convincente, arguye que el “Ministerio de Justicia nos ha querido tender una trampa”, y “aquí lo que hace falta son más jueces, no más juzgados”.
O sea, que da igual, si no hay infraestructuras, ni medios, ni siquiera tóner para las impresoras, o papel para los trámites, lo que de verdad faltan son jueces para hacer una labor que se antoja por lo pronto como muy difícil, si ni siquiera se dispone de un lugar decente para desarrollar su trabajo.
Los juzgados de Gandia, como denunciaron hace tiempo la propia junta de jueces y los sindicatos de trabajadores, están desbordados de trabajo, apilando expedientes en los pasillos, faltos de personal y en condiciones más que precarias en algunos casos.
Y es que, además, la crisis ha tenido como consecuencia un aumento exponencial de causas relacionadas con asuntos civiles (hipotecarios, impagos, etc) que han triplicado los asuntos que deben atender en muchos de los casos con el mismo personal de hace años, y con los mismos, si no menos, medios materiales.
Este es el panorama que se ofrece a los ciudadanos, mientras se intenta echar balones fuera, con un supuesto desacuerdo entre administraciones. Y es que hay ser claro: la ley dice que los juzgados se crean por orden del Ministerio de Justicia, tras una evaluación de sus necesidades, y que son las Comunidades Autónomas quienes deben dotarlos de medios humanos y materiales para su funcionamiento. Pues bien, en este caso el Estado ha cumplido con su papel, y el Gobierno Camps quien ha renunciado a ponerlos en marcha, por lo que el Ministerio publicaba esta semana una orden anulando la creación de estos juzgados.
Con esta administración de justicia no parece que se cumpla ni por aproximación el derecho constitucional a disponer de un servicio gratuito, eficiente e igualitario para todos.
Mientras tanto, en Gandia, jueces y funcionarios pueden afanarse mucho en trabajo que, aunque lo quieran, no van a poder destrabar una situación que se está haciendo cada día más lamentable para el ciudadano.
Baste recordar que no hace mucho en Gandia, dos usuarios tuvieron que pagar de su bolsillo un cartucho de tóner para que se les pudiera extender una copia de un certificado de nacimiento. Y así nos va.

miércoles, 22 de junio de 2011

Roís de Corella

El flamante gobierno municipal de Gandia ha encontrado una fórmula particular para crear un problema allí donde no lo había y, de paso, ofrecer una solución que se antoja -como poco- absolutamente fuera de lugar. Se trata de la serie de declaraciones en torno al complejo deportivo de Roís de Corella, que han ido desde el cierre del mismo, a la “transformación” y “nuevos modelos” que se han propuesto, de manera calculadamente ambigua para liquidar lo que a todas luces es una de las mejores iniciativas de servicios al ciudadano en mucho tiempo en esta ciudad.
Y todo porque al menos al portavoz del gobierno, Víctor Soler, le parece que este centro, en lo tocante a las actividades de “fitness”, “hace competencia desleal a gimnasios privados de la ciudad” o “porque el Ayuntamiento no está para subvencionar el ocio, ni lo lúdico”. En todo caso el PP, hace meses se había quejado de las tarifas que se cobraban en el centro, inferiores a las que aplican los gimnasios privados, sin que por ello, por ejemplo, se cuestione buena parte del “ocio” público que puedan significar las actividades del Polideportivo Municipal que para el caso es exactamente igual en su concepción de servicio público subvencionado.
De aquellas manifestaciones se ha pasado ahora a decir que “es mentira que se piense cerrar el centro, “mientras se agrega la coletilla de que se la va a dar un “uso social”, o como se dijo hace semanas, convertirlo en un centro para pensionistas y jubilados y dedicado a la atención de personas con problemas de movilidad en exclusiva. Es decir, una forma como cualquier otra de acabar con el modelo.
Pero este, al parecer, es un tema bastante más complejo que todo eso y que va desde su actual concepción, de gestión pública directa, a la intención de privatizarla, tal y como se propone para las Escoletes Municipals. Por lo pronto ya se le ha dado la carta de fin de contrato a todo el personal, señalando el próximo 30 de junio como fecha del cese, a la vez que se intenta negociar su continuidad “por tres o cuatro meses más”. Es decir, se está a la espera de que finalizada la temporada estival, los casi 4.000 asociados de todas las disciplinas no tengan oportunidad ni capacidad para hacer sentir su voz como lo están haciendo ahora en las redes sociales.
La preocupación no es baladí, porque soluciones hay muchas sin tener que afectar los intereses de ningún sector, pero lo bien cierto es que precisamente parece este ser el caso: los negocios privados que nunca han tenido tantos usuarios como poseen estas instalaciones, muchos del cuales, la gran mayoría no han pisado otro gimnasio en su vida.
Por lo demás haría bien este gobierno en dialogar con los usuarios y profesionales del centro (que lo son por haber aprobado una oposición) y dejarse de inventos raros para proteger a intereses privados. Roís de Corella

