Nuevo rumbo en FAES

La elección de una nueva ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor, FAES, encabezada por Rafael Juan, supone ahora mismo un punto de inflexión importante en el asociacionismo empresarial de la comarca.
Sobre todo, porque quien se hará cargo del máximo órgano de representación empresarial es alto directivo de la empresa más potente de La Safor y líder en el sector de repostería industrial en toda España, Dulcesol, por lo que obviamente, es la primera vez que un empresario de sus características ocupa el cargo.
Y no es del todo menor la idea de que frente a la crisis económica que sacude a la economía de la comarca y de media Europa, pueda ponerse al frente de la mayor entidad empresarial un dirigente ya de tiempo vinculado al movimiento asociativo de la empresa.
Los datos del paro, la caída de la actividad general, la falta de financiación bancaria, son algunos de los indicadores generales, por lo demás nada distinto de lo que sucede en otros puntos de España, que apuntalan la creencia de que las cosas no sólo no mejoran sino que la economía continúa deteriorándose.
Frente a esta situación, la nueva conducción de FAES tiene ante sí el reto mayúsculo de encontrar espacios de diálogo lo suficientemente imaginativos como para encontrar un punto de partida que pueda avanzar en la buena dirección.
Obviamente no será tarea fácil, máxime en un sector que no se caracteriza precisamente por su apego al asociacionismo ni a las ideas y acciones conjuntas. Y más aún en circunstancias como las actuales en que cada empresario, por pequeño o grande que sea, está más pendiente de su cuenta de clientes que de cualquier otra cuestión.
Sea como fuere, la oportunidad es de primer orden: una decena de asociaciones de primer grado que van desde el sector turístico hasta la construcción, y sus miembros, necesitan más que nunca de la acción conjunta de todos los empresarios junto con las administraciones y sindicatos, para poner en marcha mecanismos que ayuden a salir del hueco en que parece estar sumida la economía.
Por esto, las expectativas son grandes, pero bastaría una acción decidida en torno a algunas ideas ya en marcha, como el pacto por el empleo, para que todos podamos advertir la decisión de hacer frente a la crisis.
Lo dicho, corren malos tiempos para la lírica, pero ahora más que nunca es necesario oír la voz de los empresarios de la comarca en esta coyuntura. Y de verdad, todos le deseamos suerte.

Gürtel

El PP de Gandia y su portavoz, Arturo Torró, tienen un problema muy serio: el sumario del caso Gürtel desvela una serie de pagos realizados a Orange Market -y admitidos por Torró- a propósito de actos electorales realizados en la capital de la Safor, que han ido a engrosar las cuentas de la trama corrupta a través de la empresa capitaneada en Valencia por ese personaje conocido como “El Bigotes”.
Tanto algunas de las facturas en “A”, como los correspondientes pagarés que han liquidado esas deudas por “servicios prestados”, han sido -es verdad- exhibidos por el PP de Gandia como muestra de que no hay nada que ocultar en tal situación. Lo ha hecho, además, con presteza y acompañados esos documentos de un comunicado donde se expresa que “no hay nada nuevo” en lo ya conocido hasta ahora.
Bien está que así sea, pero los problemas son de otra índole: primera en la diferencia observada por la policía entre el coste de cada uno de esos actos y el total recibido en pago, una cuestión que hace dudar a los investigadores ya que aseguran en el sumario que “se desconoce la justificación contable-administrativa de la diferencia entre las cantidades, así como el posible origen de ese dinero”, y además, según lo explicado por Torró en su día y por el PP en su comunicado de esta misma semana, sólo reflejan pagos relativos a dos actos de 2007, mientras que en el sumario aparecen otros dos de 2008, supuestamente pagados por el portavoz del PP de Gandia que éste niega.
Sea como fuere, la supuesta legalidad de los pagos realizados con factura, como asegura el PP de Gandia, no está clara: básicamente porque lo que se ha pagado son actos electorales de un partido por parte de un particular según expresan los documentos que constan en el sumario, lo que equivale a haber financiado al PP con dinero propio, lo que está expresamente prohibido por la ley. Es decir, se habría cometido una infracción a la Ley Electoral y otro a la Ley de Financiación de Partidos Políticos, lo que podría costarle más de un dolor de cabeza .
En todo caso, todo estaría muy claro si los pagos que se han hecho en “A” (con factura) hubieran sido hechos por el propio partido a la empresa que organizó los actos del PP en Gandia, pero no es así, por lo que ahora, con el secreto sumarial levantado, el interés de los fiscales puede poner en entredicho la actitud de Torró.
Finalmente, entre las cuentas no aclaradas por la trama corrupta, están los apuntes referidos a otros dos actos en Gandia en 2008, uno de los cuales, el mitin central de la campaña electoral para las generales en la Safor, consta con un precio de 30.000 euros, sin que se sepa cómo se financió el mismo ni quién lo pagó finalmente. Eso, y la diferencia en “B” (negro) de todo el resto de facturas. Casi nada.