Salsa turbia

Pocas veces una cadena de despropósitos ha provocado la situación que parece darse en torno al ya famoso Congreso de Salsa, suspendido por la Policía Local debido a la inexistencia de los permisos respectivos, pese a que tal encuentro contaba con patrocinio municipal.

No es el menor de los asuntos el que una descoordinación, como la que acusa el PP al gobierno municipal, se haya dado en este caso. Porque, obviamente, el responsable de la actividad es quien está obligado a obtener todos los permisos y licencias, aunque haya tratado de demostrar a través de e-mails que los solicitó a última hora directamente al Departamento de Turismo.

De hecho, el informe de los servicios jurídicos y técnicos municipales desvinculan la responsabilidad municipal en el asunto.

Hasta allí lo meramente administrativo, porque además, se da el caso de que el promotor del espectáculo intenta demandar ahora al ayuntamiento por los daños y perjuicios sufridos por la suspensión, que alcanzarían la friolera de unos 90.000 euros, según a quien se escuche.

Dicho esto, viene la segunda parte de la historia, donde aparecen unas supuestas grabaciones realizadas a concejales de Gandia, alguna de ellas publicadas en un medio de comunicación, en la que Fernando Mut habría “sugerido” al promotor que para salvar parte de las pérdidas, se le contratara algún espectáculo de feria y fiestas, pagado por el municipio, con el objeto de reducir ese quebranto.

Tras la publicación, el PP local no ha tardado ni un minuto en apuntar que llevará el asunto a la Fiscalía Anticorrupción para que averigüe si pudiera existir delito en las supuestas palabras del líder de Plataforma.

Por su parte éste, ha apuntado a Arturo Torró como la persona que está detrás de toda la maniobra, al parecer hasta de las grabaciones clandestinas, en “busca de un rédito político”.

El PSOE por su parte, ha defendido no sólo la actuación de su socio de gobierno sino de la concejal de turismo, Amparo Miret, y de los técnicos que intervinieron en la cuestión, a la vez que apuntaba a “un intento de extorsión” al Ayuntamiento por parte del promotor, Nico Espinoza, “con el soporte del PP”.

Por su parte Torró señalaba que él no tiene nada que ver en el asunto, pero tras cartón añadía que “ya saldrán los e-mails del asesor de Plataforma Manuel Esteve al respecto”, con lo cual se da por sabedor de entresijos del caso que aún no habían trascendido.

Sea como sea, parece que estamos frente a una de esas situaciones en que la política muestra su peor cara, la del “todo vale” para derrotar al adversario.
Si algo no es correcto, que lo determinen los tribunales, pero mientras tanto, cabe exigir claridad y contención a unos y a otros.

Porque, seamos claros, algunos protagonistas de esta historia, repiten actuación y de ello se hablará en próximas semanas.

La crisis

Frente a la situación económica reinante, con la agudización de los indicadores generales que marcan una fuerte inflexión de muchas actividades claves, la comarca obviamente no queda al margen de lo que es, más que en apariencia, un ciclo bajista que afecta a todos.

La primera actividad fuertemente afectada por el parón de la economía es la construcción, cuya preponderancia en la multiplicación de la actividad económica en Gandia y la Safor, ha sido fundamental en el largo cilo de crecimiento que se ha acabado de manera violenta a partir de la crisis similar de las “hipotecas basura” en EE UU, que ha corrido como la pólvora por el mundo entero sumada al consiguiente cierre financiero.

Hay quien dice que en realidad, estamos frente una crisis que en su interior conlleva otras tres: la financiera, los altos precios del petróleo (cinco veces superiores a los de hace un lustro) y la crisis alimentaria producida por las economías emergentes (China e India, entre otros) que están consumiendo reservas de todo tipo y pagando por ellas, precios que hasta ahora no se habían visto nunca.

Hecho este esfuerzo de síntesis, habrá que mirar lo que pueden hacer las administraciones (ahora que hasta los más forofos del libre mercado suplican la intervención del Estado para que ponga solución), y entre ellas las más cercanas a los ciudadanos, los ayuntamientos y, en segundo lugar, las autonomías, ya que el gobierno central se dedica, por lógica, a eso que llaman “macroeconomía”, o sea los grandes números.

Y, sinceramente, no parece que en el caso de la Comunidad Valenciana pueda esperarse mucho: la última idea del Consell ha sido “exigir” al Gobierno de Zapatero que le autorice un mayor endeudamiento que el que ya posee y que pasa por ser récord absoluto entre las 17 autonomías españolas.

Por su parte, los ayuntamientos están, en su mayoría, muy justos de euros cuando no descapitalizados por la falta -precisamente- de una distribución impositiva más justa y equilibrada.

Aún así, cualquier esfuerzo que se haga por aumentar la obra pública (al más puro estilo del “new deal” (nuevo pacto) americano tras la crisis de 1929, será bienvenido, pero para ello hace falta algo más que la mera voluntad política. Porque de lo que no cabe duda es que las administraciones locales son las que más rápidamente pueden reaccionar a la situación, aunque pueda parecer que su aportación a la solución no sea la más importante.