El cierre de GTV

Este gobierno municipal tiene mucha prisa por dejar en claro cuál es su orientación ideológica, dónde están sus intereses y cuáles son sus métodos. No es cuestión de descubrir ahora cada una de estas cuestiones porque son de todos bien conocidas: lo público es pecado capital; en lo segundo, privilegiar a los propios con una concesión televisiva que, aunque irregular, no tendrá ningún problema y, en lo tercero, la falta de clase demostrada en el momento del cierre, sin comunicación previa a los trabajadores, con desprecio total por las formas, pasando “a negro” la emisión para impedir que sus profesionales pudieran siquiera dar la noticia de la desaparición de la cadena.
Pero hay aún cosas más graves en la decisión del Alcalde Torró, como ignorar deliberadamente que si no existe el Consorcio Comarcal, es porque su partido se ocupó, desde la Generalitat, de bloquear el ingreso de Tavernes al mismo, o de que se iniciara una persecución contra Gandia TV mediante amenazas de cierre que nunca se han concretado en ningún expediente. Como de intentar hacernos creer ahora que el PP de Valencia podría actuar legalmente contra la televisión pública de Gandia controlada por su gobierno es, simplemente, sonrojante, ya que el gobierno valenciano no ha actuado contra ninguna de las TDT locales y autonómicas que incumplen la normativa (incluida Tele 7 Gandia). El otro argumento esgrimido, el del coste de la emisión, se antoja peregrino por dos motivos: porque, según asegura la oposición, el coste anual es la mitad de lo que el PP asegura y, como bien dice Josep Miquel Moya, si se considera que es preciso ajustarlo a la realidad actual, se hace y punto.
Y tampoco es poca cosa que “casualmente” Tele 7 Gandia reinicie sus emisiones suspendidas de manera ilegal, justo en el momento en que se corta la señal de la emisora pública. Una televisión privada cuya conexión con el Alcalde de Gandia es innegable tal y como se ha demostrado repetidamente en los últimos años y a cuyo frente está Pepe Codina, ligado empresarialmente a Torró desde hace tiempo y cuya última hazaña consistió en plagiar medios locales por lo que tiene pendiente un proceso en el Juzgado de Guardia de Gandia.
Y además, sobre todo, por la insensibilidad demostrada ante los casi 30 profesionales que trabajan allí y cuyo futuro laboral es, como poco, difícil. Ni siquiera se ha tenido a bien una reunión con ellos y, cuando lo han conseguido finalmente, el portavoz del Gobierno y Consejero Delegado de la empresa, Víctor Soler, les ha dicho que el Ayuntamiento no piensa pagar sus despidos y nada más.
Tal cúmulo de despropósitos, falsedades y malas formas sólo hacen pensar lo peor: se han buscado excusas para acabar con 23 años de televisión local, 13 de ellos como emisora pública. La pregunta es: ¿Quién sale ganando?

¿Justicia?

Quince juzgados, nada menos, son los que se pierde la Comunidad Valenciana tras su renuncia explícita a ponerlos en marcha tras el acuerdo del Consejo de Ministros. Entre ellos, el número 6 de Gandia que se queda sin posibilidades de funcionar, debido a que el Gobierno Valenciano no tiene presupuesto para ponerlo en marcha.
Mientras tanto, el nuevo Conseller de Justicia, en vez de explicar algo más convincente, arguye que el “Ministerio de Justicia nos ha querido tender una trampa”, y “aquí lo que hace falta son más jueces, no más juzgados”.
O sea, que da igual, si no hay infraestructuras, ni medios, ni siquiera tóner para las impresoras, o papel para los trámites, lo que de verdad faltan son jueces para hacer una labor que se antoja por lo pronto como muy difícil, si ni siquiera se dispone de un lugar decente para desarrollar su trabajo.
Los juzgados de Gandia, como denunciaron hace tiempo la propia junta de jueces y los sindicatos de trabajadores, están desbordados de trabajo, apilando expedientes en los pasillos, faltos de personal y en condiciones más que precarias en algunos casos.
Y es que, además, la crisis ha tenido como consecuencia un aumento exponencial de causas relacionadas con asuntos civiles (hipotecarios, impagos, etc) que han triplicado los asuntos que deben atender en muchos de los casos con el mismo personal de hace años, y con los mismos, si no menos, medios materiales.
Este es el panorama que se ofrece a los ciudadanos, mientras se intenta echar balones fuera, con un supuesto desacuerdo entre administraciones. Y es que hay ser claro: la ley dice que los juzgados se crean por orden del Ministerio de Justicia, tras una evaluación de sus necesidades, y que son las Comunidades Autónomas quienes deben dotarlos de medios humanos y materiales para su funcionamiento. Pues bien, en este caso el Estado ha cumplido con su papel, y el Gobierno Camps quien ha renunciado a ponerlos en marcha, por lo que el Ministerio publicaba esta semana una orden anulando la creación de estos juzgados.
Con esta administración de justicia no parece que se cumpla ni por aproximación el derecho constitucional a disponer de un servicio gratuito, eficiente e igualitario para todos.
Mientras tanto, en Gandia, jueces y funcionarios pueden afanarse mucho en trabajo que, aunque lo quieran, no van a poder destrabar una situación que se está haciendo cada día más lamentable para el ciudadano.
Baste recordar que no hace mucho en Gandia, dos usuarios tuvieron que pagar de su bolsillo un cartucho de tóner para que se les pudiera extender una copia de un certificado de nacimiento. Y así nos va.