Ya falta menos

A diecinueve meses de las próximas elecciones municipales, es obvio que los tiempos políticos empiezan a acelerarse de manera cada vez más clara.
Y, como no puede ser de otra manera, no todo, al menos a nivel local, gira en torno a los dos grandes temas de política nacional: la crisis económica y la trama “Gürtel”, cuya influencia en la creación de un estado de opinión puede ser discutible, pero no innegable.
En medio de este tráfago informativo, que como en la publicidad de la ONCE, cada día nos brinda un numerito, habrá que hacer lugar también a otras cuestiones cuya influencia en la opinión pública local parece subsumida por los grandes titulares informativos nacionales.
No es un tema menor, por ejemplo, que el gobierno municipal de Gandia haya anticipado ya las líneas maestras de los presupuestos para el año próximo, donde se habla de contener el gasto corriente a la vez que se apuesta por continuar -con la modestia que le es propia a una administración local- de apostar por las inversiones y aumentar el gasto social.
En esa línea, la del combate contra la crisis, por ejemplo, no representa una buena noticia que la empresa Coprusa haya decidido retirar su oferta de convertir en VPO, gracias a un plan municipal, dos bloques de viviendas de su complejo Athenea.
Las razones exhibidas no son otras que una cierta recuperación del mercado de la vivienda libre, muy leve por cierto, pero que mejora sustancialmente los precios que en un principio se pagarían por viviendasd de protección oficial siempre y cuando la Generalitat Valenciana lo autorizara.
En la decisión empresarial parece haber pesado también el ambiente político creado en torno a la iniciativa municipal dejando caer inclusive todo tipo de maledicencias sobre esa oferta.
Pues bien, el tema llega precisamente en el momento en que la Generalitat Valenciana se apresta a imitar la iniciativa de Gandia en todo el territorio de la comunidad, lo que al final es casi seguro se convierta en una oportunidad perdida para la capital de la Safor, y sobre la que seguramente el PP de Gandia no hará otra cosa que aplaudirla, cuando ha denostado hasta el hartazgo la iniciativa de José Manuel Orengo.

Y es que el gobierno municipal, tan ocupado en los dos años largos transcurridos desde el inicio de la legislatura, en promover inicitivas, inversiones y obras ha descuidado de manera inconcebible las herramientas estratégicas, políticas y de comunicación a los que está obligado a acudir para explicaro, mejor aún, pactar previamente con los ciudadanos y sectores interesados.
Y si es por batallas perdidas, al menos en la calle, entre los sectores interesados por la vida de la ciudad podrían aquí apuntarse varias: desde el célebre cánon del agua potable, pasando por los asesores hasta el tranvía o el programa “stock vivienda” todas ellas marcadas por una característica común que es partir de enunciados más o menos brillantes, para verse inmerso en una batalla dialéctica cada día con la oposición, frente a la cual da la sensación de improvisar un discurso distinto según sea el argumento utilizado por el PP o el Bloc.
Por esto, los presupuestos municipales de 2010 exigen una cierta coherencia con el enunciado, y una discusión en profundidad con los actores sociales que hagan posible su aceptación.
Otra cosa será perder el tiempo .

Y en cuanto a la trama “Gürtel”, es obvio que a algunos les ha molestado sobre manera la información publicada por este semanario en el número pasado. Incapaces de dar respuesta a cada una de las cuestiones planteadas, Torró y algunos de los suyos se han limitado a insultar y descalificar, eso sí desde el cobarde amparo del anónimo en algún caso.
Queda mucha agua por pasar bajo los puentes, y alguien -que no es quien esto escribe- deberá dar explicaciones, lo más probable, ante un juez de porqué se han pagado facturas a la trama corrupta enquistada en el PP, que luego aparecen en la contabilidad “B” del tristemente famoso “Bigotes”.
Hasta la próxima.

La trama y Torró

Ahora resulta que, según el informe policial de la Unidad de Blanqueo de Capitales, la trama mafiosa de Correa, Pérez y compañía, financió ilegalmente al PP de la Comunidad Valenciana y que el monto detectado de ese dinero malhabido superaría la friolera de 6 millones de euros.
Frente a esto, el Secretario General de ese partido, Ricardo Costa, se apresuró a presentar una demanda judicial contra los policías firmantes del informe, que este mismo miércoles ha desestimado la justicia, lo que supone un grave descalabro para la estrategia de un PP que pretende hacer creer que todo forma parte de una gigantesca operación contra el Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.
En medio de todo esto, el debate de Política General de la Comunidad Valenciana, en el que el gobierno autónomo se limitó a describir un paisaje paradisíaco de sí mismo autoerigiéndose en una especie de Rey Sol, pobre víctima de la conspiración mayor jamás habida en estas tierras. Eso sí, el Presidente de todos los valencianos no tuvo a bien asistir a la segunda jornada del debate, porque tenía otras cosas que hacer: reunirse durante cinco horas con Mariano Rajoy en el Parador de Alarcón a mitad de camino con Madrid, para tratar de taponar la hemorragia que consume al partido. Un desprecio en toda regla a las más elementales normas de los usos democráticos.
Y, siempre según el mismo informe publicado en distintos medios, con un goteo permanente de nuevos escándalos, la trama Gürtel no sólo actuaba en función de grandes eventos como la Fórmula 1 o hasta la visita del Papa, tantas veces negado por Camps, hasta ahora que empiezan a aparecer pruebas en contrario, sino que se demuestra finalmente que las operaciones irregulares se repitieron en casi 30 ciudades de la Comunidad con motivo de campañas electorales en 2007.
Hasta en Gandia, donde la sospecha de la actuación de Orange Market en estos asutos ya corrió hace meses, se comprueba ahora la relación de la red corrupta con el sorpresivo añadido de que al parecer las facturas de esos actos, contabilizadas en B por la trama, fueron abonadas, a su nombre, por Arturo Torró, según él mismo ha admitido inclusive por importes muy superiores a los reflejados en la contabilidad opaca de la empresa del “Bigotes”.
Al respecto, habrá que preguntarse varias cosas y no es la menor pensar que si esto es así, se habría cometido un delito electoral de magnitud, puesto que nadie puede financiar ni personalmente ni a través de empresas interpuestas, las actividades de un partido a menos que tales ingresos sean declarados ante el Tribunal de Cuentas y figurar convenientemente apuntadas esas operaciones en la contabilidad del propio partido. Nada de esto ha ocurrido, que se sepa, por lo que Torró debería explicar a la opinión pública qué ha hecho. O tal vez deba hacerlo ante un juez.