miércoles, 20 de mayo de 2009

Romaguera y Simancas

Resulta cuando menos llamativo que el Gobierno Municipal encargue ahora un estudio especializado sobre la Alquería de Romaguera y, a la vez, solicite al Instituto Valenciano de la Vivienda, IVVSA, que los trabajos de urbanización en Santa Ana, donde se ubica el edificio, no le afecten “por ahora”.
Y es más curioso aún porque durante este tiempo, en la polémica surgida a raíz de la solicitada protección de la finca por parte de la oposición y algún colectivo organizado en torno a este asunto, la postura de PSOE y Plataforma no ha sido otra que negar la condición de bien a proteger.
Tal vez una cierta presión social, derivada de un manejo inadecuado del proceso, ha producido este resultado, porque lo más lógico hubiese sido en su día haber solicitado un informe como el que ahora se pretende. Obviamente, no es tiempo de hacer las cosas de manera apresurada, pero no hacerlas a tiempo conlleva este resultado.

En el caso de Simancas, mientras tanto, cuatro propietarios de viviendas han decidido no aceptar la oferta municipal para, o bien la venta de esas propiedades o acogerse a la reparcelación del sector y posterior adjudicación de una vivienda de nueva construcción.
Lo curioso, en este caso, es lo que le toca a la oposición: PP y Bloc han denunciado de una u otra manera “que se quiere cometer una injusticia” con esos propietarios, sin tener en cuenta que -más allá de las circunstancias personales de cada uno- existe una abrumadora mayoría de vecinos que sí han aceptado el proyecto municipal, al punto que en los próximos días se hará el traslado a las viviendas de alquiler, pagadas por el Ayuntamiento.
Otra cosa es que alguno de esos propietarios haya sostenido públicamente que “si el Alcalde no me suelta 200.000 euros por mi casa, se lo voy a poner muy difícil”. El precio estipulado al objeto de la reparcelación o la compra para cada una de esas viviendas es de 42.000 euros.
Siguiendo el razonamiento de la oposición municipal, la pregunta es si acaso el municipio debiera pagar el dinero exigido por ese propietario “para no ponerlo difícil” y facilitar el trámite, sólo que hay un problema: todos quienes han vendido su casa en base a la tasación oficial tendrían el mismo derecho que aquel. O sea.
Y es que hacer política es muy fácil cuando se apela a la víscera más sensible del ser humano: el bolsillo.

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