Plataforma

La crisis desatada en Plataforma de Gandia a raíz de su II Congreso plantea claramente una situación que venía incubándose desde hace tiempo. Nadie ignora que en la práctica, las diferencias entre Fernando Mut y Javier Soldevila tienen un origen cierto: la organización interna del partido y los movimientos producidos en los últimos meses para reeemplazar a personas que habían acompañado al líder de la formación en la “travesía del desierto” tras su defenestración del PP hace casi cuatro años, incorporando a otras cuya virtualidad política se ve, cuando menos, como discutible por parte de los críticos.
Es decir, centrando el tema, no existen en esta crisis elementos que permitan confirmar diferencias de estrategia política respecto del gobierno local, del cual PdG participa como socio minoritario, ni tampoco aquellas que podrían denominarse “ideológicas”.
Por lo tanto, se trata de una cuestión que tiene que resolver, lisa y llanamente, el propio partido, porque es un asunto exclusivamente interno.
Pero no hay que obviar varias cuestiones conexas a esta situación y la primera no es la menos importante: ¿cómo influirá esto en la marcha del gobierno municipal a poco más de cinco meses de las próximas elecciones locales?. En principio, a estar por lo que los principales protagonistas de la crisis, Mut y Soldevila, han dicho, no debería ocurrir nada nuevo ni modificar en todo o en parte lo que hasta ahora ha venido funcionando aceptablemente bien, independientemente de las valoraciones que puedan hacerse sobre la tarea de gobierno. Pero, nadie es tan inocente como para creer que en política las cosas pasan porque sí y que lo que hoy es de un color, mañana pueda ser de otro.
No obstante, la segunda cuestión es también capital: ¿afectará esta crisis las posibilidades electorales de Plataforma? Esa pregunta no tiene respuesta hoy, pero lo bien cierto es que ahora Fernando Mut deberá hacer un esfuerzo superior para seguir contando con el apoyo de un electorado que le permitió obtener dos concejales y un triunfo personal importante. El PP de Gandia, no hay que olvidarlo, sueña con recuperar parte de ese electorado que perdió, no sólo por la presencia de Mut en una candidatura independiente, sino además por el trabajo de las personas que le acompañaban y, todo hay que decirlo, por la pésima gestión electoral realizada por su líder, Arturo Torró.
Sea como fuere, son demasiadas incógnitas las que hay que despejar en los próximos días y no será la menor la “aceptación” de la supuesta renuncia de Soldevila como militante y Secretario General de PdG, una renuncia que éste asegura no haber presentado y que Mut sostiene que le fue comunicada 24 horas antes del congreso.
De ahí que ahora se pida la devolución de acta de concejal a quien no parece que se lo haya siquiera planteado por una simple cuestión de coherencia.

¿Vecinos o políticos?

Que ocho asociaciones de vecinos de la ciudad hayan planteado su malestar con la presidenta de la Federación Local a la que exigen la convocatoria de una asamblea extraordinaria “por incumplimiento de los estatutos de la entidad”, y que lo hagan además en el momento de la celebración anual de la semana vecinal, no es un dato menor. Bien al contrario, es una ofensiva en toda regla provocada precisamente en la fecha más inoportuna, pero a la vez, demuestra un grado de confrontación dentro del ente que hace pensar en la existencia de motivaciones ajenas al mundo vecinal.
Pero también en que algo está fallando, otra vez, en la vida de entidades que en teoría representan a los 80.000 vecinos de la ciudad. Porque entre otras cosas, asociaciones que en el papel representan a una decena de miles de vecinos, no pueden resolver la papeleta con asambleas donde a lo sumo acuden 100 personas, o con afiliaciones que no superan los cuatro centenares de socios.
Es verdad que el bajo compromiso de los ciudadanos con la vida pública común, es el caso sindicatos y partidos, es muy bajo, lo que acaba siendo una rémora para la representatividad esgrimida muchas veces como fundamento para las reivindicaciones más justas.
Otra cosa es lo que periódicamente se observa dentro del movimiento vecinal que, todo hay que decirlo, es objeto de manipulación política por parte de los partidos, pero también porque sus propios dirigentes, en muchos casos, se prestan a este tipo de movimientos porque su aspiración pasa por hacerse un hueco en alguna lista electoral. También los ha habido y los hay que ejercen sin ningún reparo funciones ejecutivas en las asociaciones o en la propia Federación mientras que a la vez son miembros activos de algunos partidos. Y no es que tal actitud pueda parecer indecorosa: sólo lo es cuando de manera poco elegante -por decirlo de algún modo- se utilizan argumentarios partidistas trasladándolos a la vida vecinal.
Esto sin hablar de quienes, no logrados sus objetivos políticos, acaban haciendo de su representatividad un trapicheo de siglas y saltos ideológicos que ruborizarían a cualquier persona con sentido común.
Esta situación no es nueva, demasiados antecedentes existen en la historia reciente de la ciudad, pero está bien claro que no se puede seguir por este camino, que lleva al descrédito del mundo asociativo vecinal.
Por lo pronto, lo que la Federación debe hacer es convocar cuanto antes la asamblea demandada y despejar todas las cuestiones planteadas, so pena de convertir la entidad en un remedo de la política del peor estilo, como se está viendo, lamentablemente en estos tiempos.

