Caza de brujas (II)

No satisfechos del todo los impulsos persecutorios y sectarios de la Consellería de Educación con la no prórroga de la dirección del Colegio de Almoines a Batiste Malonda, ahora quieren expedientarlo para, simplemente, impedir que pueda ejercer como Jefe de Estudios del centro, cargo para el que fue elegido por la nueva directora con el apoyo del claustro.

Al menos esto es lo que se deduce de la encarnizada persecución a que está siendo sometido, esta vez a cuenta de la falta de servicios mínimos en su colegio durante una huelga de profesores... de hace más de un año y otras dos resoluciones que Malonda, supuestamente, habría incumplido en 2005 y 2006. Es decir, una vez ha sido designado para el segundo cargo en importancia del centro, aparece este nuevo expediente, de manera absolutamente tendenciosa y con el objetivo evidente de apartarlo de cualquier otra condición que no sea la de profesor raso.

Es evidente que toda la maniobra está basada en supuestos hechos administrativos, porque entre otras cosas, ni la Consellería ni el inspector que se ha prestado al juego, han sido capaces de apuntar a la calidad educativa del centro, motor del movimiento de renovación pedagógica en Valencia durante muchos años. Pero también es evidente el trasfondo político que subsiste en este hecho: Batiste Malonda no se ha plegado con facilidad a ninguna de las medidas arbitrarias dispuestas por la autoridad educativa y, al parecer, el hecho de que el actual alcalde de Almoines (militante del BNV) sea también miembro del equipo de dirección del colegio, es una de las razones “ocultas” que se hacen valer para emprenderla contra aquel.

Por lo demás, el escándalo empieza a hacer mella en la propia estructura educativa, al punto que el propio Conseller salió a desmentir que el Director Territorial de Educación, Camilo Miró, haya dimitido de su cargo a propósito del tema Almoines.
Y es que Miró, se había comprometido, al parecer, con algunos de los dirigentes sindicales que se entrevistaron con él, que el expediente a Malonda se archivaría sin más consecuencias.

Es evidente, pues, que no todo está tan claro, como no sea la “venganza” que el PP ejerce sobre el ex director por la vía de encontrar un inspector dócil, Rubén Malonda, puesto en el cargo por el Partido Popular hace unos años, sin que se conozca bien el mérito acumulado para tal designación. O tal vez sí, una vez vista su actuación.

Salsa turbia

Pocas veces una cadena de despropósitos ha provocado la situación que parece darse en torno al ya famoso Congreso de Salsa, suspendido por la Policía Local debido a la inexistencia de los permisos respectivos, pese a que tal encuentro contaba con patrocinio municipal.

No es el menor de los asuntos el que una descoordinación, como la que acusa el PP al gobierno municipal, se haya dado en este caso. Porque, obviamente, el responsable de la actividad es quien está obligado a obtener todos los permisos y licencias, aunque haya tratado de demostrar a través de e-mails que los solicitó a última hora directamente al Departamento de Turismo.

De hecho, el informe de los servicios jurídicos y técnicos municipales desvinculan la responsabilidad municipal en el asunto.

Hasta allí lo meramente administrativo, porque además, se da el caso de que el promotor del espectáculo intenta demandar ahora al ayuntamiento por los daños y perjuicios sufridos por la suspensión, que alcanzarían la friolera de unos 90.000 euros, según a quien se escuche.

Dicho esto, viene la segunda parte de la historia, donde aparecen unas supuestas grabaciones realizadas a concejales de Gandia, alguna de ellas publicadas en un medio de comunicación, en la que Fernando Mut habría “sugerido” al promotor que para salvar parte de las pérdidas, se le contratara algún espectáculo de feria y fiestas, pagado por el municipio, con el objeto de reducir ese quebranto.

Tras la publicación, el PP local no ha tardado ni un minuto en apuntar que llevará el asunto a la Fiscalía Anticorrupción para que averigüe si pudiera existir delito en las supuestas palabras del líder de Plataforma.

Por su parte éste, ha apuntado a Arturo Torró como la persona que está detrás de toda la maniobra, al parecer hasta de las grabaciones clandestinas, en “busca de un rédito político”.

El PSOE por su parte, ha defendido no sólo la actuación de su socio de gobierno sino de la concejal de turismo, Amparo Miret, y de los técnicos que intervinieron en la cuestión, a la vez que apuntaba a “un intento de extorsión” al Ayuntamiento por parte del promotor, Nico Espinoza, “con el soporte del PP”.

Por su parte Torró señalaba que él no tiene nada que ver en el asunto, pero tras cartón añadía que “ya saldrán los e-mails del asesor de Plataforma Manuel Esteve al respecto”, con lo cual se da por sabedor de entresijos del caso que aún no habían trascendido.

Sea como sea, parece que estamos frente a una de esas situaciones en que la política muestra su peor cara, la del “todo vale” para derrotar al adversario.
Si algo no es correcto, que lo determinen los tribunales, pero mientras tanto, cabe exigir claridad y contención a unos y a otros.

Porque, seamos claros, algunos protagonistas de esta historia, repiten actuación y de ello se hablará en próximas semanas.