Tele 7

Finalmente, como ya se sabe, la Generalitat Valenciana ha hecho aquello que se venía anunciando desde hace meses en esta revista: ha adjudicado los tres canales de TDT privados de la comarca a otras tantas empresas, al menos dos de las cuales cuentan con conexiones más que evidentes con el PP, mientras deja en el limbo y bajo amenaza de sanción, a la única señal que está obligada a conceder, la de propiedad pública de los ayuntamientos de Gandia y Oliva.
Con esta resolución, el Consell consagra lo que ya era una evidencia y un clamor público, es decir apuntar a sus amigos en la concesión de medios de comunicación cuyo carácter de servicio público les obligaría a ser por lo menos más cuidadosos en las formas, cosa que no han hecho sino más bien al contrario se ha reincidido en la vergonzosa estrategia de privilegiar a los suyos.
Y no es la menor de todas estas arbitrariedades haber dejado fuera de la licitación, con argumentos más bien vergonzantes, a otras tres ofertas en el primer estadio del concurso. Lo bien cierto es que ya se sabe que una de estas empresas perjudicadas planteará probablemente en los próximos días una acción judicial cuyo alcance está por ver, mientras las otras dos ofertas rechazadas (de una misma empresa local) han abandonado su intención de recurrir.
Sea como fuere, lo peor de toda esta historia es que el Consell adjudica provisionalmente, es verdad, dos de esas señales a empresas cuyas vinculaciones con el PP y con algunos de los escándalos de corrupción más sonados en la Comunidad Valenciana, es más que evidente.
Por otra parte, se entiende la alegría que Director de Tele 7 Safor, expresa en un comunicado por la concesión obtenida, como no podía ser de otra manera, pero lo bien cierto es que después de tantas explicaciones, el señor Codina sigue sin decir lo más importante de toda esta historia: ¿quién o quiénes conforman la sociedad Inversiones Especiales del Mediterráneo adjudicataria de la señal de Tele 7? Y es que, como todos sabemos, detrás de él está el portavoz del PP de Gandia, Arturo Torró. Seguramente, admitir esto, que todo el mundo sabe, no les favorece en tanto y en cuanto sólo haría que certificar lo que toda Gandia sospecha. Algo turbio debe haber cuando no se es capaz de asumir la verdadera propiedad de la emisora “premiada” con una licencia de TDT.
Sea como fuere, la Generalitat Valenciana, después de consumada esta anormalidad democrática y patrimonial, debería aventar toda sospecha respecto a su verdadero propósito: facilitar que de cara a la campaña electoral, sólo pueda verse una única señal, la suya. Para ello haría falta que concediera de una vez por todas, la licencia obligatoria a la televisión pública. Por higiene democrática y por aquello de la pluralidad. Pero es difícil, casi imposible, que lo entiendan.