¿Justicia?

Quince juzgados, nada menos, son los que se pierde la Comunidad Valenciana tras su renuncia explícita a ponerlos en marcha tras el acuerdo del Consejo de Ministros. Entre ellos, el número 6 de Gandia que se queda sin posibilidades de funcionar, debido a que el Gobierno Valenciano no tiene presupuesto para ponerlo en marcha.
Mientras tanto, el nuevo Conseller de Justicia, en vez de explicar algo más convincente, arguye que el “Ministerio de Justicia nos ha querido tender una trampa”, y “aquí lo que hace falta son más jueces, no más juzgados”.
O sea, que da igual, si no hay infraestructuras, ni medios, ni siquiera tóner para las impresoras, o papel para los trámites, lo que de verdad faltan son jueces para hacer una labor que se antoja por lo pronto como muy difícil, si ni siquiera se dispone de un lugar decente para desarrollar su trabajo.
Los juzgados de Gandia, como denunciaron hace tiempo la propia junta de jueces y los sindicatos de trabajadores, están desbordados de trabajo, apilando expedientes en los pasillos, faltos de personal y en condiciones más que precarias en algunos casos.
Y es que, además, la crisis ha tenido como consecuencia un aumento exponencial de causas relacionadas con asuntos civiles (hipotecarios, impagos, etc) que han triplicado los asuntos que deben atender en muchos de los casos con el mismo personal de hace años, y con los mismos, si no menos, medios materiales.
Este es el panorama que se ofrece a los ciudadanos, mientras se intenta echar balones fuera, con un supuesto desacuerdo entre administraciones. Y es que hay ser claro: la ley dice que los juzgados se crean por orden del Ministerio de Justicia, tras una evaluación de sus necesidades, y que son las Comunidades Autónomas quienes deben dotarlos de medios humanos y materiales para su funcionamiento. Pues bien, en este caso el Estado ha cumplido con su papel, y el Gobierno Camps quien ha renunciado a ponerlos en marcha, por lo que el Ministerio publicaba esta semana una orden anulando la creación de estos juzgados.
Con esta administración de justicia no parece que se cumpla ni por aproximación el derecho constitucional a disponer de un servicio gratuito, eficiente e igualitario para todos.
Mientras tanto, en Gandia, jueces y funcionarios pueden afanarse mucho en trabajo que, aunque lo quieran, no van a poder destrabar una situación que se está haciendo cada día más lamentable para el ciudadano.
Baste recordar que no hace mucho en Gandia, dos usuarios tuvieron que pagar de su bolsillo un cartucho de tóner para que se les pudiera extender una copia de un certificado de nacimiento. Y así nos va.