La deuda

Que los ayuntamientos no están pasando por sus mejores horas es un hecho cada vez más presente, toda vez que la crisis ha secado buena parte de sus fuentes de financiación, merced a un modelo que se ha demostrado insostenible en tanto y en cuanto deben asumir competencias que no les corresponden y que no son complementadas por las administraciones autonómica y central.
La situación ha llegado a tal punto que hace pocos días un estudio de la propia Federación Española de Municipios y Provincias, demostraba que más del 30% de los servicios (y el consiguiente presupuesto) prestados por las administraciones locales no son de su obligación, lo que provoca que el gasto derivado de los mismos tenga que ser asumido exclusivamente por ellos, bajando automáticamente la calidad de otros que sí le son atribuibles.
Dicho de otro modo: tanto la administración autonómica como el Gobierno de España, -y mucho más el primero que el segundo- a lo largo de muchos años, han venido transfiriendo obligaciones a los municipios sin acompañar ese “trágala” de los respectivos fondos para asumirlas.
Pero este tema, con ser casi una reivindicación histórica, no ha llegado solo: la crisis ha provocado que muchos de los recortes decididos por el Estado afecten sólo a los municipios, mientras a las comunidades autónomas se les dejaba abierta la puerta para asumirlos, o no. Como es lógico pensar, el sacrificio pues lo soporta la administración local, la más próxima a los ciudadanos y, a la vez, la hermana pobre de todas las administraciones públicas.
El colmo, sin embargo, está llegando de la mano de la cuantiosa deuda que, por ejemplo en el caso de la Safor y más concretamente en Gandia, mantiene la Generalitat Valenciana: en el caso de la capital de la Safor, a la deuda con el Ayuntamiento, más de dos millones de euros, se suma ahora -según datos que ha contrastado esta publicación- una deuda de más de ¡nueve millones de euros! con la empresa pública municipal, derivados de otras tantas inversiones aprobadas en su día y que contaban con subvención tanto autonómica como estatal.
Se da el caso, por ejemplo, de la inversión hecha en la remodelación del Grupo Porta, que ha sido asumida íntegramente por el Ayuntamiento y que aún no ha visto llegar ni un euro de la subvención comprometida por la Generalitat y el estado Central, con un agravante superior aún: la Consellería ya ha cobrado del Gobierno Central, hace dos años, la parte que le correspondía de aportación y no es que no haya transferido su obligada aportación, es que tampoco ha trasladado lo que ya ha cobrado del gobierno central...