Todo es una fiesta

Si la situación económica del Ayuntamiento de Gandia es tan grave como apunta el gobierno del PP, (deuda, problemas de liquidez, “quiebra técnica”) al punto de tener que comunicar a los juzgados que no puede hacer frente a indemnizaciones varias por otros tantos juicios perdidos por orden de unos cinco millones de euros, no se entiende que el nuevo gobierno adopte iniciativas cuando menos inoportunas y, extendiendo el análisis, innecesarias cuyo coste inmediato puede ser mayúsculo para tan exhaustas arcas.
Así, por citar sólo algunos casos, está ya el célebre “chill out” de la “playa artificial del puerto”, cuyo coste estimado en principio es de 200.000 euros, con el agravante de que se trata de la zona más inhóspita de todo el puerto con el mayor índice contaminación de sus aguas.
Para muchos no tiene demasiado sentido el proyecto de una playa “artificial” donde deberá removerse metros de cemento y hasta raíles del antiguo desguace, bajo cuya superficie se ocultan desechos de todo tipo por décadas de actividad.
Para esto y para habilitar un nuevo espacio de conciertos donde actuarán, entre otros, Julio Iglesias y Tom Jones, traídos por el Ayuntamiento a un coste que oscila entre los 400.000 y 500.000 euros, se ha denegado el permiso a “La Caixa” para montar su tradicional exposición cultural de cada verano. Una instalación que reunía a más de 70.000 personas cada temporada, con entrada gratuita.
Tampoco se sabe muy bien cómo se resolverá el tema del Club de Fútbol Gandia, para lo que el Ayuntamiento ya ha aportado 160.000 euros para cubrir deudas de pasados ejercicios mientras se hacía cargo de “dirigir el club” según palabras del propio Alcalde que señalaba que el consistorio “no pagará ni un euro si no lo controla”. “Queremos formar parte del éxito del CF Gandia porque formamos parte de su capital, y si hay errores asumiremos nuestra parte de culpa”.
Todo esto añadiendo luego a una empresa de representación deportiva, Vos Marketing, “que llevará el club”, sin saberse ahora para nada qué tipo de contrato le ata, no sólo con el club sino con el Ayuntamiento, que últimamente parece haber dado marcha atrás en su propósito de poner al Alcalde como Presidente del mismo, al más puro estilo Rus.
El caso de los cuatro funcionarios “pata negra” -según definición acuñada por Carla Ripoll en la pasada legislatura- no es menor, aunque en este caso el Alcalde ha tenido que echar atrás en su iniciativa de asegurarles un sueldo de 85.000 euros anuales a cada uno, por presión de los sindicatos y de la propia concejal de personal.
Mientras, el coste del gobierno, por mor de las dedicaciones de concejales y asesores, sube 113.000 euros más que en la anterior legislatura, en tanto la oposición ha empezado a denunciar la “masiva” presencia de nuevos funcionarios sin cometido aparente en los despachos municipales, sin que se sepa muy bien quién les paga, cómo y por qué.
El asunto del Centro Deportivo Roís de Corella, donde el Gobierno, tras “reorientar” su uso por ahora, ha prescindido de los anteriores monitores (con ahorro para las arcas municipales según se afirma) y ha dejado de impartir varias disciplinas en su gimnasio, de tal modo que en este momento la caída de usuarios (y por tanto de ingresos) es más que importante.
Sea como fuere, el problema no está tanto en las iniciativas en sí, que también en algún caso, sino en el contradictorio discurso que mantiene el gobierno municipal tanto en la actualidad como si se compara con su permanente crítica de la anterior legislatura, en que llegó al juzgado para pedir información sobre contrataciones diversas.
Y es que en política también vale aquello de que uno es dueño de las palabras que calla y esclavo de las que se pronuncian. Pero eso sí. Gandia es una fiesta.

