Emoleo

Que por encima de cualquier otra preocupación ciudadana se encuentra el desempleo, no tiene duda. Como tampoco la tiene el hecho de que tal y como van las cosas, la economía mundial no parece que apunte en el sentido de parar la sangría que se está produciendo, y más aún en España, donde la “burbuja” financiera ha arrastrado tras de sí a los dos sectores que apuntalaban el crecimiento económico de los últimos diez años: construcción y consumo interno.
Por lo tanto, las únicas herramientas de uso inmediato, al alcance sólo de las administraciones públicas, son la creación de puestos de trabajo partiendo de fuertes inversiones destinadas a promover empleo aún a costa de un mayor endeudamiento o déficit público.
En el caso de esta comarca la justificación de semejante política es aún mayor, a poco que se consideren los datos de la Contabilidad Regional de España, que atribuye a la Comunidad Valenciana un crecimiento durante 2008 por debajo de la mitad del conjunto del país (0,5% contra 1,2%) cuando ya la economía apuntaba a la recesión. Otros datos, como los del paro, dicen a las claras que Valencia está muy encima de la media nacional de la destrucción de empleo.
Para ser solamente comparativos, mientras la economía del País Vasco creció un 2,8%, Navarra un 1,9%, Extremadura el 1,8%, o Murcia el 1,5%, por citar sólo algunas comunidades, la nuestra es el furgón de cola de toda España porque simplemente, el impacto de la construcción desaforada, ha sido más explosivo que en ningún otro. Se acabaron los tiempos de los cantos triunfales del Presidente Camps cuando presumía de crecer más que la media nacional y europea y, a la vez, atribuyéndose todo el mérito de aquella etapa. Seguramente ha llegado el momento de que asuma también la contracara de la vorágine de aquel crecimiento con pies de barro, al que se suma el mayor endeudamiento por habitante de todo el entorno autonómico.
Y esto último no como consecuencia de inversiones públicas de calado social o de clara repercusión económica. Ya no basta el discurso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, o Terra Mítica, ambos agujeros negros cuya “hambre” de recursos públicos ha llevado al oscurantismo total en un caso y casi a la quiebra en el otro.
En tres semanas comenzará a operar el “Plan Zapatero” en toda la comarca, según explicaba el Delegado del Gobierno, Ricardo Paralta, con inversiones que suponen más de 31 millones de euros, mientras ayuntamientos como el de Gandia pretenden invertir casi 160 millones de euros en los próximos dos años.
Por lo que decíamos al principio de este comentario: ¿dónde están los fondos del anunciado (a bombo y platillo) “Plan Camps”?. Ni se sabe.

Humo y Plan Camps

La publicación del decreto ley de la Generalitat Valenciana por el que se regulan las ayudas del Plan Especial de a la Inversión Productiva en los Municipios, aprobado por el Consell del pasado viernes. Se trata del famoso “Plan Camps”, cuyo anuncio se hizo en diciembre pasado tras las fuertes críticas del PP al “Plan Zapatero”, pero en definitiva no es más que un remedo de éste.
Lo que en principio parecía una buena idea para promover empleo y procurar un impulso económico se ha transformado en un documento que no deja lugar a dudas de sus intenciones: servir de “paraguas” publicitario para obrar desde la entelequia de las promesas, sin plazos para el pago, ni asegurando su concreción, ni siquiera dejando a los ayuntamientos que sean éstos quienes decidan qué obras financiar por el mismo, llegando al extremo de que en el caso de las ciudades con más de 10.000 habitantes, ni siquiera puedan controlar las obras, ya que será la Generalitat quien se arrogue el papel de contratar directamente a través de sus órganos y empresas públicas.
De este modo, tampoco se dice nada de fomentar el empleo de trabajadores en el paro, cuando la Comunidad Valenciana es la tercera más afectada de toda España, con índices de desocupación brutales, ni siquiera se apunta formalmente la famosa cantidad de 203 euros por habitante que se había prometido.
Para más complicación, el plan otorga 60 días a los ayuntamientos para presentar propuestas y en todo caso será la propia Generalitat quien elija qué obras incluir en cada caso y, además, será quien realice los proyectos de cada una de ellas.
Esto, no hace falta ni imaginarlo siquiera, producirá un bloqueo de gestión que, a la vista de como cumple el gobierno Camps el plazo de las obras que anuncia, será memorable.
Y es que para más inconvenientes, el decreto ley señala que las obras se realizarán “hasta el 2011” y punto, sin precisar fechas. Aún peor: ni siquiera se dice de dónde saldrán los 1.020 millones de euros en que se ha cifrado el coste total del proyecto, fiándolo al “ahorro del gasto” y un “incremento de la financiación”.
Si es por lo primero, habrá que apuntar que poco se puede creer de tal afirmación cuando la Comunidad Valenciana es la de mayor endeudamiento por habitante de toda España y, si es por lo segundo, en realidad lo que se está diciendo es que todo dependerá del acuerdo con el Gobierno de Zapatero respecto al aumento de la financiación por mayor población.
O sea, mucho nos tememos que sea cual sea la resolución final del tema de mayores ingresos del Estado, se echarán las culpas al gobierno central.
A diferencia del Plan E, de Zapatero, cuyas obras están licitándose ya en todos los ayuntamientos de España, tres meses después de su anuncio, en este caso, el Plan Camps, es todo humo.