El “tramsafor”

El anuncio por parte de un grupo de alcaldes de la comarca, de iniciar las gestiones para construir y explotar un servicio de tranvía entre Gandia y Oliva supone, más allá del sorpresivo anuncio, un verdadero órdago a la grande frente a la situación del malhadado proyecto del tren Gandia-Dénia que se arrastra en un erial de promesas incumplidas desde hace 15 años.
Por los detalles que se conocen oficialmente, el proyecto del tranvía, impulsado por los ayuntamientos y la Mancomunitat, podría “ver la luz” en 24 meses, lo que en román paladino significa que en unos 6 meses se estaría en condiciones de “dar inicio a las obras”. Para ello, obviamente, habría que superar dos grandes escollos: los trámites administrativos, bastante complejos en teoría, y la financiación.
Pues bien, en ambos casos podrían existir sorpresas mayúsculas en tanto y en cuanto las cosas parecen bastante avanzadas si se atiende a las fuentes consultadas por “Gente de la Safor” y de lo cual se anticipa información en este mismo número.
Por lo demás, es obvio que el anuncio del inicio de los trabajos, desde la constitución de un consorcio específico hasta la licitación de las obras, constituye en sí mismo un aviso a las dos administraciones que debieron resolver el problema del tren hace ya muchos años. Tal vez pueda interpretarse como una medida de presión clara a la administración autonómica y al Gobierno de España. O, antes bien, la toma de una decisión que acelere de una buena vez la resolución de un proyecto estratégico para las ciudades y pueblos concernidos.
Frente a esto, resalta la actitud del PP local, que se permite “despolitizar” según sus dirigentes, el asunto del tren Gandia-Dénia, convocando a la Alcaldesa de la capital de la Marina Baja, Anna Kringe, a su sede partidaria de Gandia para que desde allí critique la “actitud” de los alcaldes de Gandia y Oliva por no acudir a una reunión a la que supuestamente los había invitado por carta “hace semanas”.
Lo bien cierto es que la alcaldesa, que llegó al cargo hace poco más de un año gracias una moción de censura apoyada por un concejal tránsfuga, hasta ahora no había dicho nunca, “esta boca es mía” en torno a la historia del tren. Y, como en política las casualidades son inexistentes, lo bien cierto es que ni ella ni el PP promovieron ninguna recogida de firmas, ni “movilizaciones” mientras el proyecto fue exclusiva responsabilidad de la Generalitat Valenciana.
Desde hace dos semanas se supone que el proyecto ha pasado a poder del Ministerio de Fomento y entonces sí se ha apresurado a ponerse delante de la manifestación.
Dicho esto, lo que importa es que el tranvía o el tren lleguen cuanto antes. Lo demás es demagogia.

Pati, pami...

La sentencia por la que una jueza condena al Ayuntamiento de Gandia a pagar 600 euros a cada uno de los 84 vecinos afectados por la actividad de la discoteca “Pati Pami” constituye en sí misma, además de la multa, un reproche en toda la línea al comportamiento observado por el gobierno local en todo este asunto.
Básicamente, las quejas iniciales de los vecinos han ido siempre en la línea de las continuas y crecientes molestias por ruidos provenientes del interior de la instalación, así como de los altercados y comportamientos incívicos producidos en las cercanías de la “disco”, a horas claramente intempestivas.
Ya en su día, cuando comenzó la construcción del local, los vecinos hicieron sentir su voz de queja, aunque legalmente no fue posible, según se explica, evitar su construcción en una zona que, todo hay que decirlo, había sido declarada como saturada por otra resolución judicial.
Lo que ahora viene a decir la nueva resolución judicial es que el Ayuntamiento de Gandia ha pecado de “inactividad”, tras la orden de cierre dictada en febrero de 2007 por el departamento de Medio Ambiente, debido a “deficiencias no subsanadas” detectadas por los servicios municipales de inspección. La mencionada orden en realidad lo que hacía era no otorgar la preceptiva licencia de actividad a la discoteca en función, precisamente, de los problemas no resueltos.
Ahora bien, dos años y cuatro meses después de aquello, no se entiende que la orden de clausura no fuera ejecutada como tampoco que no se le concediera la licencia, mientras se dejaba hacer a sus propietarios, en una situación de total irregularidad que, de haber sucedido algún incidente grave, la responsabilidad habría caído -qué duda cabe- sobre las espaldas municipales antes que sobre la propiedad de la actividad.
Ahora bien, lo más curioso y llamativo de la situación es que dos días después de conocido el fallo judicial, la Comisión de Gobierno otorgue la licencia de actividad.
Con todo, entre las frases que vale la pena entresacar del fallo resalta aquella que señala que “es irrelevante que dos años y medio después de la adopción de la medida se alegue (por el Ayuntamiento) que está próxima la concesión de la licencia ante la subsanación de las deficiencias dado que la medida cautelar ha estado todo este tiempo sin ejecutar y sin que se hubiera alzado la misma”.
Ahora, el Ayuntamiento tendrá que pagar más de 50.000 euros en total de indemnización a los vecinos “en concepto de daños morales causados por las molestias sufridas durante dos años y medio”.
Alguien tendría que explicar el desaguisado y sus razones, si las hay, más allá de la burocracia.