Paisaje desolador

Sólo unos pocos datos permiten afirmar que los presupuestos para el 2011 de la Generalitat Valenciana en lo referido a la Safor, que no hay un duro en las arcas de la administración autonómica.
Si se considera que del total de 28 millones de euros dedicados a la comarca, 22 de ellos van directamente a acabar el nuevo hospital comarcal, el resto son “pecata minuta” distribuidos entre varias obras que no acaban de estar claras.
Para empezar, cuestiones tan elementales como la ronda perimetral sur de Tavernes de Valldigna, se quedan fuera sin dotación económica para este año próximo pese a que se viene reclamando desde hace seis. Miles de vehículos tendrán que seguir atravesando diariamente el casco urbano de la tercera ciudad de la comarca con lo que esto significa de padecimiento para los vecinos y los propios ocupantes de coches, camiones y autobuses.
Tampoco se destina un euro a una de las reivindicaciones más señaladas de Oliva, como es el centro de Salud de Sant Francesc, cuando desde hace años la Generalitat ya dispone de los terrenos cedidos por el ayuntamiento.
En el caso de Gandia la cuestión es más flagrante, aún si cabe, ya que del Palacio de Justicia que debía construirse en Santa Anna, no se tienen noticias mientras que el retén de la Policía Local, ante la imposibilidad de desocupar los actuales juzgados, deberá construirse (a cargo del erario local) sobre la actual área de aparcamiento de la zona.
Es evidente que la crisis está pasando factura a las administraciones, que los recortes operan casi más por imposición de la realidad que por decreto del gobierno, pero lo que ya no se entiende es que aún se insista en la realización de “grandes eventos” que como la Fórmula 1 absorben ingentes cantidades de dinero público sin que se vea compensado por algún rédito particular. Para más desazón, el coste de tal evento sigue siendo un secreto por mor de la “confidencialidad” de los contratos firmados, sin que ni las Cortes Valencianas puedan auditar esas cuentas.
Y es que en medio de este panorama, donde se ha llegado a anunciar que la administración de Correos ha suspendido el servicio a la Generalitat por falta de pago, poco o nada más se puede decir.
Simplemente, la Safor se ha quedado un año más sin las inversiones prometidas. Mientras, el Gobierno de España, ha anunciado unos 58 millones de euros para este próximo ejercicio, casi todos ellos en infraestructuras, es decir el doble que el gobierno valenciano, aunque también los recortes han obrado en algunas de ellas, como la variante sur, que languidece con una nueva partida de estudios, aumentada a 300.000 euros por una enmienda del grupo socialista.

Juzgados

La Generalitat Valenciana está incumpliendo la gran mayoría de los compromisos asumidos con la ciudadanía de la Safor, en cuanto a inversiones y servicios se refiere. No de otro modo puede juzgarse lo que esta misma semana se ha sabido de las inversiones previstas por el gobierno autonómico para el ejercicio de 2011, cuyo recorte es, simplemente, escandaloso.
Y en esa línea, más allá de la “desinversión” en infraestructuras viales, salta notoriamente el tema de la justicia, con el abandono del proyecto del traslado de los juzgados de Gandia a la zona de Santa Anna al denominado Palacio de Justicia y, por no ser menos, la no dotación del nuevo juzgado, el sexto de primera instancia, creado por el Ministerio de Justicia.
Los propios sindicatos han denunciado esta situación, advirtiendo que el 30 de diciembre próximo, no existirá tal dependencia por falta de locales y de personal adscripto al mismo, lo que agravará aún más la situación de saturación de la justicia en la comarca.
Pero hay más: según fuentes de los juzgados de Gandia, la situación ha llegado al punto de que no existe saldo en la partida de gastos generales, por lo que en las próximas semanas no habrá ni papel para trabajar. Se cuenta ya con la advertencia de que una vez se agoten las existencias de útiles de trabajo tan esenciales y elementales como bolígrafos, toner de impresoras, etc, no serán repuestos, por lo que ya se puede avizorar un panorama especialmente catastrófico: los juzgados de Gandia no podrán funcionar por falta de estos materiales.
Y, mientras tanto, la Consellera de Justicia, en su última visita a los juzgados de la capital de la Safor acudió con una comitiva que ocupaba cuatro coches de alta gama, que permanecieron todo el tiempo de la visita en marcha, para que el aire acondicionado continuara refrigerando los vehículos...
Es obvio que la crisis obliga a muchos recortes y, sin entrar en más detalles, habrá que puntualizar que la Comunidad Valenciana es la más endeudada de España, que sus bonos de deuda se han colocado a los precios más altos del mercado por la baja confianza existente en su cumplimiento, y que eso también, seguimos empeñados en ofrecer grandes fastos de costes multimillonarios sin que nadie haya podido probar un retorno por lo menos equivalente al dinero público gastado en ellos.
Sin ir más lejos, el coste de la visita papal a Valencia, duplica como mínimo, el coste que tiene, este mismo fin de semana, la llegada de Benedicto XVI a Santiago de Compostela y Barcelona. Eso sí, allí no hay intermediarios de la trama Gürtel para aumentar el precio de las cosas. Y así nos va.