La ley del embudo

La remodelación del gobierno municipal, ajustada por el alcalde a algunos retoques que no esconden el propósito de mejorar la disposición de su partido, el PSOE, para hacer frente a la campaña electoral, ha derivado en una nueva polémica a cuenta de una denunciada “incompatibilidad” de algunos cargos con el desempeño de responsabilidades en colectivos sociales.
Es el caso, denunciado por el PP, del nuevo Jefe de Gabinete de Alcaldía y del secretario del alcalde, Jesús Ribes y José Más, respectivamente. Al primero se le exige que deje la presidencia de la Asociación de Vecinos de Benipeixcar y al segundo, la Secretaría de la Junta Local Fallera, con el argumento de que estarían contaminando bajo su politización, ambos colectivos.
Al respecto, tanto una como otra asociación han dado ya acabada respuesta a las exigencias del PP, a las que se sumó el Bloc, rechazando las pretensiones de ambos partidos y defendiendo la independencia y capacidad de las dos personas cuestionadas.
La interdidicción (veto) planteado por la oposición municipal haciendo de esto una causa “moral” como se ha dicho, es cuando menos muy poco coherente, si se observan algunos antecedentes que vienen al caso: el propio líder del PP, ahora exigente faro de la moralidad de los demás, continuó ocupando su cargo de Presidente del Centre Histórico y Comercial, pese a ser candidato de su partido a la alcaldía de Gandia, por lo que habrá que colegir por sus propias palabras que el hecho constituye una “grave falta a la ética y la moral política”. Todo eso sin contar que tardó más de un año en hacer efectiva su renuncia, es decir, cuando ya era concejal del Ayuntamiento.
Tampoco resistiría la comparación con Jesús García Cánoves, a la sazón hoy Presidente de la JLF, quien compatibilizó su cargo de Secretario del organismo con su condición de concejal por el Bloc en el Ayuntamiento de Gandia. Y es que el caso da para mucho más, inclusive en la actualidad. En caso de aplicarse el criterio de Torró y Moya, al parecer sobrevenido ahora pero no explicitado hace tiempo. Lo bien cierto es que la lista de personas con cargos políticos de relevancia y a la vez, con representación en diversos colectivos de la ciudad en la actualidad es bastante más extensa de lo que se imagina.
Aún así, por no ir más lejos, la medida que se intenta ahora poner en marcha para el futuro debería sólo limitarse a aquellos que, postulándose al acta de concejal, ocupen cargos en asociaciones ciudadanas. Porque de lo contrario, se estaría limitando el principal derecho de cualquier ciudadano, el de elegir y ser elegido o el de participar en la vida pública. Todo un despropósito.