miércoles, 15 de junio de 2011

Disputas de izquierda

Una vez constituidos los ayuntamientos, salta a la vista que en el caso de la izquierda ha dejado escapar varias corporaciones por la falta de acuerdo entre formaciones de ese sector ideológico, otorgándole la gobernación al PP.
Y en ese sentido, el caso más llamativo por su importancia es el de Oliva, donde las diferencias entre PSOE y Bloc le han dado el gobierno en minoría a María Consuelo Escrivá, del PP, un detalle que no es nimio, más bien al contrario. Con una suma de 11 concejales entre ambos partidos, obtenían una cómoda mayoría absoluta para hacer frente a los cuatro años de legislatura. No ha podio ser porque, hay que decirlo claro, ni unos ni otros han querido ponerse de acuerdo: las negociaciones, más que tal cosa, han sido intercambios de cartas públicas y avisos a través de los medios, una señal que -de entrada- daba cuenta de la escasa voluntad existente entre las partes de alcanzar puntos en común.
Lo que ya suena extraño, y chirría a todas luces, es que Enric Morera, máximo dirigente del Bloc, diga que “allí donde se han hecho políticas de derechas por parte del PSOE, o se ha atentado contra el territorio no es posible alcanzar acuerdos”. Un detalle por su parte que se aclare la postura: no parece que sea el caso de Oliva donde sin duda, han primado más los desencuentros personales entre dirigentes de ambos partidos que el peso de la responsabilidad política.
Y ese, lamentablemente, parece ser el denominador común de varios casos más como Xeraco o Bellreguard, donde las ofertas -como en Oliva- de compartir la alcaldía durante los cuatro años, no sirvieron para llegar a acuerdos. Cuestiones personales enquistadas desde hace tiempo -y puede exhibirse un largo catálogo de ello- han provocado que finalmente el PP se haga con la vara de alcaldías donde la mayoría es sensiblemente de izquierdas.
No es el caso de Tavernes donde un tripartito compuesto por Bloc, PSOE y EU le ha quitado al PP la alcaldía de la tercera ciudad de la comarca, pese a las dudas y diferencias internas de Esquerra Unida, mantenidas hasta último momento.
Sea como fuere, se abre ahora en estos pueblos y ciudades una nueva etapa, donde tal vez la tarea conjunta en la oposición pueda, con el tiempo, poner las cosas en su sitio y en ese caso, acercar posturas que ahora mismo parecen irreconciliables, con la duda de si serán capaces de llegar a acuerdos para promover mociones de censura o bien, pasar juntos estos cuatro años en una disputa estéril.
El PP ha logrado todas esas alcaldías en buena lid, porque para ello ha ganado las elecciones, pero el ejemplo de la izquierda no ha sido el mejor de los posibles.

