La censura

La decisión de los responsables de la Diputación de Valencia de censurar una decena de fotografías de la exposición anual organizada por la Unió de Periodistes Valencians, con dimisión incluida del Director del Museo Valenciano de la IIustración y la Modernidad, muestra a las claras el talante de algunos políticos a quienes luego se les ensancha el pecho cada vez que se autoproclaman como demócratas.
Desconocer olímpicamente, como hace el Presidente de la Diputación, Alfonso Rus, aquello de la “libertad de expresión”, contraponiéndolo -según su docto parecer- con el de la “libertad de opinión”, no es sino una muestra más de en manos de quien se ha dejado la administración de algunos asuntos públicos.
En opinión de Rus “no le gustan” esas fotografías (por lo demás publicadas durante el último año en diversos medios de comunicación valencianos de gran tirada) porque hacen referencia al caso “Gürtel” y a la implicación de altos cargos del PP en el asunto. Lo que en realidad no le gusta a Rus y sus adláteres, es que la prensa “recuerde” mediante imágenes algunos de los momentos más llamativos de aquellos meses en que un día sí y otro también, los ciudadanos de esta comunidad nos desayunábamos con transcripciones de grabaciones, ceses no cumplidos, comparecencias en los juzgados y un largo etcétera más propio de “Historia Universal de la Infamia” de Jorge Luis Borges, que de una democracia viva y consolidada.
El resultado de todo esto ha sido un nuevo escándalo, criticado inclusive por algunos cuadros nacionales del PP, y que las famosos fotos censuradas del MUVIM tengan cientos de miles de visitas en las páginas web que ya las han colgado, además de la reiteración de las mismas en informativos de televisión de toda España. Por lo demás, son ya numerosas las ciudades que han ofrecido acoger la muestra (a Gandia llegará en verano) a lo largo y ancho del país, con lo que si lo que se quería era “tapar” una realidad a los cientos de visitantes que podrían haberla visto en Valencia, ahora se van a multiplicar por miles dada la expectación que ha provocado la censura y el cierre de la muestra.
Pero a todo esto, lo que no puede dejar de llamarnos la atención es que quien toma la primera decisión, luego avalada por el inefable Rus, ha sido el Diputado de Cultura de la Diputación, responsable del Museo, en el mismo acto inaugural de la muestra. Y es que Salvador Enguix, Alcalde de Beniarjó por el PP y Diputado Provincial, era un político considerado y moderado, muy lejano al parecer de actitudes de este tipo.
Hasta ahora, en que se ha puesto en evidencia por un acto cuya intolerancia y sectarismo remiten a las mejores épocas de la historia de España, esas con la que su propio partido ha tratado de poner distancias con escasa suerte a la vista de la reiteración de este tipo de episodios.

Simancas

La situación del plan de renovación del barrio de Simancas ha entrado, también, en el catálogo de esos asuntos que no son asumibles por el común de la población toda vez que se convierten en un asunto de política barriobajera.
Porque no se entiende ahora como la Dirección General de la Vivienda, de la Generalitat Valenciana, que ya había aprobado no sólo la inclusión de este ARUS (Areas de Rehabilitación Urbana) junto con el Ministerio de la Vivienda (copartícipes en los fondos al 50%) con un total de 6 millones de euros de subvención, se descuelgue con impedimentos de todo tipo 72 horas antes de poner la firma definitiva a la cuestión.
Y en esto, a juzgar por los datos de que se disponen, el PP de Gandia y su portavoz, Arturo Torró, tienen mucho que decir: bastó que el concejal de Urbanismo, Fernando Mut, anunciara el lunes que Gandia había sido definitivamente incluida en el plan, a falta de la firma del Ministerio y la Generalitat en una reunión que debe celebrarse este viernes, para que las cosas empezaran a complicarse.
Es más, el martes por la tarde el propio portavoz del PP de Gandia advirtió a algunos periodistas de que “estuvieran atentos al tema de Simancas” pues iba a haber un comunicado de la Dirección General de la Vivienda.
El comunicado, que llegó minutos después de la advertencia de Torró, como se sabe, ponía en cuestión la inclusión del proyecto presentado por Gandia y adelantaba inconvenientes que luego la propia Directora General matizaba en conversación con el Alcalde de Gandia prometiéndole que si se subsanaban los informes requeridos, “en seis meses, para la próxima reunión entre el Ministerio y la Generalitat, el tema quedaría solucionado”.
Sea como fuere, la situación es grave, pues el Ministerio al parecer insiste en que Gandia debe estar en el Plan ARUS y que, además, la falta de acuerdo respecto a este punto podría hacer saltar por los aires la propia continuidad del plan en la Comunidad Valenciana.
Si alguien, como afirma el gobierno municipal, ha puesto palos en las ruedas del proyecto, cuando ya estaba prácticamente cerrado el acuerdo, deberá dar explicaciones muy concretas sobre el por qué de su actitud, a menos que su intención no sea otra que crear un grave conflicto con los vecinos ya realojados por el ayuntamiento y provocar un gran quebranto a la obra.
Aún así sigue siendo necesario un acuerdo, pero visto lo visto y las posturas como están de encontradas, mucho nos tememos que Simancas sufra un nuevo retraso y que, al final, Gandia tenga que desembolsar los 6 millones de euros por su cuenta si quiere cumplir con los plazos ya establecidos.