La situación del plan de renovación del barrio de Simancas ha entrado, también, en el catálogo de esos asuntos que no son asumibles por el común de la población toda vez que se convierten en un asunto de política barriobajera.
Porque no se entiende ahora como la Dirección General de la Vivienda, de la Generalitat Valenciana, que ya había aprobado no sólo la inclusión de este ARUS (Areas de Rehabilitación Urbana) junto con el Ministerio de la Vivienda (copartícipes en los fondos al 50%) con un total de 6 millones de euros de subvención, se descuelgue con impedimentos de todo tipo 72 horas antes de poner la firma definitiva a la cuestión.
Y en esto, a juzgar por los datos de que se disponen, el PP de Gandia y su portavoz, Arturo Torró, tienen mucho que decir: bastó que el concejal de Urbanismo, Fernando Mut, anunciara el lunes que Gandia había sido definitivamente incluida en el plan, a falta de la firma del Ministerio y la Generalitat en una reunión que debe celebrarse este viernes, para que las cosas empezaran a complicarse.
Es más, el martes por la tarde el propio portavoz del PP de Gandia advirtió a algunos periodistas de que “estuvieran atentos al tema de Simancas” pues iba a haber un comunicado de la Dirección General de la Vivienda.
El comunicado, que llegó minutos después de la advertencia de Torró, como se sabe, ponía en cuestión la inclusión del proyecto presentado por Gandia y adelantaba inconvenientes que luego la propia Directora General matizaba en conversación con el Alcalde de Gandia prometiéndole que si se subsanaban los informes requeridos, “en seis meses, para la próxima reunión entre el Ministerio y la Generalitat, el tema quedaría solucionado”.
Sea como fuere, la situación es grave, pues el Ministerio al parecer insiste en que Gandia debe estar en el Plan ARUS y que, además, la falta de acuerdo respecto a este punto podría hacer saltar por los aires la propia continuidad del plan en la Comunidad Valenciana.
Si alguien, como afirma el gobierno municipal, ha puesto palos en las ruedas del proyecto, cuando ya estaba prácticamente cerrado el acuerdo, deberá dar explicaciones muy concretas sobre el por qué de su actitud, a menos que su intención no sea otra que crear un grave conflicto con los vecinos ya realojados por el ayuntamiento y provocar un gran quebranto a la obra.
Aún así sigue siendo necesario un acuerdo, pero visto lo visto y las posturas como están de encontradas, mucho nos tememos que Simancas sufra un nuevo retraso y que, al final, Gandia tenga que desembolsar los 6 millones de euros por su cuenta si quiere cumplir con los plazos ya establecidos.
jueves 25 de febrero de 2010
Simancas
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José Arnau
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jueves 18 de febrero de 2010
Benirredrà
La presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento de Benirredrà, por parte de los grupos socialista y Els Verds, contra la alcaldesa Cristina Gutiérrez (PP), acabará el día 27 con una de las etapas más convulsas de la población en su más reciente historia democrática.
Obviamente, las cartas están echadas y, como consecuencia, Loles Cardona será la nueva alcaldesa con los votos de su propio grupo del PSOE y del concejal de Els Verds, Sito Clavier abriendo así una nueva etapa, corta por cierto, después de un período en que gracias a la abstención en su día de los ecologistas, el PP pudo hacerse con la vara de mando.
A estas alturas, cabe preguntarse si hacía falta llegar a este punto para que la izquierda descubriera que un pacto entre ambas formaciones podría ser más útil ideológicamente para el pueblo, tras una etapa de desencuentros que ha posibilitado el gobierno de la derecha.
A su vez, los habitantes de Benirredrà podrán ahorrarse, a partir de ahora, los casi continuos y desagradables episodios por cuenta de un gobierno municipal que, lejos del diálogo, ha preferido la confrontación no sólo con algunos de sus adversarios políticos sino con diversos colectivos sociales y vecinales.
Entre ellos, el bochornoso asunto de un trabajador municipal que denunció haber sido humillado por la propia alcaldesa que acabó proponiendo un expediente para cesarlo de empleo y sueldo. Este fue, claramente el punto de inflexión del pacto de gobierno que mantenían el PP y Els Verds, una formación que había exigido para pactar con el PSOE la renuncia del cabeza de lista socialista, Pasqual Ivars.
Un pacto que, aparentemente, no le ha reportado gran cosa a Els Verds, salvo verse obligado a romperlo tras no compartir decisiones de la alcaldesa, que inclusive vio como alguno de los suyos prefería irse a casa antes que continuar en aquella dinámica.
Todo lo demás que vino después han sido sobresaltos, hasta llegar a la expulsión del pleno de los representantes de los partidos de la oposición, ocurrida hace unas pocas semanas, por orden de la Alcaldesa Gutiérrez.
Ahora en el año corto que queda de legislatura el nuevo gobierno, además de la anunciada auditoría a las cuentas municipales, tiene ante sí la oportunidad de abrir las ventanas del consistorio para posibilitar la participación de los ciudadanos y, sobre todo, restablecer una paz social tan necesaria en una población que, por su tamaño, es de aquellas donde todos se conocen y la política no puede, no debe ser, un motivo de confrontación entre vecinos de toda la vida.
Con eso que logre, será bastante.
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José Arnau
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