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La decisión del Ayuntamiento de Villalonga de reintegrarse a la Mancomunidad de Municipios de la Safor tras catorce largos años de haber abandonado el ente comarcal, supone un paso adelante para el ente comarcal y en todo caso, la aceptación de una evidencia por parte del municipio que preside Juan Ros.
La evidencia no es otra que los servicios municipales no mancomunados son más caros y, por lo tanto, la economía de escala que supone prestarlos a varias poblaciones simultáneamente es en definitiva una mejor solución.
Para eso han pasado tres legislaturas y varios presidentes de la Mancomunidad que en vano hasta ahora, trataron de convencer al alcalde para que, en vez de restar, trabajase en conjunto con el resto de poblaciones de la comarca.
El caso es que la justificación que se dio en su día a la salida intempestiva de Villalonga, la perforación de un pozo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar para abastecer de agua potable a otras poblaciones de la Safor, y la negativa de la Mancomunidad a rechazar esa acción, es indefendible desde el punto de vista de la solidaridad territorial.
Aunque la adhesión de Villalonga a la organización comarcal no será efectiva hasta el 1 de enero de 2011, la oportunidad es magnífica para recordar que existe otro municipio, Ador, que continúa desvinculado del ente sin que hasta estas horas se sepa bien por qué, y que otra Mancomunidad, la de la Valldigna, es otro tema a resolver en la medida que se en su día se vio como una amenaza a la integridad de lo que fue una institución señera en aquello de “fer comarca”.
Habría pues que ponerse manos a la obra y, si los partidos políticos creen en el hecho comarcal y aprovechar la ocasión para relanzar un ente que parece haber perdido en los últimos años su presencia pública y sus expectativas de conformar una entidad política y administrativa que supere los servicios que presta para implicarse mucho más en la definición del futuro de la Safor.
Y es que en fondo la solicitud de un servicio o su abandono, dependen de un hecho voluntario, porque no existe ninguna ley que obligue a los ayuntamientos a participar de una mancomunidad.
De todos los partidos depende (algunos de los cuales pregonan a los cuatro vientos su sentimiento comarcal sin mayor aplicación sobre la realidad).
Y de la voluntad política que le pongan.