El Consell de la Generalitat Valenciana ha adjudicado definitivamente las licencias para emitir en TDT a dos empresas en el ámbito del concurso convocado al respecto hace meses. Las agraciadas, que ya lo eran de manera provisional, son Inversiones Especiales del Mediterráneo S.L. y Comarques Centrals TV S.L. , mientras se anula la adjudicación provisional a otra empresa por un recurso presentado por otro oferente.
Lo bien cierto es que Tele 7, pertenece a un “grupo inversor” desconocido, detrás del cual se encuentra el portavoz del PP Arturo Torró, que según sus propias manifestaciones “facilitó” la compra de la antigua emisora, en un rocambolesco negocio del que poco a poco van conociéndose más datos, como al parecer el supuesto impago a los anteriores propietarios de los pagarés que se entregaron para cerrar la operación.
En el otro caso, no ha sido menos sorpresivo que su titular ceda, antes de iniciar incluso las emisiones, sus derechos a otra empresa, Radio Gandia, sin que se sepa muy bien el mecanismo utilizado para ello, toda vez que la ley de telecomunicaciones es muy estricta al respecto. En todo caso, el problema será para el licenciatario que podría ser sancionado hasta con la retirada de la autorización si la propia Consellería tomara cartas en el asunto.
Sea como fuere, con todo, la buena noticia es que las tres televisiones locales, incluyendo en este grupo a la pública Gandia TV, han estado avanzando en un acuerdo para la explotación y gestión del múltiplex común, lo que facilitará en suma la recepción de las tres señales en todos los hogares de la comarca en las próximas semanas, a falta de la autorización final por parte del Ministerio de Industria que tiene la última palabra al respecto.
No osbtante, queda pendiente que la Generalitat Valenciana autorice de una vez por todas las emisiones de Gandia TV, ya que está obligada a ello por ley, y por ahora ha dejado en el cajón la amenaza de abrir un expediente a la emisora municipal mientras “olvidaba” al autor de las interferencias sufrida por esta cuando empezó sus emisiones en TDT.
Razones para la desconfianza existen: por más muestra, la persecusión a que se ha sometido a TV3 hasta lograr que sus promotores en la Comunidad se vean obligados a cerrar su emisiones tras recibir fuertes multas. Nada es casual, ni por imperativo de ley en este caso: satisfacer el anticatalanismo de parte de su electorado está detrás de un PP que, como el valenciano, está más preocupado por perseguir señales de televisión que en hacer transparente su gestión en el caso “Gurtel”, por ejemplo.
Y, para más datos, buena parte de las señales que emite Canal 9, sobre todo de su segunda y tercera cadenas, están también en la ilegalidad absoluta.
Lo bien cierto es que Tele 7, pertenece a un “grupo inversor” desconocido, detrás del cual se encuentra el portavoz del PP Arturo Torró, que según sus propias manifestaciones “facilitó” la compra de la antigua emisora, en un rocambolesco negocio del que poco a poco van conociéndose más datos, como al parecer el supuesto impago a los anteriores propietarios de los pagarés que se entregaron para cerrar la operación.
En el otro caso, no ha sido menos sorpresivo que su titular ceda, antes de iniciar incluso las emisiones, sus derechos a otra empresa, Radio Gandia, sin que se sepa muy bien el mecanismo utilizado para ello, toda vez que la ley de telecomunicaciones es muy estricta al respecto. En todo caso, el problema será para el licenciatario que podría ser sancionado hasta con la retirada de la autorización si la propia Consellería tomara cartas en el asunto.
Sea como fuere, con todo, la buena noticia es que las tres televisiones locales, incluyendo en este grupo a la pública Gandia TV, han estado avanzando en un acuerdo para la explotación y gestión del múltiplex común, lo que facilitará en suma la recepción de las tres señales en todos los hogares de la comarca en las próximas semanas, a falta de la autorización final por parte del Ministerio de Industria que tiene la última palabra al respecto.
No osbtante, queda pendiente que la Generalitat Valenciana autorice de una vez por todas las emisiones de Gandia TV, ya que está obligada a ello por ley, y por ahora ha dejado en el cajón la amenaza de abrir un expediente a la emisora municipal mientras “olvidaba” al autor de las interferencias sufrida por esta cuando empezó sus emisiones en TDT.
Razones para la desconfianza existen: por más muestra, la persecusión a que se ha sometido a TV3 hasta lograr que sus promotores en la Comunidad se vean obligados a cerrar su emisiones tras recibir fuertes multas. Nada es casual, ni por imperativo de ley en este caso: satisfacer el anticatalanismo de parte de su electorado está detrás de un PP que, como el valenciano, está más preocupado por perseguir señales de televisión que en hacer transparente su gestión en el caso “Gurtel”, por ejemplo.
Y, para más datos, buena parte de las señales que emite Canal 9, sobre todo de su segunda y tercera cadenas, están también en la ilegalidad absoluta.
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