Camps

La decisión del Tribunal Supremo de devolver al Tribunal Superior de Justicia de Valencia la causa en la que se encuentra imputado el Presidente de la Generalitat Valenciana y otros altos cargos, para que continue la instrucción pr el asunto de los trajes recibidos de la trama Gürtel, supone un fuerte golpe a la credibilidad no sólo del propio Francisco Camps, sino a la de las propias instituciones valencianas.
No sería así, si el propio “Molt Honorable”, no hubiera mentido como lo hizo desde el momento que estalló el caso: desde negar su relación con Alvaro Pérez, “El Bigotes”, hasta tener que escuchar después sonrojantes conversaciones entre ambos donde se deslizó aquello de “amiguito del alma, te quiero un huevo”. Y este episodio, por citar sólo algunas de las contradicciones en el largo proceso, no ha sido el menor.
Nadie le pide a Camps que se acuse a sí mismo en sede parlamentaria, negando la evidencia como lo ha hecho, sino que su principal error ha estado en hacerlo delante de un juez, aunque luego otro, su amigo De la Rúa, haya sido quien “archivara definitivamente” el caso, resolución que el TS tumbó por unanimidad de los cinco miembros de la sala.
Ahora, Camps se enfrenta a la posibilidad, más cercana cada día, de verse en el banquillo ante un jurado popular ya que la figura de cohecho impropio pasivo, exige ese tipo de tribunal.
Frente a esta situación. grave por si misma, se agregan las investigaciones del Juez Pedreira que este lunes tomará declaración al gerente de Orange Market, acerca de todas y acda una de las transacciones y contratos llevados a cabo en el ámbito de la Generalitat. Se suma así, al informe de la Agencia Tributaria, ya agregado al expediente, en el que se acusa al PP valenciano de haberse financiado presuntamente de manera ilegal con 2.500.000 euros para la campaña electoral autonómica y local de 2007.
Y en esta línea, pueden haber nuevas sorpresas y revelaciones, ya que es precisamente esa parte del sumario la que mayor peso tiene en orden a las contrataciones no sólo públicas, sino al pago irregular de actos de campaña por parte de empresas y particulares, nop sólo en Valencia, sino en diferentes ciudades de la Comunidad Valenciana, además de las escandalosas comisiones que la trama Gürtel cobraba por sus “servicios”.
Estamos pues ante hechos de una envergadura de tal calado, que resulta cuando menos patético que la primera autoridad autonómica se refiera a sí mismo diciendo que “45 millones de españoles saben que soy honesto”, en un gesto que como decía un columnista de un diario de la derecha, nada menos, es un síntoma “de locura o desesperación”. Nos quedamos con el último calificativo. Ahora es el PP, sus dirigentes y sus bases quienes tienen la palabra, antes de verse arrastrados todos a la vergüenza de acompañara a Camps al banquillo de los acusados.