Prisas y errores

Celeridad e improvisación. Ambos factores están confluyendo con demasiada frecuencia en la labor del actual gobierno municipal, al parecer preocupado porque los ciudadanos perciban que algo ha cambiado en la ciudad, con el obvio resultado de que hay cosas que más vale analizarlas con cuidado y paciencia antes que tener que dar pasos atrás en las acciones que se emprenden. Porque el error suele ser la consecuencia inmediata de tantas prisas.
Por lo pronto, esta misma semana, el Alcalde Torró se ha visto obligado a tener que sentarse en una misma mesa con representantes de los trabajadores de RMC, la cooperativa que hasta ahora producía los contenidos de Gandia TV, para buscar una salida a la situación en que han quedado casi 30 personas con el cierre intempestivo de la emisora municipal. La razón no es otra que la posibilidad de que el Ayuntamiento tenga que asumir las indemnizaciones de todo el personal, su reintegro como funcionarios laborales y el pago de todos los salarios mientras dure su cese.
En esa línea, después del anuncio “estrella” de la construcción de un campo de golf en el marjal de Gandia, con la anuencia de un informe de la Consellería que nadie ha visto, “porque se trata de un documento interno”, según Víctor Soler, ahora se dice que “sólo es un proyecto” y que se pondrá a disposición del resto de grupos políticos. Qué menos, porque semejante iniciativa, amenazada desde la oposición de acabar en los tribunales, necesita legalmente del conocimiento y aprobación del pleno más un sinfín de trámites administrativos que este gobierno se salta a la torera, como tantas veces ha criticado de los anteriores responsables municipales.
La tercera cuestión (sólo de esta semana) es el nuevo Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, al que sólo se le han dado dos reuniones de la Junta de Portavoces para conocimiento de la oposición, siendo como es un documento básico para el funcionamiento futuro del Ayuntamiento.
Por lo pronto, ese reglamento otorga poderes casi generales a dos figuras clave: a la Junta de Gobierno y al Letrado Mayor Municipal. En el primer caso, será muy difícil para la oposición ejercer su papel, y en el segundo se le premia, junto a otros tres altos funcionarios, con haberes anuales de 85.000 euros a cada uno. Esto último, para reemplazar los complementos de productividad tan denostados por el PP contra el anterior gobierno, pero que ahora, a diferencia de lo que ocurría antes, podrán ser consolidados en dos años, independientemente de las funciones que realicen.
El catálogo continúa: se pone en marcha el “Urbanet”, en principio una buena medida, pero que tampoco, que se sepa, ha cumplido ninguno de los trámites establecidos por la ley. Ya veremos en qué queda todo.

El cierre de GTV

Este gobierno municipal tiene mucha prisa por dejar en claro cuál es su orientación ideológica, dónde están sus intereses y cuáles son sus métodos. No es cuestión de descubrir ahora cada una de estas cuestiones porque son de todos bien conocidas: lo público es pecado capital; en lo segundo, privilegiar a los propios con una concesión televisiva que, aunque irregular, no tendrá ningún problema y, en lo tercero, la falta de clase demostrada en el momento del cierre, sin comunicación previa a los trabajadores, con desprecio total por las formas, pasando “a negro” la emisión para impedir que sus profesionales pudieran siquiera dar la noticia de la desaparición de la cadena.
Pero hay aún cosas más graves en la decisión del Alcalde Torró, como ignorar deliberadamente que si no existe el Consorcio Comarcal, es porque su partido se ocupó, desde la Generalitat, de bloquear el ingreso de Tavernes al mismo, o de que se iniciara una persecución contra Gandia TV mediante amenazas de cierre que nunca se han concretado en ningún expediente. Como de intentar hacernos creer ahora que el PP de Valencia podría actuar legalmente contra la televisión pública de Gandia controlada por su gobierno es, simplemente, sonrojante, ya que el gobierno valenciano no ha actuado contra ninguna de las TDT locales y autonómicas que incumplen la normativa (incluida Tele 7 Gandia). El otro argumento esgrimido, el del coste de la emisión, se antoja peregrino por dos motivos: porque, según asegura la oposición, el coste anual es la mitad de lo que el PP asegura y, como bien dice Josep Miquel Moya, si se considera que es preciso ajustarlo a la realidad actual, se hace y punto.
Y tampoco es poca cosa que “casualmente” Tele 7 Gandia reinicie sus emisiones suspendidas de manera ilegal, justo en el momento en que se corta la señal de la emisora pública. Una televisión privada cuya conexión con el Alcalde de Gandia es innegable tal y como se ha demostrado repetidamente en los últimos años y a cuyo frente está Pepe Codina, ligado empresarialmente a Torró desde hace tiempo y cuya última hazaña consistió en plagiar medios locales por lo que tiene pendiente un proceso en el Juzgado de Guardia de Gandia.
Y además, sobre todo, por la insensibilidad demostrada ante los casi 30 profesionales que trabajan allí y cuyo futuro laboral es, como poco, difícil. Ni siquiera se ha tenido a bien una reunión con ellos y, cuando lo han conseguido finalmente, el portavoz del Gobierno y Consejero Delegado de la empresa, Víctor Soler, les ha dicho que el Ayuntamiento no piensa pagar sus despidos y nada más.
Tal cúmulo de despropósitos, falsedades y malas formas sólo hacen pensar lo peor: se han buscado excusas para acabar con 23 años de televisión local, 13 de ellos como emisora pública. La pregunta es: ¿Quién sale ganando?