No sabe/no contesta

La Generalitat Valenciana tiene serios problemas financieros, no en vano pasa por ser la nuestra la autonomía con mayor endeudamiento per cápita de toda España, una de las tres con mayor índice de paro y un déficit galopante.
En ese marco, no resulta nada extraño que se anuncie el retraso “sine die” de las obras del Palacio de Justicia de Gandia, tras haber forzado una carrera de obstáculos al Ayuntamiento para la cesión de los terrenos. El anuncio lo hizo el miércoles la Consellera Paula Sánchez de León, quien además tuvo que reconocer que el marco de trabajo en el que se desenvuelven los juzgados de Gandia “es lamentable”.
Tampoco resulta extraño que los colectivos sociales de la comarca dedicados a atender enfermos con graves minusvalías denunciaran la reducción sustancial de las subvenciones o, como en algún caso, anunciaran la posibilidad de estar al borde del cierre.
A algunas de estas entidades se les adeudan las subvenciones prometidas hace un año, al punto que hace meses el propio Ayuntamiento de Gandia tuvo que adelantar dinero para que pudieran continuar funcionando y pagar al menos los sueldos de las personas que atienden a los afectados.
La respuesta ha sido ahora, la de casi siempre, la promesa de que “muy pronto se normalizará la situación”, es decir, “vuelva usted mañana”, o algo por el estilo.
Y en esa misma línea, el Presidente Camps ha contestado a Gandia en torno a la implicación de la Generalitat Valenciana en el Vº Centenario de Sant Francesc de Borja.
Las continuas demandas de entrevista del Alcalde de la ciudad para hablar sobre el tema se han resuelto por el expediente de derivar ese trámite a la Consellera de Cultura, Trinidad Miró, con quien José Manuel Orengo ya se reunió hace tres meses... y sin respuesta hasta ahora. Eso, amén de otra serie de entrevistas con el Vice Presidente Rambla y el Secretario de Cultura de la Generalitat.
Del compromiso expresado por Camps hace un año, según parece, nada queda de palpable: o las razones son políticas, o son simplemente financieras, o... dejadez de un gobierno autonómico paralizado desde hace meses tras el estallido del caso Gürtel y la imputación del propio Camps, que se ha hecho extensiva a varios altos cargos de la Generalitat tras el último auto del Juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sea por lo que fuere, lo bien cierto es que estos casos demuestran con claridad el grado de escaso compromiso social del gobierno valenciano, que -para más inri- ha sido señalado como el que menor grado de cumplimiento está dando a la ley de Dependencia en toda España.
Eso sí, “el mejor gobierno interplanetario”, Camps dixit, sigue a la suya.