Caza de brujas (II)

No satisfechos del todo los impulsos persecutorios y sectarios de la Consellería de Educación con la no prórroga de la dirección del Colegio de Almoines a Batiste Malonda, ahora quieren expedientarlo para, simplemente, impedir que pueda ejercer como Jefe de Estudios del centro, cargo para el que fue elegido por la nueva directora con el apoyo del claustro.

Al menos esto es lo que se deduce de la encarnizada persecución a que está siendo sometido, esta vez a cuenta de la falta de servicios mínimos en su colegio durante una huelga de profesores... de hace más de un año y otras dos resoluciones que Malonda, supuestamente, habría incumplido en 2005 y 2006. Es decir, una vez ha sido designado para el segundo cargo en importancia del centro, aparece este nuevo expediente, de manera absolutamente tendenciosa y con el objetivo evidente de apartarlo de cualquier otra condición que no sea la de profesor raso.

Es evidente que toda la maniobra está basada en supuestos hechos administrativos, porque entre otras cosas, ni la Consellería ni el inspector que se ha prestado al juego, han sido capaces de apuntar a la calidad educativa del centro, motor del movimiento de renovación pedagógica en Valencia durante muchos años. Pero también es evidente el trasfondo político que subsiste en este hecho: Batiste Malonda no se ha plegado con facilidad a ninguna de las medidas arbitrarias dispuestas por la autoridad educativa y, al parecer, el hecho de que el actual alcalde de Almoines (militante del BNV) sea también miembro del equipo de dirección del colegio, es una de las razones “ocultas” que se hacen valer para emprenderla contra aquel.

Por lo demás, el escándalo empieza a hacer mella en la propia estructura educativa, al punto que el propio Conseller salió a desmentir que el Director Territorial de Educación, Camilo Miró, haya dimitido de su cargo a propósito del tema Almoines.
Y es que Miró, se había comprometido, al parecer, con algunos de los dirigentes sindicales que se entrevistaron con él, que el expediente a Malonda se archivaría sin más consecuencias.

Es evidente, pues, que no todo está tan claro, como no sea la “venganza” que el PP ejerce sobre el ex director por la vía de encontrar un inspector dócil, Rubén Malonda, puesto en el cargo por el Partido Popular hace unos años, sin que se conozca bien el mérito acumulado para tal designación. O tal vez sí, una vez vista su actuación.

Caza de brujas

Un inspector de educación, nombrado por la Generalitat Valenciana, sin que se conozcan las razones, al parecer ha emitido un informe en base al cual el director del Colegio El Castell, de Almoines, con una “evaluación negativa”, lo que impedirá que éste renueve su mandato por los próximos tres años.

El hecho ha provocado el unánime rechazo de la comunidad educativa, que en el caso de los sindicatos han llegado a amenazar con una huelga del sector, por la injustificada medida, sobre todo cuando Batiste Malonda, el director cesado, ha reunido a lo largo de su dilatada carrera, casi todos los reconocimientos y premios profesionales y sociales a que se pueda aspirar en la docencia.

Y es que ha sido, entre otras cosas, uno de los pilares fundamentales del Movimiento de Renovación Pedagógica, de “Escola Valenciana” y su iniciativa ha estado presente en todas las luchas reivindicativas por una educación pública de calidad.

Por el contrario, de Rubén Malonda, el inspector autor del informe es poco lo que se conoce, y lo poco que se sabe de él apunta a un perfil claramente político y más aún, vinculado al PP desde hace años, al punto que -como denunciaba algunos de los colectivos que defienden al director del colegio- es miembro de la ejecutiva de Gandia de los populares y fue candidato en las últimas elecciones municipales.
Las cosas llegan a tal punto que el BNV ha denunciado lo que para esta formación política constituye “un golpe de estado a la enseñanza pública valenciana”, mientras que “Escola Valenciana”, organizadora de las “Trobades d’Escoles” (que este fin de semana ha convocado el encuentro anual de la Safor en Beniarjó), apunta a una “depuración al más puro estilo franquista”, en lo actuado por el funcionario Rubén Malonda.

Sea como fuere, lo bien cierto es que, ante la falta pública de argumentos por parte de la Consellería para proceder como lo ha hecho, se tiene la sensación de que, efectivamente, la resolución tiene que ver más con la imposición de un modelo autoritario que va directamente contra la orientación pedagógica del centro en la figura de quien hasta ahora ha sido poco menos que un símbolo para la educación pública valenciana.

Y es que además, tanta efectividad en la actuación del gobierno valenciano en este caso estaría muy bien que se aplicara en la búsqueda de soluciones inmediatas a la deprimente y casi tercermundista situación de la educación pública valenciana.