jueves, 9 de junio de 2011

Nuevo gobierno

Este sábado asume el nuevo gobierno municipal de Gandia que, por primera vez en su historia reciente, estará a cargo del Partido Popular y, además, en mayoría absoluta, tras 28 años de gobiernos del PSOE en minoría o con pactos de legislatura. El cambio es doblemente importante, toda vez que el PP no necesitará de ningún consenso (si no quiere) para afrontar esta legislatura en los próximos cuatro años, y porque en sí mismo constituye toda una novedad para la ciudad apreciar las formas del gobierno que encabezará Arturo Torró.
Tal vez, por ahora, no valga demasiado la pena hacer memoria de las promesas electorales formuladas por el ganador de las elecciones ya que primero habrá que dejarle un tiempo de aclimatación al complejo mundo administrativo y político municipal. Aunque, claro está, llegará el momento de que empiece a desarrollar su trabajo en función de la realidad que se encuentre, pasada por el tamiz ideológico del conservadurismo que rige al nuevo gobierno. Será entonces cuando habrá que empezar a medir no sólo sus intenciones, sino sus hechos.
Mientras tanto y, ya casi compuesto en su totalidad, el nuevo gobierno de Torró parece asentarse en por lo menos tres pilares fundamentales: Carla Ripoll, Guillermo Barber y Víctor Soler, que ejercerán las principales áreas de gestión tanto administrativa como política de esta nueva etapa. Pero no deja de ser una novedad que el Alcalde se reserve para sí la gestión directa de tres áreas de importancia: Urbanismo y Ordenación Territorial, Seguridad Ciudadana y Movilidad y, Turismo, lo cual supone una descomunal concentración de responsabilidades cuyo objeto y motivo no están del todo claros, no al menos no se sepa quienes serán definitivamente las personas que le secunden en cada una de esas áreas.
Tampoco es menor la importancia que tendrá el actual concejal Javier Reig, quien en la transición ya está sirviendo como guía de la organización municipal a sus propios compañeros, y que está llamado a ocupar un importante cargo de asesoramiento en el plano administrativo y legal.
Sea como fuere, el próximo lunes a las 8 de la mañana, cuando abra sus puertas la casa consistorial y todos sus servicios conexos, empezará una nueva etapa para este gobierno, para la oposición -en la cual estará por primera vez en décadas el PSOE- y para la ciudad.
Es de esperar que la ciudad no se detenga, que continúe su marcha y su modernización, su fuerza y su modelo de convivencia ejemplar. Existen condicionantes, claro, pero más allá de ellos nadie entendería que el modelo se rompiera por razones ideológicas.
Depende de todos, pero sobre todo del nuevo gobierno municipal.

jueves, 2 de junio de 2011

Escoletes y 15-M

Este domingo, los indignados que ocupan tantas y tantas plazas de toda España decidirán si continúan -en el caso de Gandia por ejemplo- con su manifestación pacífica en reclamo de modificaciones sustanciales a la situación imperante, lo que no es poca cosa dadas las circunstancias.
Tal vez podría ponerse en cuestión lo que los acampados quieren, y con ellos todos quienes les acompañan cada atardecer en la plaza del Ayuntamiento, pero lo que está claro es que saben muy bien que es lo que no quieren: un sistema donde la crisis no la pagan quienes la provocaron, donde se “socializa” el desastre y se “privatizan” los beneficios, frente a una clase política que tampoco sabe muy bien qué hacer frente a acontecimientos que parecen haber superado todas sus previsiones y conocimientos, cuando poderes que no ha elegido nadie y que imponen sus propias reglas de juego -siempre en su favor, claro- además de otras connotaciones que hacen más profunda la desesperanza en que viven amplias capas de la sociedad.
Y en medio de todo esto, el movimiento de “Democracia Real ya” ha puesto a circular en Gandia un primer manifiesto que apunta a una oposición real y concreta a los anuncios programáticos del nuevo gobierno municipal que asumirá el próximo 11 de junio, sobre una “externalización” de los servicios de Escoletes Infantils en la ciudad. Un modelo que mal que bien puede considerarse pionero en media España por la posibilidad que ha dado de contar con tal tipo de enseñanza pública a la inmensa mayoría de la población.
Es verdad que lo de “externalización” puede que no sea sólo un eufemismo, sino la plasmación de un modelo educativo que tanto la Generalitat Valenciana como otros gobiernos autonómicos y locales del PP están llevando a cabo allí donde pueden.
Por eso resulta evidente que una manifestación tan clara de intenciones por parte de los “indignados” de la Safor, sea todo un símbolo de lo que no se quiere, por los riesgos de desintegración y disparidad social que implica y, por lo tanto, significará el primer reto -que se sepa- del nuevo gobierno municipal que sin asumir aún sus responsabilidades, se enfrenta a esta primera advertencia social que pretende reunir firmas para hacer imposible el propósito anunciado por el PP de Gandia.
Falta poco para saberlo pero, aún así, otros signos de duda se alzan en el horizonte, y es que el anuncio del Conseller Font de Mora que quiere eliminar de un plumazo la equivalencia del valenciano frente al castellano y al inglés, dejando las tres lenguas en un 33% obligatorio, no hace más que echar más leña al fuego del ya fustigado sistema educativo de la Comunidad Valenciana.