La tele

Qué duda cabe que el futuro de las televisiones locales pasa por su inclusión en el sistema de emisión TDT, dado que su actual permanencia en el “antiguo” sistema analógico no les otorga la más mínima posibilidad de continuidad a la luz de la cada vez más escasa audiencia potencial en ese campo.
Pero en el caso de Gandia y la comarca de la Safor, el problema es más grave toda vez que la Generalitat Valenciana mantiene sin adjudicar las tres señales de carácter privado más la pública que corresponde al consorcio comarcal formado por Gandia, Oliva y Tavernes que a la larga supondrá la transformación de Gandia Televisió en un ente regido por los tres municipios.
Eso siempre y cuando el Ayuntamiento de Tavernes “haga los deberes” que le corresponden en el tema y se sume finalmente a la iniciativa para la que solicitó hace años su inclusión. Aún así, el consorcio podría funcionar sin el ayuntamiento vallero, cosa que de todos modos podría subsanarse en cualquier momento de la tramitación.
Pero, volviendo a la concesión de los tres canales privados en la comarca, se ha anunciado que el tema se retrasará todavía unos meses, habida cuenta de que al parecer (esto es lo que no se ha dicho aún oficialmente) se han presentado recursos y alegaciones al concurso por parte de al menos dos proponentes que habrían sido “apartados” de la licitación de manera irregular, tal como anticipó esta revista hace semanas.
Pero no acaba aquí: tal como también anticipábamos, las tres concesiones para Gandia tendrían ya dueños: curiosamente, tres empresas directa o indirectamente conectadas al PP de Gandia y de Valencia y en algún caso, subsidiarias de emisoras cuestionadas en su propiedad por estar vinculadas a la corrupción del “caso Gürtel”.
Sorprende a estas alturas no sólo el silencio oficial sobre el asunto, sino algunas maniobras que se están dando en el ámbito de la tramitación del mencionado expediente, responsabilidad de Presidencia de la Generalitat Valenciana, así como las expresiones del portavoz del PP de Gandia, Arturo Torró, a quien se vincula directa o indirectamente con la gestión y la propiedad de Tele 7, curiosamente, una de las seguras beneficiadas del concurso, a estar por lo que dirigentes del PP local van haciendo saber a quienes quieren escucharles. Y sorprende aún más, que tras esas acusaciones, tras haberlas negado mucho tiempo, ahora Torró diga que ayudó “a formar el grupo empresarial de Tele 7”. Por cierto, un “grupo” donde sólo aparece su hombre de confianza, José Vicente Codina, como único administrador.
Así se entiende cada vez más su obsesión por poner palos en las ruedas del Gandia Televisió y su propósito de ensuciar la imagen de la televisión pública local, porque más allá de su carácter, se trata de un competidor empresarial molesto. Y lo peor, es que esto no es todo.

Convivencia

La puesta en marcha de la nueva ordenanza de convivencia en Gandia, modificando la existente, de 1949 y algunas enmiendas posteriores, supone la puesta al día de una disposición que pedía a gritos tal actualización, toda vez que los cambios de hábitos sociales -no siempre positivos- han introducido también toda una serie de conductas que provocan no pocos problemas.
Y es que la urbanidad exige una serie de nuevas reglas que pongan de manifiesto los límites de esas conductas irregulares que van desde la prostitución en espacios públicos, el consumo de alcohol en la vía pública, los “graffitis” , pegatinas, panfletos, mendicidad, hasta los ruidos, la venta ambulante sin autorización, los excrementos animales, pasando por el depósito de basuras fuera de los horarios convenidos...
Esta regulación contiene un dato de importancia: se adopta con el acuerdo de todos los grupos políticos (ya era hora) con la aquiescencia del Consell de Participació Ciutadana, es decir con la práctica unanimidad de todos los actores sociales, lo que hace que la norma nazca con un apoyo evidente, gran ventaja a la hora de aplicarla.
Hasta aquí las buenas noticias, y a partir de aquí, las dudas toda vez que tan ambicioso plan necesitará, ahora sí, del compromiso de todas las partes a la hora de su aplicación. No será sencillo ni sus efectos se notarán con rapidez: y es que básicamente, el Ayuntamiento no podrá poner un policía o un agente administrativo detrás de cada esquina para verificar el cumplimiento de la nueva legislación. De tal manera, será mucho más importante la concienciación ciudadana al respecto en la medida que todos deberemos convertirnos en actores de su aplicación.
Y tal vez éste sea el principal trabajo a desarrollar durante una buena época, hasta fijar en el imaginario ciudadano la necesidad no sólo de denunciar a quienes incumplan la ordenanza, sino de proceder con arreglo a unas normas de convivencia hasta ahora dispersas y sujetas al libre y particular entendimiento de la libertad individual como oponente al bienestar general.
En la medida que todos seamos capaces de hacernos cargo de que habrá sanciones por este tipo de conductas, tal vez estemos asegurando una mejor convivencia ciudadana. Pero no todo ha de ser sancionar, la educación será tal vez la mejor manera de prevenir y, en este sentido, queda mucho por hacer.
Bienvenida sea la nueva ordenanza, y bienvenido este nuevo estado de cosas, sabiendo de antemano que seremos los propios ciudadanos quienes decidamos hasta dónde seremos capaces de su cumplimiento. Valdrá la pena intentarlo.